Será un parlamento, o una asamblea conformada por representantes de la clase trabajadora (obreros, empleados, campesinos), o un congreso consultivo integrado por el lumpenproletariado moderno (freelancer, mata tigres y full time 4x4) trabajadores y trabajadoras felizmente explotados.

El objetivo de una Constituyente Obrera, debe ser discutir y proponer soluciones a la grave crisis económica y social que vivimos actualmente, especialmente enfocada en mejorar los salarios, las condiciones laborales, la protección social y la producción nacional. No debe ser una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) como la de 2017, que tenía poderes para reescribir la Constitución y no lo hizo. Al parecer esta "Constituyente Obrera" tendría un carácter consultivo, con propuestas en el ámbito laboral, económico y social, aunque su alcance real aún no está completamente definido.

Según algunos analistas de la crisis salarial que vive el país, el salario mínimo venezolano (incluyendo el bono de guerra, el bono alimenticio que reciben algunos trabajadores privilegiados por el estado y otros bonos especiales) es extremadamente bajo (equivalente a unos pocos dólares mensuales), incapaz de cubrir la canasta básica. Esta es la principal preocupación de las y los trabajadores.

Cabe preguntarse que quiso decir el constituyente del año 1999 en la CRBV.

"Artículo 91 Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se pagará periódicamente y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria, de conformidad con la ley.

El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La ley establecerá la forma y el procedimiento."

Puntos clave del artículo 91

• Derecho a un salario digno: Todo trabajador (sector público y privado) tiene derecho a un salario que le garantice una vida digna y le permita satisfacer sus "necesidades básicas".

• Participación en las utilidades: Los trabajadores tienen derecho a participar en los beneficios de las empresas (públicas y privadas).

• Inembargabilidad del salario: El salario es inembargable, salvo para el pago de pensiones alimentarias.

• Ajuste del salario mínimo para el sector privado: El Estado debe fijar y ajustar periódicamente el "salario mínimo vital" según el costo de la canasta básica para proteger el "poder adquisitivo".

¿que se entiende por canasta básica? Se puede hablar, de un salario mensual equivalente en dólares al valor de una canasta contentiva de 60 productos alimenticios, de higiene personal y el pago de servicios básicos ( agua, gas, electricidad, telefonía e internet). En Venezuela el salario mínimo vital, nunca ha alcanzado para cubrir tales necesidades del pueblo. El poder adquisitivo de un salario mínimo vital, sólo ha beneficiado a una clase trabajadora aristocrática con contrataciones colectivas y bonificaciones especiales legales y contractuales, solo esta clase amparada en privilegio, podía contar con los ingresos suficientes para la obtención de la llamada canasta básica.

A partir del paro petrolero y el golpe de estado del 2002, con la traición tripartita al pueblo Venezolano, se debilitó la CTV, y los movimientos sindicales tradicionales quedaron fracturados. Con el nacimientos de sindicatos oficialistas afines al gobierno, (como la UNETE, luego la Central Bolivariana de Trabajadores Socialistas) y otros independientes o críticos, que a partir de las sanciones unilaterales de EEUU, se debilitaron por la migración fuera del país de sus miembro ante la crisis económica. Al dejar de percibir prebendas y privilegios los dirigente sindicales quedan deslegitimados y el gobierno se convirtió en defensor de los trabajadores frente a la crisis.

El Presidente Nicolás Maduro hace un llamado a una "Constituyente Obrera" que se debería enmarcar dentro de la discusión de un "nuevo modelo económico productivo", apelando a la participación del pueblo de manera protagónica, pero sectores opositores, sindicatos independientes (residuos de la CTV o nuevos movimientos de partidos de derecha disfrazados de progresistas y revolucionarios) y analistas, ven la propuesta como una maniobra política, porque de darse una nueva Asamblea Constituyente, esta estaría obligada a cambiar el modelo económico extractivista y neoliberal, por un nuevo modelo de producción al servicio de la nación y no de unas minorías privilegiadas. El nuevo modelo de producción nacional debe atender prioritariamente los problemas estructurales no resueltos (control de la banca, hiperinflación, colapso de servicios públicos, corrupción, sanciones). Bajo un Control Obrero de los medios de producción de la nación, se fortalecerá la participación popular sin coacción de partidos ni de cúpulas empresariales.

