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LA INSUFICIENCIA DE MULTAS, ACUERDOS Y MEDIDAS REACTIVAS PARA ENFRENTAR EL DESABASTECIMIENTO Y LA ESPECULACION

No bastan las medidas reactivas. No bastan las multas, El enemigo se burló, se burla y continuará burlándose de los acuerdos de precios convenidos. A la chita callando está propalando la especie que antes de asomarse diciembre, mes de elecciones y de acentuado consumo, desaparecerán nuevamente de los anaqueles los productos que su latrocinio ocultó y luego ofertó al pueblo a precios fuera del alcance de su bolsillo.

Es por ello que resulta impostergable que el Gobierno Revolucionario aplique con la urgencia requerida por la situación, correctivos en la implementación y ejecución de los planes, programas y proyectos destinados a fomentar, incentivar y recuperar la productividad del sector agroalimentario, si realmente queremos salir del atolladero de la escasez de alimentos que estamos confrontando, como consecuencia de la confluencia de multiplicidad de factores que impiden garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, provocando desnutrición, hambre, propensión a enfermedades y desesperación en la población a nivel nacional.

A riesgo de parecer que estamos descubriendo el agua tibia, queremos enfatizar que la agresión internacional contra Venezuela, la caída de los precios del petróleo y de un adecuado control, seguimiento, vigilancia y fiscalización sobre créditos, inversiones, desarrollo y cumplimiento de los planes, programas y proyectos diseñados para la agricultura y la ganadería así como la corrupción de funcionarios, constituyen un caldo de cultivo para las prácticas ilícitas de comerciantes inescrupulosos, de los Dráculas de su mismo pueblo y de un variopinto abanico de delincuentes de este sector vital de la economía y de valor estratégico para el Estado. Estos factores posibilitan a todos ellos jugar a la escasez, acaparamiento y especulación, sin que sus víctimas tengan posibilidad alguna de eludir sus intolerables prácticas, que desconocen el derecho fundamental de los venezolanos a la alimentación y de paso, por su connotación, minan la misma estabilidad institucional.

El acorralamiento que sufre el pueblo es patético. Para nadie es un secreto que cuando sus preferencias son trasladadas hacia un producto de idéntico o similar valor proteico o vitamínico, buscando sustituir al de abusivo precio impuesto por la delincuencia del hambre, ésta enseguida lo remarca con idéntico o mayor precio. ¡ No hay escapatoria¡. Al pueblo venezolano se le persigue, se le acosa, se le acorrala. Los aumentos de salario destinados a fortalecer su capacidad adquisitiva son tragados por la avaricia del enemigo al día siguiente de ser decretados. Y allí mismo la delincuencia del hambre, respaldada por los "mass media", construye la falsa justificación para acusar al "responsable" de sus latrocinios: "La culpa es de Maduro por haber expropiado todas las tierras a los productores." "La Guardia Nacional asalta a los camiones transportadores de alimentos desde los centros de producción." "No se puede importar alimentos porque el Gobierno se robó todas las divisas."

Con esta "docta explicación" se pretende de contragolpe ocultar los logros de la Revolución Bolivariana, y se construye la idea más acabada de la inteligencia escuálida: "¡No hay ni papel "tualet", pero tenemos Patria!", a partir de la cual se oferta la opción de que es mejor un trasero limpio que vivir en una Patria libre. O sea, se promociona con desvergüenza la venta de culos aseados a cambio de entregar la libertad y convertir a Venezuela en colonia. En consecuencia, se espera por toda respuesta: ¡Que venga la "ayuda humanitaria¡". "¡Que nos invadan los yanquis¡"

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LA AGROINDUSTRIA NO SIEMBRA: IMPONE PRECIOS Y OFRECE INGESTA DAÑINA A LA SALUD,

MIENTRAS ACAPARADORES SE ADUEÑAN DEL MERCADO DE ALIMENTOS

Vamos a ser gráficos. El setenta por ciento (70%) de la producción nacional agropecuaria, piscícola y avícola se dirige hacia la agroindustria. Esta se dedica mayormente a empaquetar los cereales, granos, condimentos, café, pollos, aves; a envasar huevos, enlatar sardinas, vegetales y mariscos, reducir a mayonesas los huevos; y a salsas, los tomates, cebollas y ajos; así como embotellar en forma de jugos la producción frutícola. No tiene ni media hectárea sembrada, pero impone los precios y condiciones de pago.

