El Senador cubano-americano Melquíades “Mel” Martínez que siempre pretendió dar lecciones de derechos humanos a Cuba, intervino en Madrid para presionar la Audiencia Nacional española y poner fin a los procedimientos en la causa por el uso generalizado de la tortura en el campo de concentración de Guantánamo, revelaron las últimas filtraciones de Wikileaks.
Con el total apoyo del entonces Embajador US en Madrid, el también cubanoamericano Eduardo Aguirre, Martínez advirtió el día 15 de abril de 2009 al entonces secretario de Estado Ángel Lossada que el proceso judicial “no sería entendida ni aceptada en EE UU y que tendría un enorme impacto en las relaciones bilaterales” (informe “confidencial” del 17 de abril de 2009).
Dos días después de esa entrevista, el fiscal general declaró públicamente que la causa abierta era “fraudulenta”.
El ex senador Mártinez está identificado al Cuban Liberty Council, una organización mafiosa de Miami constituida por ex directivos de la terrorista Fundación Nacional Cubano Americana. En varias oportunidades se ha expresado con complacencia acerca de acciones terroristas contra Cuba.
En el momento de la invasión a Irak, Martínez fue entre los únicos políticos en el mundo en aplaudir la ocupación de esta nación y en el 2009 apoyó con fervor el golpe de Estado en Honduras, al lado de su amiga la congresista de ultraderecha Ileana Ros-Lehtinen,.
El 16 de noviembre del 2005, Aguirre había afirmado descaradamente a la prensa española que "no tenía constancia" de que aviones de la CIA hayan utilizado aeropuertos de España para trasladar detenidos sospechosos de terrorismo.
El ex agente de la CIA y terrorista internacional Luis Posada Carriles entró ilegalmente en EE.UU. en 2005 y logró mantenerse en suelo norteamericano hasta hoy, mientras Aguirre era Jefe del Servicio de Inmigración de esta nación. Aguirre tuvo que abandonar el cargo dejándo el servicio paralizado con unos 8 millones de residentes con visas caducas.
“IMORTANTES RECURSOS” PARA ENTORPECER LA JUSTICIA
“La Embajada de Estados Unidos en Madrid ha desplegado en los últimos años importantes recursos para frenar o boicotear las causas judiciales abiertas en España contra políticos y militares estadounidenses presuntamente involucrados en casos de torturas en Guantánamo, crímenes de guerra en Irak o secuestros en los vuelos de la CIA,” comenta el diario español El Pañis, que maneja los documentos con cuatro otras publicaciones internacionales.
Según lo publicado, el embajador Aguirre ha dirigido personalmente muchas de las presiones, a menudo groseras, ejercidas sobre el Gobierno español o las autoridades judiciales españolas.
Los informes secretos confirman que EE UU contó con la complicidad de numerosos altos funcionarios españoles, entre ellos el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y varios fiscales de la Audiencia Nacional, incluyendo su jefe, Javier Zaragoza.
“Se me está acabando la paciencia ante los comentarios tan desleales del PSOE y sus aliados sobre EE UU”, advirtió Aguirre el 21 de marzo de 2007 a Carles Casajuana, entonces el principal asesor diplomático en La Moncloa y hoy embajador en Londres.
El día 20, se había propúesto en la prensa una investigación judicial sobre la guerra en Iraq. Organización del PSOE, se había sumado a la idea -”alguien tiene que pagar las consecuencias de esa decisión y de ese horror”. El segundo de Aguirre recibió entonces la orden de transmitir al dirigente socialista un “aviso” del descontento de Washington.
En varios casos judiciales ha habido colusión de fiscales españoles con la embajada. A menudo informan de que pedirán el archivo de las causas, como hizo el fiscal Zaragoza el 14 de mayo de 2007 para alertar al consejero político que se había opuesto, bajo orientación de Aguirre, al procesamiento de tres militares estadounidenses acusados de la muerte del camarógrafo Javier Couso dictado dos semanas antes.
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