Cuando compartir es un delito

El significado del concepto “delito” varía, dependiendo de qué clase social esté hablando. Para los humanistas, delito es la transgresión de una ley, y las leyes son normas para facilitar la convivencia de la gente respetando la diversidad y los derechos de todas. Por ejemplo, el homicidio es un delito porque atenta contra la vida humana y, si se permitiera el libre asesinato, la supervivencia misma de la humanidad estaría en riesgo.

Distinto es el concepto de “delito” que tienen aquellos que dedican su vida a acumular riquezas y poder, pasando por encima del resto de la gente. Por ejemplo, para las empresas disqueras es un delito compartir la música, y por eso han sometido a juicio (amañado, por supuesto) a Jammie Thomas-Rasset, quien deberá pagar 1,4 millones de euros a seis disqueras por haber bajado y compartido música con sus amigos; multa millonaria que, por supuesto, no puede pagar porque no es rica. Lo mismo ocurre con el genio Pablo Soto que desarrolló el P2P, programa de computador que permite que la gente se baje música de la red y la comparta. La verdad es que todos los que han creado y lanzado a la red herramientas que faciliten a la gente disfrutar de las artes han recibido demandas por parte de las transnacionales disqueras y cinematográficas que, generalmente, tienen comprado al juez, a los fiscales y a la prensa.

Análoga, y más grave, es la situación que vive el pueblo de Honduras, cuyo Presidente, Miguel Zelaya, quiso consultar al pueblo sobre si quería ser consultado, en un proceso llamado la cuarta urna para las elecciones del próximo mes de noviembre. El presidente centroamericano se planteaba la necesidad de una constituyente para iniciar cambios de fondo en el hermano país, y había iniciado los trámites para hacerlo con todas las de la ley.

Pero los oligarcas que siempre oprimieron al pueblo de Honduras, con las rodillas llenas de callos de tanto arrodillarse ante el imperialismo, crearon una ley para impedir la consulta y la promulgaron. Por otro lado, el presidente Zelaya había recibido centenares de miles de cartas solicitando la consulta y, para cumplirle al pueblo, quiso hacer de todas maneras la consulta, a la cual los jueces, el congreso y el alto mando militar, de la más rancia oligarquía, se oponían.

Eso fue utilizado como justificación para dar un golpe de Estado y desatar contra el pueblo una represión que al parecer ya tiene un saldo de muertos y desaparecidos del pueblo hondureño que, frente al palacio presidencial, desafía al ilegítimo gobierno gorila y exige que vuelva el presidente que ellos eligieron, Mel Zelaya, quien fue expatriado por la fuerza el domingo de madrugada.

Es el mismo esquema. Los oligarcas hacen las leyes a su medida, quitan y ponen jueces y hasta parlamentarios y eso durará mientras permanezca el actual sistema jurídico, creado hasta la última coma para legitimar los privilegios de una burguesía parasitaria y para despojar a la clase trabajadora hasta de su más mínimo derecho.

Está demostrado que, sin una constituyente y una nueva Carta Magna, no es posible una verdadera transformación social en ningún país. Parece, que con la única neurona que tienen, los oligarcas hondureños lo entendieron y, viendo que se les pueden caer los privilegios y el pueblo por fin podría llegar a comer completo, aplican la doctrina llamada “de seguridad nacional”, militares contra el pueblo, para mantenerlo oprimido y seguir chupándole la sangre como están acostumbrados.

Corresponde a los pueblos (sobre todo en este momento, cuando la correlación de fuerzas no cesa de moverse hacia la izquierda) transformar a fondo todo el sistema jurídico para crear nuevas estructuras judiciales y tribunales, donde debe estar gente revolucionaria, para evitar que en el futuro se continúe oprimiendo a los pueblos en nombre de la ley.


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Andrea Coa


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