Casi todo este abanico de alimentos procesados por la agroindustria carece de valor nutritivo o está impregnado de sustancias químicas que procuran su conservación o consumo masivo, pero altamente dañinas a la salud. Valga como ejemplo la harina precocida, la cual se obtiene previa extracción del aceite y la cáscara del grano de maíz, resultando que la arepa que nos comemos no es más que un "bagazo", ayuno de nutrientes, que llena pero no alimenta, con el agravante de no obligarse a los industriales a enriquecerla con vitaminas y minerales, como si deben hacerlo en otros países donde han emigrado sus productores.

Esto para no hablar de los jugos, que no son de naranja ni de piña ni de guayaba ni de mango, sino un coctel a base de agua con escasa proporción de pulpa de estos frutos, lleno de edulcolorantes, cafeína, ácido cítrico sintético, sabores artificiales y otros ingredientes químicos. Por eso se les encubre con la denominación de naranjada, "jugo con sabor a piña o guayaba", recurso que permite cubrirse en salud contra eventuales reclamos.

Ni tampoco para detenernos en hacer referencia a la harina de arroz desvitalizado, saborizada artificialmente, envasada como "crema de arroz". O a un pseudo yogourt líquido o a la leche líquida o a la mantequilla, que salvo excepciones, se trata de un menjurge de grasas y colorantes. O a quesos, sobresaturados de sal, de mala calidad que piratean la denominación de "parmesano" o inducen al error, al llamarse guayanés, holandés, gouda o edam. O a las papitas fritas u horneadas que el glutamato monosódico nos obliga a consumir en exceso, pulverizando nuestra salud. ¿Y qué decir del aceite comestible?: Un conglomerado de residuos de grasas saturadas o "grasas trans". Si hablamos de la producción porcina, ésta va dirigida hacia los productores de jamones, salchichones o salchichas y otras charcuterías.

El treinta por ciento (30%) de los alimentos producidos queda para el consumo nacional. Las hortalizas y verduras en un alto porcentaje son adquiridas por los monopolios que las distribuyen a su vez a los supermercados. El resto, es comprado a precios impuestos por intermediarios dedicados al mercadeo en la capital de la República y otras ciudades del país. Algunos de estos intermediarios, escondidos con la careta de productores, venden los rubros directamente en su flota de transportes en urbanizaciones y avenidas, sin pagar ninguna clase de impuestos, fijan arbitrariamente precios y sus balanzas carecen de todo control. Antes o después de la semana donde cae un día festivo, incrementan los precios porque dejan de mercadear los productos y lo justifican alegando accidente en la carretera o robos de la Guardia Nacional.

De compradores de segunda y tercera mano, cada uno de los cuales incrementa entre un 90% y un 150% el valor, adquieren a su vez carne, pescado, quesos, verduras y hortalizas todo género de revendedores que aumentan nuevamente en un 100% los precios y son beneficiados con la autorización de uso de plazas y avenidas para sus transportes y tarantines.

De más está decir, que el déficit de la producción de alimentos debe ser cubierta con importaciones, de las que toda suerte de comerciantes y sujetos corruptos e inescrupulosos obtienen grandes ganancias, con la manipulación de divisas, alteración de precios, falsas compras o doble facturación.

La crisis de alimentos alcanza hasta a los mismos restaurantes o a las llamadas tascas. Estos ya no pueden trasladar a sus clientes los precios especulativos y cartelizados de los monoploios, acaparadores o revendedores de alimentos, a sus clientes. Muchos han cerrado sus puertas. La clientela ha mermado considerablemente. No todo el mundo puede dejar en una sentada dieciséis millones de bolívares. Mesoneros, cocineros, barman y porteros han perdido sus puestos de trabajo.

En síntesis: Tenemos además de una escasez alimentaria y una especulación criminal, una alimentación homogeneizada, con base en una dieta sobreprocesada, dañina a la salud, basada en grasas, féculas, ingredientes químicos y cancerígenos, diferente a una ingesta de fibras, proteínas, vitaminas, frutas y vegetrales.

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¿QUÉ HACER?

Sin dejar de reconocer que muchos planes y programas dirigidos a fomentar e incrementar la producción agroalimentaria han arrojado resultados satisfactorios, es lo cierto que mayormente quien se aprovecha de los mismos es la agroindustria y los monopolios de distribución, cuyo comportamiento y postura política son de sobra conocidos. Atrapado en un círculo vicioso, el Gobierno ha venido haciendo el papel de pendejo. El grado de conciencia de los beneficiarios de créditos y programas está determinado por los intereses de la sociedad y ésta se ocupa de moldeársela sobre la base de sus propios intereses personales y el afán de lucro, por encima de cualquier otra consideración. No podemos esperar nada de ellos si la revolución no los involucra en un proceso de formación que les permita ser conscientes de sí mismos y de las condiciones y dinámica que moldean la sociedad alienante. No se puede contribuir al surgimiento o enriquecimientos de otros Cudemos.

