La reciente decisión de una jueza estadounidense que declaró válidos los bonos de 2020 de la petrolera estatal venezolana, PDVSA, ha encendido las alarmas en Caracas y en Washington. Esta sentencia, aunque parezca un tecnicismo legal, es un movimiento de ajedrez en el tablero geopolítico que tiene implicaciones directas en el futuro de los activos de Venezuela en el extranjero, especialmente CITGO.
La validación de estos bonos representa un revés significativo para el gobierno venezolano. En términos sencillos, le otorga a los tenedores de bonos el derecho de reclamar el pago de la deuda. El problema radica en que, ante la falta de pago por parte de Venezuela, el siguiente paso lógico para los acreedores es buscar embargar los activos del país en el extranjero para saldar la deuda. El objetivo principal es CITGO, la filial de PDVSA en Estados Unidos, que opera refinerías y estaciones de servicio.
"La validación de estos bonos es un paso crítico que podría llevar al desmembramiento de los activos venezolanos en EE.UU.", según un analista consultado por La Nación. Este escenario es particularmente grave para el gobierno de Nicolás Maduro, que ve en CITGO un símbolo de soberanía económica y una posible fuente de ingresos futuros, aunque su control sobre la misma es limitado por las sanciones. La venta o liquidación de CITGO, en cualquier circunstancia, significaría la pérdida de una infraestructura vital y la erosión del poder de negociación de Venezuela.
Además, esta sentencia crea un precedente legal peligroso. Podría animar a otros acreedores a presentar demandas similares, abriendo la puerta a una cascada de reclamos legales que pongan en riesgo otros activos del país, como cuentas bancarias o propiedades. Esto, a su vez, limita la capacidad del gobierno para obtener financiamiento o realizar transacciones en el sistema financiero global, ya de por si suspendido, lo que ha imposibilitado hacer los pagos a tiempos, so pena de ser sancionados los acreedores de bonos, si se relacionan con el gobierno de Venezuela, es una doble moral de la justicia de EEUU, una farsa total.
Desde la perspectiva de la oposición venezolana y de la comunidad internacional que busca una transición democrática, esta decisión judicial podría ser vista como una herramienta de presión. Al colocar los activos de Venezuela en una posición vulnerable, se fuerza al gobierno a la mesa de negociaciones (que no existe, que a Trump no le interesa, ni la va a proponer a mediano plazo.) para buscar un acuerdo que proteja el patrimonio nacional.
Un diplomático de la UE, que prefirió el anonimato en un diario alemán, afirmó que "la amenaza de la pérdida de CITGO podría ser el empujón que se necesita para que el régimen de Maduro se siente y negocie de buena fe". (Es decir, ya dice que no tienen confianza, por lo tanto, desde un principio niegan la posibilidad de que se establezca el diálogo). Esta línea de pensamiento sugiere que la sentencia no es un fin en sí misma, sino un medio para un objetivo político más amplio: una resolución negociada de la crisis, y esta no es que Venezuela pague a los acreedores de bonos, sino que el presidente Maduro renuncie, abandone el barco, nos deje a la deriva, la FANB, se someta a los designios de Edmundo y de María Corina Machado, con un gobierno impuesto por encima de la Ley, basada en la intensión de llevar la democracia que el país, supuestamente no tiene. Y así entonces, abrir el chorro petrolero para que EEUU se abastezca para los próximos 300 años, y la miseria, la hambruna, y los conflictos sociales vuelvan con más bríos, la resistencia en la calle y montañas defendiendo la patria, se vuelva el pan nuestro de cada día, y un nuevo ejército se vuelque contra su pueblo, pero de mercenarios y contratistas.
Además, la decisión judicial de los bonos, podría ser un factor de disuasión para futuras operaciones financieras del gobierno, incentivando la transparencia y la rendición de cuentas que ellos dudan. Duda que han sembrado los opositores que quieren der a su país. Si bien esto no resuelve ni resolverá la crisis actual creado por la era Trump, podría según las intenciones de las águilas y halcones, sentar las bases para una futura administración que actúe con mayor responsabilidad fiscal, es decir haga menos inversión social, y reprima, con una nueva consigna de seguridad nacional, donde el enemigo es el pueblo soberano.
En consecuencia, los operadores de narrativas gringos, se comen el cuento de que la sentencia sobre los bonos de PDVSA es una noticia de doble filo. Su creencia es que, por un lado, amenaza con despojar a Venezuela de su activo más valioso en el extranjero, debilitando al gobierno y poniendo en riesgo el patrimonio nacional. Por el otro, podría ser el catalizador para un nuevo ciclo de negociaciones, forzando un acuerdo que evite la pérdida definitiva de CITGO y, en el mejor de los escenarios, abra una vía hacia una solución política. Para ellos, los medios de comunicación gringos, el tiempo dirá si esta espada de Damocles se convierte en una herramienta de presión efectiva o si simplemente corta los últimos lazos de Venezuela con su capital económico en el exterior. La marea está alta, y nuestro capitán sabe sortearla.
