La reciente acción de militares estadounidenses contra buques cargados de petróleo venezolano constituye un hecho de enorme gravedad en el plano del derecho internacional y la soberanía nacional. El ministro de Defensa ha señalado con claridad que "el Gobierno de Estados Unidos ha iniciado un repliegue estratégico para concentrarse en América Latina, donde ha pretendido cerrar el Caribe a los intereses suyos".
El acto de piratería cometido contra Venezuela (grosero, de ladronismo, cobarde y de imposición de la fuerza) no puede ser leído como un episodio aislado. Se trata de una práctica sistemática de apropiación de recursos que no les pertenecen, disfrazada bajo el manto de "seguridad hemisférica" o "protección de rutas energéticas". En realidad, lo que se pretende es consolidar un cerco sobre el Caribe y sobre las fuentes de energía que sostienen la independencia económica de los pueblos latinoamericanos.
Desde la perspectiva del derecho internacional público, la captura de buques y el secuestro de tripulaciones constituyen violaciones flagrantes a la libertad de navegación, a la integridad territorial y a la prohibición del uso de la fuerza consagrada en la Carta de las Naciones Unidas. No estamos ante un diferendo comercial, sino ante un acto de agresión que erosiona los principios básicos de convivencia entre Estados.
La pregunta que surge es sobre la vida de los tripulantes y el destino de los buques: ¿dónde están, quién los tiene secuestrados, bajo qué condiciones? La preocupación por la seguridad humana se suma al reclamo por la soberanía nacional.
El "repliegue estratégico" de Washington hacia América Latina revela una paradoja. Mientras proclama su retirada de escenarios lejanos, concentra su poder militar y político en nuestra región, intentando cerrar el Caribe como si fuese un mar interior de su propiedad. Venezuela, por su riqueza y por su posición geográfica, se convierte en objetivo prioritario de esa estrategia.
Sin embargo, cada acto de agresión también abre un espacio para la reflexión y la resistencia. La historia de los pueblos latinoamericanos demuestra que la imposición externa nunca ha logrado doblegar la voluntad de independencia. El robo de nuestros recursos desnuda la verdadera naturaleza de la política imperial: no se trata de cooperación ni de desarrollo, sino de saqueo y subordinación.
El "repliegue estratégico" estadounidense es, en realidad, un avance sobre nuestros territorios y mares. Nombrarlo como tal es reconocer la maniobra y denunciarla ante el mundo.
Cuando nos roban CITGO, buques petroleros y nuestros espacios aéreos, queda en evidencia el supuesto operativo contra el narcotráfico.
