La concurrencia de Colombia, al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), el pasado jueves 22 de julio, debe ser vista en un contexto que va más allá de una postura concentrada en la figura de Uribe. No se trata acá de decir que nuestro gobierno debe ignorar el pasado del presidente colombiano, ligado a procesos de violación de derechos humanos o al tráfico ilegal de estupefacientes. Se trata de entender que Uribe está articulado con los lineamientos que surgen del denominado Proyect for New American Century (PNAC), construido a partir de tres supuestos, por un conjunto de actores políticos en los EEUU. Personajes como Dick Cheeny (exvicepresidente de los EEUU), Paúl Wolfowitz (expresidente del Banco Mundial), Jed Bush (Gobernador de Florida y hermano de George W. Bush), plantearon un plan centrado en los siguientes aspectos: 1) mantener el dominio y control de los EEUU, tanto sobre sus aliados (Inglaterra, Francia, Alemania, Japón) como sobre sus enemigos históricos en la 2da mitad del siglo XX (Rusia y China, principalmente); 2) extender las formas y procesos de la democracia liberal, disminuyendo la presencia de sistemas políticos distintos y amenazantes a sus intereses, valores y principios y 3) reducir la dependencia del suministro extranjero de petróleo y sus derivados.
En este marco de acción, definieron amenazas y desafíos. Las amenazas la constituyen: estados activos o con capacidad de respuesta militar, estados tapón usados para contener a otros países considerados hostiles a los intereses de EEUU, estados problemas o rufianes (por no someterse a los intereses y valores de seguridad y defensa), estados fracasados o cercanos a la inestabilidad y crisis. Los desafíos vienen dados por: conflictos tradicionales entre Estados, irregulares derivados de países con ideologías extremas u opuestas a la cultura occidental dominante. Tal como se observa, Colombia encaja en las características de estado tapón y estado rufián, mientras que Venezuela se enmarca en los desafíos como un Estado irregular con ideología extrema a los intereses de dominación de los EEUU en la región.
Es este el marco geopolítico en que debe verse la concurrencia de Colombia en la OEA. Dentro de esta estructura, la presidencia de Colombia ha jugado sobre la base de impostura y ambigüedades. El presidente Uribe – lo debemos recordar- como parte de un trabajo de inteligencia bien planificado para desestructurar los canales de comunicación de la Guerrilla de las FARC-EP, solicitó al gobierno de Venezuela, en la figura del presidente Chávez, en agosto de 2007, que fungiera como facilitador ante esa organización irregular para liberar a un conjunto de secuestrados. Esa solicitud, era un reconocimiento al liderazgo y la capacidad de diálogo del gobierno de Venezuela, pero también una trampa para formalizar la comunicación que nuestro gobierno pudiera tener con las FARC-EP. Es menester aclarar, que cualquier contacto existente entre nuestro gobierno y esas fuerzas irregulares, forma parte de una tradición – no formalizada- de los gobiernos de nuestro país, ante el hecho indudable de la necesidad de buscar acciones que propendan a la seguridad de nuestros ciudadanos en los más de 2.200 Km2 de fronteras con Colombia.
Desde los gobiernos de Carlos Andrés Pérez (1988-1993) y Rafael Caldera (1994-1999) se dio este contacto no oficial de funcionarios venezolanos con las FARC-EP. No puede acusársele al Gobierno de Chávez de impulsarlo como política de Estado. Sin embargo, al aceptar Chávez influenciar la liberación de prisioneros ante Manuel Marulanda, líder guerrillero, los dispositivos de inteligencia colombiana se dieron a la tarea de comenzar a “marcar” las comunicaciones, con el objeto de desmontar la iniciativa de paz y penetrar las estructuras de las FARC, al completar esa etapa de penetración entre agosto y noviembre de 2007, el gobierno de Uribe dio por terminada la facilitación del presidente Chávez y Piedad Córdoba, en un anuncio unilateral realizado el 21 de noviembre de 2007.
Este accionar desleal, y sumiso a los intereses de los EEUU, le permitió montar un conjunto de operaciones militares que terminó con el bombardeo en territorio ecuatoriano al campamento de Raúl Reyes el 1ero de marzo de 2008, con el apoyo logístico y militar de los EEUU, así como las acciones de liberación forzada – utilizando enseñas de la Cruz Roja internacional y de la televisora TELESUR- de algunos rehenes. Todo ello, es parte de un accionar de despliegue y respuesta al papel que Colombia juega en la estructura geopolítica de los intereses de los EEUU en la región y que han centrado su preocupación en el impulso que a una política de no alineación con esos intereses a desarrollado el gobierno de Hugo Chávez, y cuyos frutos se han manifestado en la concreción de UNASUR. No podemos dejar de señalar, que hay un elemento adicional en este juego: el petróleo. Colombia y EEUU tienen reservas probadas para menos de 30 años, mientras que nuestro país tiene más de 270.000 millones de barriles (120 años de producción) aunado al hecho que en el Golfo de Venezuela – dentro del cual Colombia tiene 36 km2 de costa- existe cerca de 1.8 veces más petróleo ( se calcula unos 520.000 millones de barriles). Las acciones que terminan con la instalación de bases militares a finales de 2009, así como la movilización de tropas en Costa Rica son parte de una amenaza latente al proceso venezolano y a las acciones contrahegemónicas de los movimientos sociales en Nuestra América.
(*)Dr. Historiador
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