En la actualidad pudiera decirse que la realidad de la educación universitaria venezolana, en particular, de las universidades autónomas es caótica. Son diversos los factores que concurren para ello y ha sido el resultado de varios años que los mismos vienen ocurriendo hasta llegar a una situación que está en pleno desenvolvimiento sin saberse cuál será el destino final. Pero a los factores de carácter sociopolíticos que son históricos y más adelante se exponen hay que agregar la pandemia del COVID 19 que emergió a finales de 2019 en una región de China y rápidamente se expandió a todo el mundo. En efecto, esta pandemia provocó a nivel mundial una reacción donde la población se vio obligada a asumir formas de distanciamiento social ante medidas sanitarias decididas por determinados gobiernos que llevó a que millones de ciudadanas/as, trabajadores/as, a no asistir a sus sitios de trabajo o lugares habituales de concurrencia. En este contexto, son los centros educacionales, públicos o privados, en sus diversos nivele, los que están significativamente afectados por la situación que se presenta en los mismos ante la inasistencia o abandono de sus puestos de trabajo por trabajadores/as de la enseñanza, estudiantes y personas dedicadas a la administración escolar producto de las medidas sanitarias de anti contagio del virus COVOD 19. Ante la pandemia del COVID 19 en Venezuela el gobierno nacional tomó desde marzo de 2020 medidas sanitarias para toda la población mantenidas hasta el presente, entre las cuales está el distanciamiento social en los respectivos centros educativos que por supuesto han incidido en la profundización y agudización de la crítica realidad de las universidades autónomas.
La situación caótica se manifiesta, en sus aspectos más resaltantes en: la casi total paralización de las actividades académicas y universitarias, algunas de ellas se realizan de manera eventual y en condiciones de escasez por ausencia de suficiente personal docente e investigación muchos de ellos al haberse ido del país, entre otras razones, por salarios paupérrimos que también tiene el personal administrativo y obrero, pérdida de los pasivos laborales y el valor de las prestaciones sociales; deficientes servicios de limpieza, insuficiente infraestructura académica por sustracción de valiosos bienes y equipos de laboratorios y otros espacios por robo descarado cometido por mafias e individuos inescrupulosos que han atentado contra el patrimonio de las universidades; carencia de medios de transporte público y privado en el abastecimiento del combustible para el traslado del personal universitario a sus sitios de trabajo (en el estado Mérida desaparecieron las estaciones de servicio subsidiadas por lo que la compra de la gasolina debe hacerse en dólares); reducción considerable de la matrícula estudiantil al haberse producido una elevada deserción de estudiantes por razones socioeconómicas, políticas y migración fuera de Venezuela de población joven; pérdida de la institucionalidad universitaria de autoridades al permanecer en sus cargos por más de diez años y hasta el infinito por la ausencia en realización de las elecciones universitarias que según el principio de autonomía universitaria y democracia participativa y protagónica consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela han debido celebrarse; carencia de un auténtico y solido liderazgo universitario capaz de enfrentar esta situación ante la ausencia de mecanismos institucionales propios debilitados a consecuencia del proceso de pérdida de institucionalidad autonómica; toda esta realidad aunada a contexto de incertidumbre institucional que tanto el Ejecutivo Nacional y el Consejo Nacional de Universidades (CNU) han mantenido por decisiones erradicas, omisiones y carencia de criterios claramente definidos para el rescate y valorización de la autonomía universitaria que contribuya al funcionamiento y desarrollo de la educación universitaria en lo científico, tecnológico, humanístico y cultural de la Nación y bienestar del pueblo venezolano.
Lo anterior corresponde a los aspectos que revelan la situación caótica de las universidades autónomas, que en conjunto suman 17 instituciones. Pero preciso es analizar otros aspectos que intentan explicar que ha originado esta problemática. El primero, atañe a analizar cuáles son las causas determinantes de esta realidad; el segundo, presentar cómo ha afectado esta realidad el presente y futuro de las universidades autónomas venezolanas e implicaciones para el desarrollo científico, tecnológico, cultural y social de la nación, tomando como caso la ULA; y el tercero, cómo puede impactar si se entrega a nivel nacional e internacional, en especial a UNESCO, un escrito en tal sentido contentivo a la vez que exprese como Venezuela en momento determinado el Gobierno Nacional asumió una política para la transformación universitaria citando documentos que esta organización en años anteriores decidió impulsar políticas de educación cónsonas con la emancipación de los pueblos y naciones del mundo. Se hace este análisis de esta realidad con una visión de totalidad y complejidad entendiendo que los procesos y hechos en ella implicados son procesos dialécticos e históricos.
