Ya la ira capitalista ya se lanzó con fuerza en contra de los gobiernos legítimos de Venezuela, Bolivia, Argentina y Ecuador (para referirnos a los acontecimientos de más de una década); ahora arremeten contra el gobierno revolucionario de Honduras. Utilizan para ello, a los más fieles discípulos de la Escuela de las Américas, donde el entrenamiento no sólo es militar sino también ideológico; así como también, se apoyan en las clases oligárquicas apátridas que se han aprovechado de los recursos de su país, y de la dignidad de sus compatriotas para enriquecerse cada vez más a costa de la venta de su suelo patrio. Se pretende impedir, como intentaron en Venezuela, Bolivia y Ecuador, que se realice el soberanísimo acto de convocar al poder originario del pueblo hondureño para rediseñar su estructura y superestructura estatal. Para impedirlo y justificar la violencia, arguyen la misma razón absurda: que el llamado a una Asamblea Constituyente no tiene asidero en la Constitución de Honduras. Este argumento ya fue derrotado legal y doctrinariamente en los países mencionados, ya que está reconocido en la doctrina jurídica más avanzada, que al igual que los derechos humanos no requieren de reconocimiento expreso de ningún cuerpo legal para tener vigencia y efectividad en cualquier sistema jurídico mundial, la autodeterminación de los pueblos es un derecho natural de toda nación para elegir libre y soberanamente el rumbo que quieren tomar de manera democrática y por voluntad popular. Ningún poder constituido puede estar por encima de la voluntad nacional expresada a través de mecanismos democráticos y sin coacción de ninguna naturaleza.
Ya ha sido abolida en la jurisprudencia y la doctrina, la dicotomía de constituyentes originarias y constituyentes derivadas, ya que la refundación de un país siempre será un acto originario. En ese momento cesan todos los poderes constituidos para dar paso a la construcción libérrima de una nuevo proyecto de país. Esto no se puede seguir confundiendo con actos legislativos de reformas constitucionales; incluso, dentro del marco de las democracias representativas.
Al igual que Venezuela, Bolivia y Ecuador, el pueblo hondureño tiene el derecho absoluto de cambiar el rumbo de su historia, en busca de una sociedad de igualdad social y de justicia.
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