Nunca hubiera pensado el presidente Hugo Chávez cuando promulgó la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) en mayo de 2012 que trabajadores/as de Venezuela tuvieran que luchar exigiendo a un gobierno Bolivariano garantizar y respetar plenamente el más importante instrumento legal que legó a la fuerza laboral y pueblo venezolano con su acción y consecuencia revolucionaria. Cumplió con el pueblo trabajador como fue su trayectoria en su vida militar, política y gubernamental de ser leal al Pensamiento libertario-emancipador del Libertador y lo hizo para concretar lo dicho por Bolívar en el Discurso de Angostura (1819): “El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política”. Pensamiento que ahora pareciera no ser el norte con el cual se estableció como premisa fundamental de la LOT, dado que en aras de una política económica gubernamental monetaria-pragmática-neoliberal surgen intenciones para in aplicar ese principio y subordinar a la lógica del capital derechos e intereses esenciales de trabajadores/as y pueblo venezolano.

Son trasnochados de la larga noche neoliberal y personajes que dicen llamarse “revolucionarios chavistas” quienes parecen haberse unido en esa estrategia económica. A unos y otros, nada más podemos poner como reto las palabras de Hugo Chávez cuando el 8 de diciembre de 2012 dijo: “No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para mantener ese empeño de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la patria. No, no podrán, ante esta circunstancia de nuevas dificultades –del tamaño que fueren- la respuesta de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria”. Unidad, lucha y pérdida de la patria soberana amenazadas, entre otros hechos, por la contrarrevolucionaria y perversa dolarización aupada por determinados factores que en nuestra sagrada e independiente República Bolivariana de Venezuela aspiran imponer.

En la actualidad el progresivo e indetenible empobrecimiento de trabajadores/as, en particular, y pueblo venezolana, en general, puede considerarse producto de dos factores: uno, por el criminal bloque imperial estadunidense-europeo, aupado y apoyado por una extrema derecha terrorista en Venezuela; y otro por la orientación Gobierno-Banco Central de Venezuela (BCV) afincada en la vía neoliberal (monetarista-pragmática) que potencia la dolarización en detrimento de la moneda nacional. Esta realidad impone que la lucha democrática-constitucional del pueblo sea la mejor alternativa para lograr revertir esta desviación y ojala el pueblo organizado en el poder popular sea elemento clave de movilización y reclamo frente a esta línea antipopular. Camino donde el proceso Revolucionario Bolivariano tenga la Constitución Bolivariana de Venezuela (CRBV: 1999), LOT, demás leyes, planes y programas los motores fundamentales en la construcción del Socialismo del siglo XXI; que trabajadores/as vean garantizados la seguridad de salarios dignos, plena certidumbre del derecho a prestaciones sociales y pasivos laborales; entre otros derechos.

En efecto, los derechos de los trabajadores/as están especificados y consagrados en esta Carta Magna en el Capítulo V De los derechos sociales y de las familias. En particular el Artículo 91 y el Artículo 92 se dice: “Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales… Artículo 92. Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que le recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía…”.Y la Disposición Cuarta expresa que” dentro del primer año, contado a partir de su instalación, la Asamblea Nacional aprobará… un nuevo régimen para el derecho a prestaciones sociales reconocido en el artículo 92 de esta constitución…”. Principios y derechos ratificados en la LOT en los artículos número 18 y 19, respectivamente.

Difícilmente exista otra Constitución Nacional y Ley del Trabajo en algún otro país que consagre con tal amplitud, integralidad, universalidad y justicia social derechos sociales hacia la clase trabajadora y el pueblo. Muy claro se expresa en la Ley Orgánica del Trabajo:

“En este contexto, la República Bolivariana de Venezuela da un paso al frente en su propósito de asegurar los derechos de la población, otorgando base legal a los mandatos constitucionales recibidos en 1999 e introduciendo una importante interpretación progresiva de los mismos, rumbo hacia una sociedad eminentemente justa, ética, moral, y democrática, como se desprende del mandato de la doctrina de El Libertador, Simón Bolívar”.
¿Por qué se plantea que los trabajadores/as para garantizar derechos constitucionales y legales de manera plena, han de hacerlo en términos de una lucha de la clase obrera?

