Estrategia Nacional sobre Bosques

La mejor contribución de Venezuela en el día internacional de los bosques, 21 03 2022, es legislar para detener la deforestación para el 2030 a más tardar.

Venezuela ha destruido 12 millones de hectáreas de bosques naturales, ricos en biodiversidad, en los últimos 40 años.

La deforestación continúa a una tasa de 127.000 hectáreas por año, promedio anual 2010-2020 (FAO FRA/SWF 2021), un crimen propiciado principalmente por intereses privados para explotar maderas y ampliar la superficie agro-pecuaria, con la complicidad de funcionarios de turno.

 

Más del 90% de la cobertura forestal de Venezuela corresponde a bosques tropicales naturales : 46,5 millones de hectáreas, aproximadamente la mitad de la superficie del país.

La deforestación en Venezuela beneficia principalmente a un minúsculo grupo de empresarios, ganaderos y agricultores en su mayoría, siendo parte de un mecanismo perverso para transferir la propiedad de la tierra del sector público al privado.

La tasa de destrucción de bosques naturales en Venezuela es totalmente injustificada. Es normalmente la principal causa de inundaciones, sequías y desabastecimiento de agua. La destrucción de bosques arrasa también con la biodiversidad, uno de los principales patrimonios del país. Venezuela es el octavo país mas rico en biodiversidad del planeta, vinculada especialmente a sus bosques naturales.

La deforestación implica además la emisión de aproximadamente 70 millones de toneladas de CO2 anuales a la atmosfera, sólo por concepto de biomasa aérea y tomando en consideración que las tierras deforestadas normalmente han sido previamente intervenidas y degradadas.

La deforestación también es fuente de otros gases de efecto invernadero, como metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), así como de emisiones adicionales de CO2 por los suelos expuestos a la radiación solar tras la eliminación de la cobertura forestal.

La mayor parte de la deforestación se debe a la expansión de la frontera agro-pecuaria, por lo que normalmente pierde de forma permanente su condición boscosa. Otras zonas son deforestadas por la actividad minera, la explotación forestal, la expansión de zonas pobladas o la construcción de infraestructura.

Las emisiones de CO2 provenientes de la degradación de bosques es una variable normalmente ignorada, a pesar de su significativa contribución a las emisiones de CO2 del sector forestal. En Venezuela, un territorio boscoso puede perder hasta el 80% de su biomasa forestal sin que tal destrucción sea incluida en las estadísticas de deforestación, ni en la contabilidad de emisiones de CO2. Sólo cuando la destrucción es extrema y la cobertura forestal se reduce a menos del 10% del territorio, es que se contabiliza como área deforestada. De esta manera se encubre tanto una masiva degradación de los bosques del país, como su significativo aporte a las emisiones nacionales de CO2.

La administración forestal en Venezuela ha sido degradada a tal extremo que enormes territorios que hoy son potreros, pastizales y tierras de cultivo, bajo propiedad privada, continúan siendo incluidos en las estadísticas nacionales como bosques naturales propiedad de la nación. Ejemplos abundan, aunque los más vergonzosos son los relacionados con las reservas forestales del país.

Por ejemplo, la reserva forestal de Turén, en el estado Portuguesa, excepcionalmente rica en biodiversidad, tanto vegetal como animal, originalmente con 116.400 hectáreas de selvas espectaculares, ricas además en Caoba, Cedro entre otras maderas valiosas, fue totalmente destruida. Solo quedan minúsculos reductos que, juntos, suman el 5% de la superficie boscosa original. Hoy son tierras privadas. Sin embargo, el gobierno continúa inexplicablemente contabilizándola como reserva forestal y bosque natural en su extensión original (MinEc – Anuario Estadístico Forestal 2018, el más reciente disponible hasta la fecha)

Lo mismo ocurre con las reservas forestales de Caparo (174.400 ha), Ticoporo (187.200 ha), San Camilo (97.100 ha) y Guarapiche (370.000 ha), entre otros territorios boscosos saqueados, destruidos y expropiados al país en los últimos 40 años.

Los bosques originales de todas estas reservas forestales han sido destruidos en mas de un 85%. Los remanentes son patéticas manchas boscosas, intervenidas y degradas. En Ticoporo se persiguió, en cacería, hasta el último mono que sobrevivía. En Caparo apenas sobrevive un pedazo entregado a la Universidad de Los Andes en comodato, apenas 7.000 ha, bajo constante asedio por las mafias de la tierra, en contubernio con militares, paramilitares y narcotraficantes.

En Venezuela, las figuras jurídicas de reserva forestal y lote boscoso se refieren a bosques delimitados para la explotación maderera con fines industriales. Más de 13 millones de hectáreas de majestuosas selvas naturales fueron delimitadas para tal fin cuando se repartió el país en la década de los 60. Cerca de 4 millones de hectáreas fueron entregadas a empresas privadas para la explotación sostenible, de acuerdo con directrices técnicas y jurídicas impuestas por el Estado para garantizar su permanencia como recurso natural propiedad de la nación, más un flujo permanente de bienes y servicios.