Se puede cuestionar, cómo se elegirán realmente los delegados o voceros a está "constituyente obrera", si será auténticamente representativa de todos los trabajadores y trabajadoras del país (incluidos los del sector privado y los críticos), y qué poder real tendrán sus propuestas. Críticos argumentan que no se atacan los verdaderos problemas que destruyen el poder adquisitivo de las y los trabajadores (control cambiario distorsionado, emisión monetaria descontrolada, falta de inversión y productividad, corrupción, sanciones).

La Experiencia de (ANC 2017), que concentró poder, desplazó a la Asamblea Nacional electa (de mayoría opositora entonces) y fue tachada de ilegítima por gran parte de la comunidad internacional. Esto ha generado desconfianza sobre cualquier iniciativa con el nombre "constituyente", aunque esta sea de naturaleza diferente. Su impacto real dependerá de cómo se implemente su nivel de inclusión y autonomía, y sobre todo, de sí sus propuestas se traducen en acciones concretas que mejoren de manera significativa y sostenible la vida de las y los trabajadores venezolanos en la nueva sociedad comunal y comunista. Por ahora, este llamado a "constituyente obrera", es vista por muchos críticos como un esfuerzo de legitimación política oficialista, más que una solución efectiva a la crisis.

Sectores del oficialismo y los sindicatos afines (CBTS) apoyan la iniciativa como un espacio necesario, para que las demandas de las y los trabajadores sean escuchadas directamente por el gobierno.

Algunos trabajadores (especialmente en empresas estatales o sectores beneficiados por el gobierno) podrían verla como una oportunidad, aunque persiste el escepticismo generalizado.

La "Constituyente Obrera" es una propuesta política del Gobierno Bolivariano, que busca canalizar el descontento laboral y presentarse como promotor de soluciones desde las bases trabajadoras. Sin embargo, está rodeada de escepticismo profundo debido a:

1. El contexto de crisis económica extrema y salarial que no ha sido resuelta, ni será a corto plazo.

1. La desconfianza en la autonomía y representatividad real de la asamblea.

1. La sospecha de ser un instrumento para la movilización política oficialista y no un mecanismo genuino de soluciones.

La situación de Venezuela plantea interrogantes profundas sobre soberanía económica, justicia social y la creación de un nuevo modelo de desarrollo comunal y comunista, capaz de luchar contra las sanciones económicas unilaterales impuestas por EE.UU que restringen acceso a mercados financieros, comercio, medicinas y tecnología. Pero, es crucial reconocer que las dificultades también derivan de décadas de dependencia petrolera extrema, políticas económicas erráticas, corrupción sistémica, falta de diversificación productiva y debilitamiento institucional.

Hay que empoderar y movilizar a la clase trabajadora, y al pueblo en general, pero no como "clase parasitaria", sino como protagonistas activos de la producción y la reconstrucción económica de una nueva Venezuela potencia. Esto implica:

1. Superar el rentismo: Reducir la dependencia del petróleo y fomentar una economía diversificada, con énfasis en agricultura, manufactura y tecnología.

2. Democratización económica real: Modelos de gestión obrera genuina, cooperativas eficientes, pequeñas y medianas empresas de producción social, acceso al crédito y a la tierra. No basta con discursos; se necesita autonomía y participación efectiva en decisiones.

3. Combate a la corrupción y privilegios: Hay que crear un Sistema Nacional de Contraloría Social Popular para erradicar redes de burocracia corrupta y nepotismo que desvían recursos y ahogan la iniciativa productiva, incluidos privilegios sectarios.

4. Inversión en Formación para el desarrollo productivo: Educación técnica y formación continua para adaptarse a una nueva economía comunal y diversificada.

Es imperativo el empoderamiento de toda la población. En una crisis profunda, es fundamental y urgente una transformación que empodere a toda la población. Esto significa:

1. Participación real: Mecanismos efectivos de participación ciudadana y control social sobre políticas públicas y recursos.

