Por otra parte,
es importante recordar que el Articulo 109 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela (CRBV), establece que “…El
estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía
que permita a los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas
de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través
de la investigación… Las Universidades autónomas se darán sus normas
de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio,
bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la
ley… Las universidades nacionales experimentales alcanzarán su autonomía
de conformidad con la ley”.
Entonces, eso
es precisamente lo que plantea la propuesta de ley para la Educación
Universitaria. Digan lo que digan los representantes de los sectores
más reaccionarios de la oposición, se especifica la manera de garantizar
la formación integral de los nuevos profesionales e investigadores
que serán los que asegurarán el progreso autónomo, independiente
y soberano del país. Una formación humanista, para la solidaridad
y la participación protagónica y auténticamente democrática, con
unas normas internas del gobierno universitario, “… bajo el control
y vigilancia que a tales efecto establecerá
la ley”.
Es por ello
que, bienvenido el debate en todos los espacios, pero es importante
acelerarlo, para que lo más pronto posible se pueda aprobar definitivamente
la ley específica para la Educación Universitaria. Es esto lo que
permitirá la transformación definitiva de la Universidad tradicional,
la cual continúa dominada y deteriorada por el modelo neoliberal con
el que ha convivido durante largos años. Este deterioro se manifiesta,
entre otras cuestiones, por el bajo nivel intelectual y espiritual de
sus cuadros directivos y administrativos, por la mediocridad y
el compadrazgo imperante, por el ocio improductivo bien remunerado,
por la adhesión al sistema clientelar de buena parte del profesorado,
por el mal ejemplo que deriva de las actuaciones de algunos profesores
y por la burocracia universitaria; y también, por la acción nociva
de dirigentes políticos contrarrevolucionarios, en el seno de las universidades
más tradicionales. Todo ello genera incapacidad, mal uso de los recursos
e incitación al amiguismo; a desviar la universidad de su misión más
auténtica o a distorsionar esa misión por la aplicación de
criterios economicistas y utilitarios, cuya sujeción a doctrinas capitalistas
y proimperialistas, no se compagina con un pensamiento verdaderamente
académico, crítico y comprometido con la justicia social.
Por lo tanto,
no es cierto, como plantean algunos “pensadores” de derecha,
que la Universidad es “neutra”. La tradicional obedece, sin
duda, al modelo capitalista, con sus viejos currículos, que estimulan
el individualismo, el egoísmo, la exclusión, la formación universitaria
como un élitesco “ascenso en el escalafón social”. La nueva
universidad, la que debemos terminar de diseñar e institucionalizar
a través de la Ley en discusión, tiene que ser la universidad para
la inclusión, la solidaridad, la participación, aquella que
no se sienta como patrimonio de una élite “intelectualoide”,
sino que realmente pertenezca al pueblo, para que como dijo el CHE Guevara,
se pinte de negro, de mulato, de obrero, de campesino. Es el proyecto
de Universidad Popular que adelanta el Gobierno Bolivariano, con experiencias
ya exitosas como la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV).
Otro punto
polémico es el de la autonomía universitaria. Se comparte plenamente
la definición establecida en el citado artículo 109 de la CRBV,
recordando nuevamente que dicha autonomía estará “… bajo
el control y vigilancia que a tales efectos establezca la Ley”.
O sea, que como se ha dicho en otras oportunidades, la mencionada
autonomía universitaria no es, como desean algunos sectores reaccionarios
y minoritarios que hacen vida en nuestras universidades, para administrarlas
como si fuese una hacienda de su propiedad, sin control de ningún tipo
y cometiendo toda clase de desmanes, como por ejemplo, aprobar reglamentos
internos que contradicen y violan, en algunos casos, hasta la Ley de
Universidades aún vigente. Una nueva ley debe entonces, de acuerdo
con la constitución, establecer los mandatos necesarios para que las
universidades sean, con el sentido real de la autonomía, ejemplos en
el ejercicio de la democracia, la equidad, la justicia social, la solidaridad,
la calidad académica, y principalmente, en la ética académica, la
cooperación y la auténtica libertad de pensamiento. Lo ratifica la
nueva LOE, cuando en su artículo 32 reconoce que el principio de autonomía
“…se materializa mediante el ejercicio de la libertad intelectual,
la actividad teórico-práctica y la investigación científica, humanística
y tecnológica, con el fin de crear y desarrollar el conocimiento y
los valores culturales…”.
Por otra parte,
la nueva ley de Educación Universitaria debe ratificar y asumir de
igual manera, los artículos 102 y 103 de la mencionada Constitución
Bolivariana. Recordemos que el primero de éstos, además de considerar
la educación como un derecho humano y un deber social fundamental,
como indudablemente democrática, gratuita y obligatoria; resalta el
deber del estado de asumirla como “función indeclinable y de máximo
interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del
conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de
la sociedad…”. También, que la Educación Universitaria se
debe considerar como “un servicio público” y
“…fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento,
con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano
y el pleno ejercicio de su personalidad, en una sociedad democrática,
consciente y solidaria en los procesos de transformación social, consustanciados
con los valores de la identidad nacional y con una visión latinoamericana
y universal…”. De igual manera, el artículo 103 plantea que
la gratuidad de la educación se haga efectiva “…hasta el pregrado
universitario…”, es decir, hasta que el estudiante universitario
obtenga su título profesional.
En definitiva,
el debate continúa; y nosotros los socialistas, seguimos en la lucha
por lograr en poco tiempo, esa Universidad que define hermosamente nuestra
Constitución: la de la participación, de la inclusión, de la solidaridad,
del humanismo, de la justicia social; la Universidad Popular!!…
¡Patria Socialista o muerte!
¡¡Venceremos!!
