Cuba califica de "terrorismo marítimo" asalto de buque petrolero por EEUU

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, difundió un video en redes sociales donde se observa a helicópteros y tropas estadounidenses abordando el buque petrolero

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, difundió un video en redes sociales donde se observa a helicópteros y tropas estadounidenses abordando el buque petrolero

12 de diciembre de 2025.- El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) de Cuba condenó este viernes 12 de diciembre el reciente asalto militar perpetrado por fuerzas estadounidenses a un buque petrolero en aguas internacionales del Mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela.

A través de una declaración oficial, el Minrex calificó el incidente como un «acto de piratería y terrorismo marítimo» que constituye una «violación grave del Derecho Internacional, incluidas la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima», y responsabilizó al Gobierno de Estados Unidos por el hecho, «que daña a la comunidad internacional en su conjunto».

El Gobierno cubano vinculó esta acción a una escalada de agresiones destinada a impedir el legítimo derecho de Venezuela a comercializar libremente sus recursos naturales, incluidos los suministros de hidrocarburos con destino a Cuba.

El Ministerio de Exteriores señaló que esta situación «recrudece la política de máxima presión y asfixia económica» de Estados Unidos, con un impacto directo en el sistema energético nacional cubano y en la vida diaria de su pueblo.

Previamente, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reiteró su total apoyo a Venezuela a través de su cuenta en la red social X y también denunció el hecho. El rechazo cubano se suma a la condena del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, que calificó el asalto como un «un robo descarado».

Venezuela subrayó que esta acción ocurre tras el anuncio de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, cuya intención es «reivindicar la abominable Doctrina Monroe». Para Caracas, la ofensiva imperial busca la «pretensión obsesiva de apropiarse de sus recursos naturales».

El mandatario bolivariano reveló que el buque, que se encontraba al norte de Trinidad y Tobago y que «entraba al Atlántico», era una nave civil, mercantil y privada que transportaba un total de 1.9 millones de barriles de petróleo que habían sido comprados a Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la acción el miércoles 10 de diciembre: «Acabamos de incautar un petrolero en la costa venezolana. Un petrolero grande, muy grande». Agregó: «El más grande que se haya visto nunca. Y están sucediendo otras cosas que verán más tarde», sin aportar mayores detalles.

Washington justificó la operación como una orden de incautación. Según el Gobierno de Estados Unidos, la acción se ejecutó debido a que la embarcación transportaba petróleo venezolano e iraní sancionado. La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, difundió un vídeo en redes sociales donde se observa a helicópteros y tropas estadounidenses abordando el buque petrolero.

Desde el 14 de agosto, el Departamento de Guerra estadounidense ordenó el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el sur del Caribe bajo el argumento de combatir a cárteles del narcotráfico y frenar el tráfico de cocaína y fentanilo. En realidad, la Casa Blanca ambiciona el petróleo y otros valiosos recursos como hierro, oro, bauxita, carbón y coltán, además de otros recursos como níquel, cobre y diamantes

La medida fue ratificada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y responde a la política de la Administración de Donald Trump que autoriza el uso de fuerza militar en territorios extranjeros contra organizaciones clasificadas como terroristas.

Las operaciones militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico oriental contra embarcaciones civiles, supuestamente vinculadas al tráfico de sustancias ilícitas, han dejado más de 80 muertos desde septiembre de 2025, como resultado de ejecuciones extrajudiciales e ilegales documentadas por organizaciones locales e internacionales.


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