El primer aspecto lo englobo teniendo dos causas fundamentales:
La primera, manifestar que esta realidad es producto y está determinada por la orquestada intervención imperial capitalista neoliberal de EEUU, UE y gobiernos lacayos de América Latina, el Caribe y una minoría del mundo, junto a sectores anti patria internos que han promovido y respaldado las acciones ejecutadas por esta alianza contra el proceso revolucionario bolivariano durante más de veinte años. En esta confrontación se ha ejecutado todo tipo de acciones que el pueblo venezolano las conoce suficientemente y de las que ha resultado afectado de forma criminal en aspectos vitales de su vida que en este momento sería prolifero mencionar dichos actos conspirativos y desestabilizadores contra Venezuela. En esta lucha y guerra la participación de sectores dominantes de las universidades autónomas ha sido respaldar la mayoría de los actos de este tipo, comenzando por el golpe de Estado que contra presidente Hugo Chávez realizó la oposición el 11-12 de abril 2002 donde FAPUV hizo público su apoyo en la prensa nacional y continuó con esta línea política cuando autoridades universitarias y miembros de su comunidad dieron respaldo al paro petrolero del 2002-2003 ejecutado por la elite meritocrata de PDVSA. En los últimos años autoridades universitarias, Consejos Universitarios, profesores/as, empleados/as y obreros/as de algunas universidades autónomas se sumaron a respaldar el adefesio hecho imperial de Donald Trump de proclamar a Juan Guaidó "presidente" de Venezuela; acción resaltada con la asistencia que hizo el Encargado de Negocios de la Embajada de EEUU en Venezuela al Aula Magna de la UCV.
La segunda causa tiene como factor la actuación que el Gobierno Nacional ha tenido con las universidades autónomas, bien como respuesta a la participación de éstas en la confrontación señalada o producto de concepciones anti autonómicas existentes en determinados espacios gubernamentales y legislativos puesto de manifiesto a lo largo de estos años, expresada de tal forma que no han estado exentas de confrontación, deficiencias, errores, decisiones burocráticas y hasta actitudes indolentes de parte de altos funcionarios que deberían por el contrario asumir máxima voluntad patriótica ante una problemática que compete y compromete a todo el país; acciones que indudablemente han incidido en esta situación de conflicto.
En 2000 sectores que se vincularon al gobierno nacional tomaron el rectorado de la UCV y permanecieron en sus instalaciones por unos días, acción que fue rechazada por la comunidad universitaria de esta Universidad. Ministros de Educación Universitaria como Samuel Moncada (2004-2006) y Edgardo Ramírez (2010-2011) tuvieron fuertes expresiones de confrontación con las universidades autónomas, siendo este último funcionario el que tuvo mayor participación en la elaboración del Proyecto de Ley de Educación Universitaria anti autonómico aprobado por la Asamblea Nacional el 23 de diciembre de 2010 y que presidente Hugo Chávez vetó el 5 de enero de 2011; gesto presidencial que logró disipar el ambiente de confrontación que se había generado en las universidades. La Ley Orgánica de Educación (LOE) aprobada por la AN en 2009 y promulgada por el presidente Chávez se ha convertido en el principal factor para que en las universidades autónomas no se hayan desde el 2012 efectuado las elecciones de renovación de autoridades en estas casas de estudios; procesos estos que se habían venido realizando de manera normal y continua a partir de 1960 con el Decreto Ley de Universidades de 1958 emitido por el Presidente de la Junta de Gobierno de ese año, Edgar Sanabria, con el cual se otorgó autonomía universitaria plena a estas instituciones. La LOE: 2009 en su artículo 34, Numeral 3, amplia la composición legal de la comunidad universitaria incorporando a los/as empleados/as y obreros/as que cambia la definida en el artículo 109 de la CRBV integrada por profesores/as, estudiantes y egresados/as. Esta amplitud originó que Rectores de las universidades autónomas solicitaran la nulidad de la LOE al Tribunal Supremo de Justicia y hasta la fecha esta impugnación no ha sido resuelta convirtiéndose el proceso electoral universitario en un verdadero laberinto. Otro asunto conflictivo a señalar es la discrepancia histórica existente entre autoridades universitarias y Ejecutivo Nacional por otorgamiento de un presupuesto justo a las universidades; cuestión que tiene múltiples componentes divergentes entre ambos sectores. De la misma manera es notorio que el CNU ha actuado displicentemente para abordar la problemática de las universidades autónomas, máxime cuando los Rectores de estas casas de estudios decidieron ausentarse de las reuniones de este organismo siendo que éste ha podido realizar encuentros interuniversitarios de reflexión y discusión con miembros de su comunidad que le permitieran vislumbrar e implementar alternativas de solución a una situación cada vez más complicada, crítica e insostenible.
