03-04-18.-La vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel De Saint Malo, explicó este martes que la lista de funcionarios venezolanos -encabezada por el presidente Nicolás Maduro- considerados un "alto riesgo" en materia de blanqueo de capitales fue creada para "proteger" al sistema financiero panameño, reseña la agencia Efe.
"Panamá consideró, por la protección de nuestro sistema financiero internacional, que era importante agarrar la lista de la Unión Europea, de Canadá y de Estados Unidos y compartir con el sector (bancario) en Panamá cuáles son las personas que están incluidas en estas listas, para que las tomen en cuenta en sus evaluaciones de riesgo", explicó De Saint Malo.
La publicación de esa lista, añadió la funcionaria, "fue una acción autónoma de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales publicado en Gaceta Oficial".
La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, un ente adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF), publicó la semana pasada una lista de 55 ciudadanos venezolanos políticamente expuestos que pueden suponer un "alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva".
Además de Maduro, en esa lista se encuentran el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; el constituyente Diosdado Cabello; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el fiscal designado por la constituyente, Tarek William Saab y algunos ministros, entre otros.
La resolución que contiene la lista, que incluye además a 16 empresas, indica que "se establece y recomienda a los sujetos obligados financieros y a los sujetos obligados no financieros a que adopten las políticas y procedimientos de debida diligencia ampliada, reforzada".
La legislación panameña establece el concepto de Persona Políticamente Expuesta (PEP), que incluye a los funcionarios públicos locales y extranjeros, desde el presidente del país hasta los directores de instituciones, que son sometidas a una exhaustiva supervisión financiera.
Panamá es uno de los doce países latinoamericanos que conforman el denominado Grupo de Lima, que no reconoce la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y que rechaza la convocatoria anticipada de elecciones presidenciales.
Este país el primer integrante de ese grupo en tomar medidas concretas contra representantes del Gobienro venezolano.
La plataforma financiera panameña ha sido blanco de críticas por entes internacionales, lo que ha llevado a la aprobación en los últimos años de leyes para combatir de forma más efectiva y severa el blanqueo, suprimir las acciones al portador y endurecer la regulación para los sectores no financieros como el inmobiliario, los servicios legales, los casinos y las casas de cambio.
Las críticas contra el sistema financiero y fiscal del país arreciaron tras la inclusión de Panamá en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), de la que salió en febrero de 2016 tras el escándalo de los denominados Papeles de Panamá.
