Un juez del Estado de México ha declarado culpable a María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco, por su responsabilidad penal en el homicidio calificado de dos subordinados, el síndico municipal Miguel Ángel Lara de la Cruz y su chofer.
El fallo judicial confirma que Martínez Robles utilizó su poder político para conspirar con el crimen organizado, ordenando de manera directa la ejecución de ambos funcionarios en enero de 2023.
Nexos con el narcotráfico y abuso de autoridad
La investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México reveló un entramado de corrupción y violencia:
Conspiración con el Cártel: La exalcaldesa ordenó el asesinato a miembros de La Familia Michoacana, un grupo criminal con fuerte presencia en la región, con el objetivo de eliminar obstáculos políticos y mantener el control absoluto sobre las decisiones presupuestarias y administrativas del municipio.
Bajo el pretexto de sus funciones públicas, Martínez Robles envió a las víctimas a una "zona de alto riesgo" controlada por delincuentes, asegurando así que fueran interceptados y asesinados.
Reportes de la investigación indican que la exalcaldesa entregaba cuotas mensuales de aproximadamente 100,000 pesos a líderes criminales por cada acuerdo de cabildo aprobado.
"Operación Enjambre": Un golpe a la narcopolítica
La detención y condena de Martínez Robles se enmarca en la "Operación Enjambre", una estrategia de seguridad masiva lanzada por el Gobierno de México para desarticular redes de corrupción que vinculan a funcionarios públicos con cárteles de la droga.
Hasta la fecha, este operativo conjunto entre fuerzas estatales y federales (SEDENA, Marina y Guardia Nacional) ha logrado la sentencia condenatoria de 10 de los 16 objetivos clave identificados en la región.
Este caso subraya los desafíos extremos que enfrenta la democracia local en México, donde la cooptación de alcaldes por grupos armados sigue siendo uno de los principales obstáculos para la seguridad nacional. La sentencia contra Martínez Robles es vista por analistas como un precedente crítico en la lucha contra la impunidad en los niveles más cercanos al ciudadano.
La audiencia para determinar la duración exacta de su sentencia de prisión se llevará a cabo en los próximos días.