En teoría.

En la práctica, la dura realidad es un insulto a la nación y a la profesión forestal. Los majestuosos bosques entregados en concesión fueron explotados como si fuesen minas, literalmente saqueados para enriquecer a un minúsculo grupo de empresarios y políticos, con la complicidad de burócratas gubernamentales de turno. El manejo forestal sostenible ha sido más un mito que una realidad. Las tierras entregadas en concesión a empresarios son hoy potreros en propiedad privada.

El 80% de los bosques remanentes se encuentran al sur del Orinoco. En la mitad norte del país, donde vive cerca del 90% de la población, apenas cubren una quinta parte de la superficie (20%); se encuentran además fraccionados y severamente degradados.

Una de las consecuencias es el desabastecimiento de agua que acosa a gran parte de la población nacional, agravado por el deterioro de las redes de distribución. La destrucción del patrimonio forestal es una de las principales causas del desequilibrio ecológico del país, corroe las garantías de un desarrollo económico sostenible, y compromete la seguridad y el bienestar de generaciones futuras.

Los bosques de Venezuela constituyen un recurso estratégico, que podría contribuir significativamente al desarrollo nacional, sin comprometer la seguridad o el bienestar de generaciones futuras. Son necesarios para garantizar la estabilidad ecológica del país, y por lo tanto para impulsar un desarrollo económico y social sostenible en el tiempo.

Venezuela es uno de los países de mayor riqueza en biodiversidad del mundo, cuya base genética es de incomparable valor médico, químico, industrial y estratégico, tanto para el país como para el resto del mundo. Aquí se encuentra el 15% de las especies de aves del planeta; más especies de mamíferos de los que se encuentran en toda Africa al sur del desierto del Sahara; más especies de plantas de las que se encuentran en Estados Unidos y Canadá juntos; más especies de árboles y peces que en toda Europa.

La mayor parte de esta riqueza se encuentra relacionada con los bosques del país. Estos a la vez son fuente de agua, alimentos, oxígeno, fibras, maderas, minerales, medicinas, recursos genéticos, resinas, aceites, alcaloides, materiales de construcción y otros productos. Manejados adecuadamente podrían convertirse en un significativo componente del desarrollo nacional.

Es necesario definir una estrategia para la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales nacionales. Es necesario evitar que el desarrollo lleve implícito la destrucción del patrimonio forestal y genético de la nación. Es también necesario que el sector forestal contribuya de manera decidida y significativa al progreso económico y social, a la generación de empleo, al desarrollo de actividades productivas, rentables y competitivas; a la exportación de nuevos productos a los mercados internacionales; al establecimiento de una base productiva sostenible en el tiempo.

El sector forestal puede y debe hacer su aporte al establecimiento de modelos sostenibles de progreso. Para que pueda convertirse en uno de los principales componente del desarrollo nacional, es necesario un consenso, amplio y participativo, sobre las políticas que han de regir su desenvolvimiento a largo plazo. Estas políticas deben a su vez estar basadas en sólidos criterios técnicos, económicos, sociales y ambientales, con el fin de asegurar que la contribución del sector al desarrollo nacional sea sostenible en el tiempo.

Una política destinada a la conservación del patrimonio forestal del país tiene que venir acompañada del establecimiento de plantaciones para la producción industrial de madera y productos derivados de la madera; madera aserrada, chapas, contrachapado, tableros de fibra y de partículas, papeles y cartones, bioenergía y productos químicos, con el fin de suplir el mercado nacional y generar excedentes para la exportación.

La inversión necesaria para impulsar una estrategia de esta naturaleza es de aproximadamente 6.000 millones de dólares en plantaciones e infraestructura industrial en los próximos 20 años. El valor sostenible de la producción superaría los 2.300 millones de dólares anuales a precios actuales. El financiamiento para impulsar estrategias de esta naturaleza se encuentra disponible en el marco del Acuerdo de París sobre el calentamiento global.

La propuesta ante el Fondo Verde del Acuerdo de París puede sustentarse sobre tres bases principales:

  1. Detener la deforestación para el 2030 a más tardar.
  2. Suspender la explotación de maderas de bosques naturales para el 2040 a mas tardar.
  3. Establecer 500.000 hectáreas de plantaciones industriales en 20 años, para la producción de maderas y productos derivados. Plantaciones para la producción industrial de maderas de alto valor comercial (400.000 ha). Plantaciones para la producción de fibras y partículas (100.000 ha). Las primeras priorizando especies de alto valor, como Teca, Cedro, Caoba, Pardillo, Saqui-Saqui y Algarrobo. Las segundas priorizando especies como Eucalipto, Gmelina, Acacias y Pinos.


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Julio César Centeno

Ingeniero; estudios de maestría y doctorado en la Universidad de California. Profesor de la Universidad de los Andes. Director Ejecutivo del Instituto Forestal Latino Americano. Vicepresidente de la Fundación TROPENBOS, Holanda.

 jc-centeno@outlook.com

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