Segundo aspecto, los efectos e implicaciones que esta realidad ha provocado en las universidades es grave y profunda expresada en múltiples facetas académicas, de infraestructura, humanas, institucionales, que en conjunto evidencia procesos de destrucción que de no actuarse con la pertinencia y urgencia del caso tal vez durará muchos años en poder recuperarlas. Esta realidad de deterioro y destrucción la observamos directamente cuando acudimos a espacios universitarios, cuando de vez en cuando se dan o se trasmiten noticias de cómo los robos y desmantelamiento de instalaciones, bienes y equipos de diverso tipo, entre ellos electrónicos y médicos los más buscados, son sustraídos de la universidad ocurriendo primero, que hasta ahora las autoridades universitarias no hayan enfrentado y denunciado eficaz y sistemáticamente ante los organismos del Estado para ponerle fin a esta sangría y encarcelar a los delincuentes (ver en Internet Robos en ULA-Mérida); en segundo lugar, que instancias universitarias gubernamentales tampoco han tomado medidas legales y judiciales para ponerle fin a esta mafia de ladrones y desmantelamiento universitario. Sí las autoridades universitarias no han asumido esta responsabilidad compete a organismos como el CNU tomar decisiones al respecto basado en Artículo 18 de la Ley de Universidades (1970) que declara "es el organismo encargado de asegurar el cumplimiento de la presente Ley de Universidades, de coordinar las relaciones entre sí y con el resto del sistema educativo, de armonizar sus planes docentes, culturales y científicos y de planificar su desarrollo de acuerdo con as necesidades del país". Nada sería más indicado que el CNU decidiera abrir una investigación y hacer un diagnóstico del estado actual en que se encuentran estas instituciones producto de la situación provocada por los robos, el abandono y procesos destructivos en que se encuentran que compromete gravemente el potencial científico, tecnológico y humanístico de miasmas y el país; colocándolas en un atraso de aproximadamente cincuenta años y difícil de recuperar el proceso de desarrollo y consolidación que las universidades autónomas, con todas sus carencias, habían podido alcanzar.
En relación al tercer aspecto podemos destacar que en Venezuela el Ministerio de Educación Universitaria siendo ministra Yadira Córdova (2011-2012) asumió una posición para impulsar un proceso de transformación universitario muy distinto al proceso que culminó con la elaboración de la LEU (2010) aprobada por la Asamblea Nacional y vetada por presidente Chávez. Citar al recordado y eminente universitario Rigoberto Lanz nos permite ver la significación del frustrado intento parlamentario al escribir: "Me parece que el texto de la Ley de educación Universitaria se extravía en un asunto central: la universidad no puede definirse confesionalmente, o por una adjetivación ideológica como "socialista" o algo parecido. No porque su contenido deba ser "neutro", sino porque el espacio público tiene que ser reservado como un espacio de todos (independientemente de la opinión que nos merezca la existencia de otro (…). En el trayecto entre el Ministerio de Educación Universitaria y la Asamblea Nacional algo ha pasado en el texto de esta ley. Hay muchos gazapos que revelan una falta de criterios de parlamentarios que seguramente no han pensado estos asuntos" (revista educere No. 50 Enero-Abril 2011, p. 218).