Tres razones se exponen para fundamentar esta pregunta.

La primera, porque el presidente Chávez nos advirtió que ante coyunturas difíciles no faltarán quienes quieran restaurar el capitalismo y el neoliberalismo, y en esta línea se mueven subrepticiamente fuerzas y personajes para in aplicar leyes orgánicas y otros instrumentos legales o programáticos que no concuerden con lo que se llama ahora de manera genérica “nueva economía”; economía abierta a la inversión extranjera y grupos privados de Venezuela. Está demostrado históricamente que en materia de inversión extranjera o privada interna uno de los principales objetivos para que sea “atractiva y segura dichas inversiones” el sector transnacional mundial o local busca afianzar la denominada por ellos flexibilidad laboral, que no es otra cosa que la inexistencia de instrumentos legales que aseguren los derechos de la clase trabajadora, entre otros la supresión o eliminación de prestaciones sociales y compromisos por concepto de pasivos laborales. De esto la última experiencia en Venezuela fue cuando el gobierno de Rafael Caldera a través de la Comisión Tripartita (Gobierno, Fedecámaras y Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) aceptó su propuesta de eliminar la retroactividad de las prestaciones sociales, petición que se cumplió con la reforma hecha a la Ley de Trabajo en 1997 (LOT (2012) Exposición de Motivos).

La segunda razón estriba en que nunca faltarán aquellos que sustentando la cosmovisión capitalista-neoliberal tanto en el campo empresarial privado o en densos sectores del país actúen para que el pueblo y trabajadores/as desconozcan, ignoren o subestimen los derechos sociales y laborales establecidos en la CRBV y LOT, y en consecuencia por inconsciencia consideren ineficaz o inútil el valor y virtud de éstos para el bienestar y seguridad social de la población. De ahí que existiendo graves procesos de empobrecimiento en el pueblo y clase trabajadora desde el sector privado empresarial como en sectores del Gobierno Nacional y partidistas del Gran Polo Patriótico (GPP) hay un ambiente de silencio y manejo discrecional sobre esta problemática de miseria en los salarios de trabajadores/as, pérdida del valor de prestaciones sociales y pasivos laborales. En particular llama la atención que hasta ahora no se haya conformado una sólida, fuerte y activa posición a nivel nacional de sindicatos, partidos, movimientos sociales y gremiales que la hayan denunciado y propugnar con urgencia una solución ante tan grave situación laboral y popular.

La tercera razón se inscribe en el contexto de quienes buscan y se enmarcan en la restauración del capitalismo-neoliberal que ubican el empobrecimiento de la clase obrera intentando romper con el sistema de seguridad social y laboral en Venezuela: solo hacen énfasis en los salarios y no en su visión global e integral que comprende pensiones, prestaciones sociales y pasivos laborales, entre otros derechos; pudiéndose mencionar además los correspondientes a la mujer trabajadora. El empobrecimiento y deterioro de la calidad de vida de trabajadores/as se expresa con mayor crudeza en aquellos que habiendo hecho efectiva su jubilación a raíz del Programa de Recuperación, Crecimiento y Bienestar Económico (2018) el valor de las prestaciones sociales y pasivos laborales se redujo a cero. O para quienes, como es el caso de la Universidad de Los Andes (con base a convenios laborales legítimamente aprobados), que habiendo cumplido el lapso legal de jubilarse han permanecido voluntariamente en sus labores universitarias en años que superan los 25, 30, 35, 40 y más sin haber hecho efectiva la totalidad de sus prestaciones y respectivos pasivos laborales.

De esta manera me permito ubicar esta problemática a los fines que sirva como elemento de reflexión y concientización para que trabajadores/as y pueblo venezolano en el marco de la democracia participativa y protagónica lleven a cabo una lucha por la preservación y efectividad de sus derechos sociales, laborales y mejora en su calidad de vida.

El autor es Sociólogo (UCV). Profesor Titular activo de la Universidad de Los Andes. Dr., en Ciencias Sociales (ULA). Mérida, 14 de febrero de 2021.