En octubre del año 2010 una red muy amplia de organizaciones sociales de unos 40 países lanzaron la Declaración Mundial Desalojo Cero, en oposición a la celebración del Día Mundial del Habitat de las Naciones Unidas. La Alianza Internacional de Habitantes sin vivienda decente, en la que activan unos 340 movimientos dedicados a este tema sostienen un programa mundial bajo el nombre "New Deal Verde" para solucionar la crisis urgente de casi mil millones de personas arrojadas a la indigencia habitacional por la expansión de los negocios capitalistas globales. Una de las reivindicaciones es que parte de la deuda externa se convierta en fondo social de construcción de viviendas sociales.

Esta red de organizaciones denuncia la ilegalidad de los desalojos y la hipocresía de la ONU frente a ellos, al dedicarse a celebraciones internacionales por hábitat que no arrojan ninguna solución estructural a la silenciosa crisis de la vivienda en el mundo.

Se calcula que al ritmo actual de la crisis habitacional, en 2020, los 900 millones de afectados de hoy, se habrán transformado en 1.700, o sea casi el doble en apenas una década, un verdadero desastre humano.

Las cifras del desastre capitalista mundial

Que más de 900 millones de personas no tengan vivienda segura en este planeta, significa uno de los fenómenos sociales más crónicos, aunque silencioso, de nuestro tiempo. América latina vio crecer este déficit de vivienda desde 1982 y ya afecta a 28 milllones de familias. Por su población, China registra la escala de mayor impacto, pero desde 2008 en los Estados Unidos unas 207 mil familias pierden su vivienda cada 12 meses.

De esto se sabe sólo cuando hay muertos en una ocupación, por alguna guerra o bajo un desastre natural. Cuando ocurrieron los hechos violentos en Villa Lugano en enero de 2011, al oeste de Buenos Aires, la revista latinoamericana de la Cámara de la Construcción de Colombia, tituló “Argentina está de moda por problema de vivienda”. La misma visión limitada se manifestó, en tiempos recientes, tras los resultados catastróficos de los terremotos de Haití y Chile, o de los deslaves en Venezuela y Brasil desde mediados de 2010.

El déficit habitacional en Argentina es de 2,4 millones, mientras que en México se requiere la construcción de más de 7,5 millones de viviendas para el doble de población. En Brasil deberían construirse algo más de 10 millones de unidades habitacionales en cinco años si se quisiera resolver el asunto en la actual generación, evitando el acumulado que producirá la próxima.

Colombia presenta la mayor crisis humanitaria de vivienda en la región si la medimos por sus peculiaridades. Es el único país del continente donde la violencia militar y el desplazamiento forzoso se combinan con la miseria, que es el dato común a nivel mundial.
Venezuela tiene el déficit per cápita de vivienda acumulado más alto de América latina. Según el Registro Nacional de la Gran Misión Vivienda Venezuela, un programa especial del Estado bolivariano, el llamado “déficit histórico de hogares sin techo” en el país llega a unos tres millones, para un país de casi treinta. Un estudio del Instituto de Altos Estudios de Administración de Caracas (Iesa) graficó una tabla comparativa para medir las viviendas faltantes por cada mil habitantes. El resultado es que en el país petrolero, la brecha deficitaria es de casi 78 viviendas por cada 1.000 personas, un déficit acumulado en el camino de tres décadas.

Este Informe registra que en Chile el déficit es relativamente bajo en términos proporcionales, de apenas 35 viviendas por cada 1.000 habitantes. En Colombia faltan 42 unidades por cada mil habitantes, en México asciende a 60 viviendas sin construir cada mil mexicanos, seguido de Argentina donde la relación indica que se necesitan 65 casas sobre cada 1.000 pobladores.

Quién gasta más en vivienda?

Revisando los programas estatales de vivienda en 12 países intermedios –los de Unasur más México–, se destaca un dato curioso. Venezuela es el único Estado que aplica un plan nacional centralizado de construcción. Se opera a través de la Gran Misión Vivienda, cuyo presupuesto actual supera el 4% del PBI, se apoya en la experticia técnica y operativa de cinco Estados y aspira a construir tres millones de viviendas en cinco años.

El promedio regional gastado en viviendas populares entre 2002 y 2010, no pasó del 1,4 del PBI. Chile, el mejor parado en la estadística del Iesa, sin embargo revela la voluntad de construcción más regresiva, menos dinámica, del continente: apenas el 0,28% de los recursos públicos centrales son aplicados a la construcción de viviendas populares, contra 1,85% de Argentina, según fuentes de la Cepal.
Europa y Medio Oriente no se salvan. Los informes periodísticos sobre las revueltas y movilizaciones en Europa, Túnez, Egipto, Siria, Libia, Argelia e Israel, muestran que el precio de la vivienda, la renta especulativa inmobiliaria y la caída de inversiones estatales en vivienda, desde 1999, son algunos de los componentes del malestar social. Una Conferencia de Alcaldes de los Estados Unidos informó en octubre de 2010 que el déficit habitacional aumentó en 9% para 26 ciudades. En la opulenta Unión Europea, el total de habitantes que quedaron “sin hogar seguro” entre 1999 y 2010 suman 4,5 millones de personas, según el Relatorio de una comisión de la ONU.
Esta compleja realidad y su magnitud social, potenciado por la crisis financiera de 2008, las burbujas inmobiliarias, etcétera, quizás explique que al día de hoy casi 350 organizaciones sociales se dedican en 40 países del mundo a la defensa de los “sin techo”, sea por desalojo judicial, acción policial o por conflictos.