En este mismo sentido para ubicar como un hecho importante el esfuerzo realizado en esa ocasión y recordar documentos básicos a tomar en consideración como parte del proceso de reflexión y discusión que sobre la transformación universitaria hay que realizar, es pertinente citar de nuevo a la revista educere que en el número señalado hace un Dossier Universidad Venezolana reproduciendo material valioso al respecto, entre los cuales está el de Rigoberto Lanz titulado La Transformación Universitaria Venezolana: Una Necesidad Imperativa. Asimismo, como elemento de comparación actual entre los documentos y reflexiones de la praxis de la educación universitaria en sus valores, principios, transformaciones y autonomía universitaria producidos y publicados principalmente por la UNESCO que aun guardan plena vigencia frente a las tendencias hegemónicas tecnocráticas que se quieren imponer mundialmente por empresas multinacionales capitalistas de tecnología, información y comunicación en tiempos de pandemia COVID 19 y dominio del capitalismo salvaje neoliberal, es preciso señalar en esta discusión documentos y autores fundamentales difundidos por esa organización de la ONU. Es necesario aclarar que el hecho que se tome a la UNESCO como una referencia no quiere decir, de ninguna manera, que responda al interés de colocarla como único marco teórico e histórico sino resaltar la importancia que tienen documentos y libros para concebir a la educación como praxis transformadora en función de la liberación y emancipación del ser humano y pueblos del mundo. Estos documentos son: Documento De Política Para El Cambio Y El Desarrollo En La Educación Superior Resumen Ejecutivo (UNESCO Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, Caracas 1998), y Educación Superior Siglo XXI (educere No. 6, junio 1999); de Edgar Morin: Los siete saberes necesarios para la educación del futuro (UNESCO/Nueva Visión, Buenos Aires, 2000) y La Cabeza Bien Puesta Bases Para Una Reforma Educativa (UNESCO/Nueva Visión, Buenos Aires 2001).
Para finalizar, como elementos para la discusión me permito hacer los siguientes planteamientos.
Es imprescindible que desde la comunidad universitaria se inicie un proceso para revitalizar la autonomía universitaria y redimensionar a las universidades autónomas que implica: primero, que en ejercicio de la autonomía universitaria se convoque obligatoriamente cuanto antes y por las vías posibles elección de nuevas autoridades; segundo, que en pleno ejercicio de la autonomía universitaria la universidad en la búsqueda del conocimiento rescate el pensamiento crítico, creador y soberano para que la Universidad sea la casa que vence las sombras; tercero, que la autonomía universitaria para eliminar prácticas transfiguradas y perversas de ésta se fundamente y practique con base a lo establecido en el artículo 109 (CRBV) y actual Ley de Universidades articulo 9; cuarto, que las universidades autónomas como instituciones fundamentales consoliden su presencia institucional en nuestro país, América Latina, el Caribe, el mundo e interior del CNU en la pluralidad y diversidad que debe caracterizar a la educación universitaria no definida unilateralmente por líneas gubernamentales sino en atención a máximos intereses del pueblo y República Bolivariana de Venezuela; en quinto lugar, como parte de proceso de evaluación y elaboración de un Plan Nacional de Educación Universitaria se considere la apertura de nuevas modalidades de carreras profesionales acordes con necesidades y aspiraciones de población estudiantil, Nación venezolana y analice actualización de múltiples programas de estudios; en sexto lugar, que la comunidad universitaria goce del pleno disfrute de salarios dignos y justos al cual tienen derecho como parte de la clase trabajadora del país, aspiración y reclamo urgente del pueblo venezolano; en séptimo lugar, se presenten formas de gestión administrativa de ingresos y financiamiento fruto de análisis y experiencias presupuestarias que propendan al desarrollo académico de las universidades; en octavo lugar, que se discuta ampliamente sobre el conflicto histórico entre universidades autónomas y gobierno como una vía para encontrar y establecer formas de cooperación fundamentales al desarrollo conjunto de estas instituciones y República Bolivariana de Venezuela; en noveno lugar, se realice una evaluación sobre efectos que para el desarrollo científico, tecnológico y humanístico de instituciones de educación universitaria y el país se produce consecuencia de emigración de gran cantidad de profesionales y miembros del personal docente e investigación de nuestras universidades; y en décimo lugar, expresar nuestra preocupación por el interés gubernamental de estar aplicando políticas hacia las universidades autónomas propias de la Ley de Universidades aprobada por la Asamblea Nacional el 23/12/2010 y regresada por el presidente Hugo Chávez a esta misma Asamblea al considerarla " inaplicable por razones de carácter teóricos, prácticos, técnicos y políticos" (Carta del Presidente Hugo Chávez al Presidente de Asamblea Nacional enero de 2011).