2. Acceso universal a derechos básicos: Garantizar alimentación, salud, educación y servicios básicos como base para cualquier desarrollo.

3. Protección social eficiente: Redes de seguridad para los más vulnerables, enfocadas en capacitar, no solo en subsidiar.

4. Marco jurídico e institucional confiable: Seguridad jurídica para inversiones (nacionales e internacionales) y emprendimientos, respeto a derechos humanos y libertades fundamentales.

5. Reconstrucción del tejido social: Diálogo nacional inclusivo que supere polarizaciones y busque consensos mínimos para la reconstrucción.

Ante una crisis multidimensional como la actual, una transformación que empodere realmente a toda la población no solo es importante, es imprescindible para la supervivencia y futura prosperidad del país. Esto requiere:

• Rechazar sanciones externas asfixiantes que castigan al pueblo.

• Enfrentar con decisión los problemas estructurales internos (corrupción, ineficiencia, falta de diversificación, políticas erráticas).

• Superar modelos rentistas y paternalistas que generan dependencia.

• Promover una economía diversificada y productiva con la clase trabajadora como motor activo, no como beneficiaria pasiva.

Hay que construir un modelo de inclusión y justicia social genuino, basado en derechos, participación y oportunidades para todas y todos, no solo para grupos afines o sindicalizados privilegiados. Con soberanía popular efectiva, la reconstrucción productiva con equidad y justicia social se debe materializar en un gran pacto nacional que priorice el bienestar de todas y todos los venezolanos por encima de intereses particulares o geopolíticos.

La transformación del Estado hacia un modelo comunal y comunista plantea profundos debates teóricos y prácticos, donde un Nuevo Estado Comunal, se fundamenta teóricamente en el poder popular constituyente de Rousseau, el comunismo de consejos de Marx y experiencias como las comunas de París (1871) o los soviet tempranos (1917). Busca superar la democracia representativa mediante autogobierno territorial. Sus ventajas potenciales son:

• Mayor cercanía entre decisión política y comunidad;

• Empoderamiento económico local (control de recursos/producción y desarrollo de nuevas tecnologías);

• Reducción de jerarquías burocráticas;

• Protagonismo en políticas sociales (una nueva cultura anticolonial, educación y salud comunitaria).

Desafíos:

• Riesgo de clientelismo político si no hay autonomía real,

• Dificultades de coordinación macroeconómica,

• Tensión con poderes constituidos (ejército, sistema judicial),

• Experiencia venezolana: Solo 3% de comunas son autosustentables (cifras oficiales 2024).

Paradojas a resolver:

• Centralización vs. Autonomía: ¿Cómo articular planes nacionales sin asfixiar iniciativas locales?

• Transición económica: ¿Qué mecanismos evitarían que las comunas reproduzcan desigualdades de mercado?

• Defensa revolucionaria: ¿Cómo organizar una seguridad colectiva, con ejército comprometido con un nuevo estado comunal y comunista, con policías profesionales vinculados a las comunas donde habitan?

• Formación técnica productiva: ¿Cómo poner la educación y la técnica al servicio de la nueva sociedad comunal y comunista?

Este modelo comunal exige condiciones previas: educación política masiva, infraestructura de comunicaciones descentralizada, y mecanismos de Contraloría Social Popular transparentes.

Históricamente, procesos similares enfrentaron dos riesgos: la cooptación por élites partidistas (como los soviet post-1921) o el colapso por aislamiento internacional (ejemplo: Comuna de París).

La viabilidad de la propuesta de conformar una Nueva Constituyente Obrera y Popular, depende del reconocimiento constitucional un nuevo Estado Comunal y Comunista, integrado por la clase de obrera organizados en comunas que planifique la economía desde el territorio comunal, capaces de promover unidades productivas autogestionadas, con fondos económicos que tributen al desarrollo comunal y a la creación de bancos comunales, con poder fiscal autónomo, y capacidad de intercambio internacional directo. Sin esto, se mantendría la dependencia del Estado central, reproduciendo el presidencialismo que se busca superar.

REVOLUCIÓN ES HACER REVOLUCIÓN, SINO NO ES