Causas

Entre las cinco causas detectadas por las organizaciones que se dedican a la defensa de los habitantes sin vivienda, o que las han perdido por causas violentas o judiciales, el desalojo es una de las principales.

En el siguiente cuadro elaborado por el Centro de Derecho a la Vivienda Contra el Desalojo, una entidad radicada en Suiza, se sabe que en 2006 hubo más de 146 mil desalojos en apenas 15 países de América latina. Esta cantidad se incrementó en casi dos mil casos al siguiente año, según el informe Forced Evictions, de COHRE, 2008.

Desalojos ocurridos en América Latina – Mayo 2004-2006

PAIS	Nº DE AFECTADOS
Argentina	3711
Bolivia	1830
Brasil	70637
Colombia	500
Costa Rica	448
Cuba	19
El Salvador	276
Guatemala	4726
México	10374
Nicaragua	2000
Paraguay	824
Perú	42728
Puerto Rico	644
República Dominicana	1430
Venezuela	6848
TOTAL	146995

Desalojos ocurridos en América Latina – Mayo 2004-2006 – * El monitoreo de desalojos hecho por COHRE no es exhaustivo sino ejemplificativo – * Para cada familia se consideró 4 personas

Además del desalojo como la causa más dinámica, se deben registrar con peso específico devastador, las guerras, los conflictos armados (por insurgencia guerrillera, tribalismo, etc.) la pobreza y el desempleo que conlleva la pérdida de la casa o la capacidad de pagar alquiler, las migraciones forzadas por violencia o desastres naturales y una de las más notorias en los tiempos de globalización de los mercados: la llamada “modernización”. Por cada desarrollo de inversiones comerciales (hipermercados, schopings, megaminería, centros urbanos, presas hidroeléctricas, plantas, etc) se producen decenas de miles de desalojados.

En Brasil surgió en los años 2000 una organización nacional de lucha con centenas de miles de miembros, dedicada a defender a los afectados por las represas hidroeléctricas. Una nueva expresión social para un nuevo problema de expansión del capitalismo.

La lucha por la vivienda ha producido dos realidades imprevistas una década atrás. La primera, que la propias Naciones Unidas reconozca (como si esto fuera necesario para que sea verdad) que la vivienda es un derecho humano básico como cualquier otro y la haya incluido en las Metas del Milenio en 2000 en Río de Janeiro. Cada año, la ONU envía Comisiones a distintos países que vuelven a los pocos meses con Relatorios e Informes, que sirven para nutrir los discursos de burócratas del organismo, y al mismo tiempo son aprovechados por las consultoras de inversión y las Cámaras empresarias, para convertirlos proyectos de negocios privados. El resultado es un incremento de la crisis de la vivienda. La razón es simple. Los datos “de mercado” que resultan de los Relatorios de la ONU son usados para inversiones concentradas que aumentan el monopolio de la propiedad de la tierra urbana, el marcaje de los precios inmobiliarios y los materiales de construcción.

La segunda realidad es la que trasciende. Los más de 300 movimientos, agrupaciones y organizaciones sociales que se dedican a luchar por el derecho a la vivienda social, se han constituido en uno de los factores más importantes de la lucha social contemporánea. Aunque se sepa poco de ello, tienen una fuerza social similar a la de Via Campesina, entre otros. En Venezuela, por ejemplo, donde no existía nada parecido, desde el año 2009 se formó el Movimiento de Inquilinos y Pobladores Urbanos con cientos de miles de personas activiadas por el derecho a la vivienda, y desde el año 2003 funcionan los Comités de Tierras Urbanas dedicados a rescatar el derecho a tenencia de propiedad para trabajadores.

Este fenómeno social se debe a que el déficit habitacional involucra a una masa gigantesca de personas, en cada país por separado y en el mundo.

También responde a una particularidad. El derecho a la vivienda contiene varios derechos al mismo tiempo. Y esto no es común.

Tiene dos sujetos sociales, la familia y la mujer en el centro de ella y de la vivienda. Hablar de vivienda es referirse al derecho al agua potable, a la renta de la tierra, a los derechos de los niños, al derecho de titularidad urbana, entre otros, impactados por la ausencia de vivienda o su violación judicial o policial.

Como pocos derechos, el de la vivienda decente contiene tantos que por muy silenciosa que sea esta lucha social, es quizá, uno de los gritos más desgarradores de nuestro tiempo.