Patético es el caso del cacao. Los beneficiarios de los créditos se lo venden a las chocolateras que lo pagan de inmediato y hasta ofrecen más que nuestro Gobierno, pues con el precio abusivo de las tabletas quedan suficientemente recompensados. Con las excepciones de rigor, igual comportamiento observan pescadores y campesinos.

Propondré ahora, como aporte para afrontar la crítica situación alimentaria por la que atraviesa nuestro país, sin que ello presuponga la negación de ninguna otra, las siguientes medidas:

1. La creación por el Estado de unidades agrarias, dedicadas a la producción de aves de corral, verduras, hortalizas, tomates, cebollas, papas, yuca, zanahoria, ocumo, ñame, plátano, frijoles y maíz y de cultivos estacionales de corto período, asumiendo directamente su dirección, con la finalidad de asegurar su distribución a través de Mercales, Pedevales y mercados municipales controlados por Alcaldías patriotas que respondan a una dinámica diferente al del simple afán de lucro , para su venta a precios justos, no subsidiados.

1. El Estado estará obligado a prestar interés a la piscicultura y la camaronicultura . Deberá contar como infraestructura, con los depósitos, jaulas y estanques necesarios para asumir esta actividad, atrayendo a jóvenes capacitados en el área, dispuestos a ofrecer sus técnicas y conocimientos requeridos en la cría de peces de agua dulce y mar.

1. Crear y articular con las comunidades medidas dirigidas a romper y prohibir los monopolios y oligopolios del agronegocio que afectan y distorsionan las políticas públicas, aprovechándose de ellas en detrimento de productores y del pueblo consumidor.

1. Política de protección de mercados y locales campesinos integrados por jóvenes concientizados, comprometidos con el proyecto de crear una sociedad socialista, y que garantice el apoyo a la comercialización directa con los productores, evitando la cadena de los traficantes de alimentos.

1. Creación de una flota pesquera a cargo del Estado, que permita el aprovechamiento de nuestra riqueza piscícola y camaronera, en beneficio de la alimentación de nuestro pueblo, evitando que continúe desviada hacia los intereses de las corporaciones.

1. Concesión de créditos blandos o créditos dirigidos a medianos productores y técnicos del agro, con la obligación contractual de colocar sus productos en las empresas comercializadoras del Estado .

1. Los productores agrarios beneficiarios de la cartera agraria deberán comprometerse contractualmente a vender al menos un cincuenta por ciento (50%) de sus rubros a la empresa o autoridad estadal encargada de la comercialización de los productos.

1. Definir sistemas capaces de garantizar precios justos para la producción campesina de alimentos y para el pueblo consumidor.

1. Implementar sistemas tecnológicos que garanticen que los productos alimenticios distribuidos por las empresas del Estado y mercados campesinos sean adquiridos sólo por la persona responsable o representante de la familia, con el fin de impedir que integrantes del grupo familiar tengan acceso a los mismos con el fin de aprovecharlos para su reventa o acaparamiento,

1. Protección legal y efectiva de las zonas agrícolas, evitando que éstas sean desafectadas o desaparezcan como consecuencia del crecimiento de las ciudades.

1. Los Mercales y Pedevales deberán servir de apoyo a la pequeña y mediana industria, permitiendo la colocación de sus productos, evitando convertirse, en lo que devinieron,: en simples compradores y distribuidores de los productos distribuido por los monopolios, una vez que éstos desacreditaron la calidad de los rubros de las Pymi.

1. Implementación de programas, en todos los niveles de la educación, instituciones públicas y centros de trabajo que suministren información precisa sobre la alimentación adecuada y promuevan un estilo de vida sana, para procurar que se abandone el modelo y los hábitos alimenticios inadecuados impuestos por la sociedad de consumo.

La creación de estas unidades agropecuarias, la actividad pesquera y las granjas avícolas, indudablemente servirán de marcadores de precios del mercado de alimentos, facilitando la fijación de precios justos y frustrará la política de desabastecimiento, acaparamiento y especulación impuesta por los enemigos externos e internos. En cada capital de Estado y centros de mayor densidad poblacional deberán fluir sin dificultad los rubros por ellas producidos, y se evitará su comercialización por terceros.

Como reflexión final, no está demás decir que la piscicultura y las unidades agropecuarias deberán responder a la dirección de un personal especializado, competente en la materia y no entregarse a manos improvisadas, ajenas al sector, cuidando que su funcionamiento se cumpla con el personal estrictamente necesario, evitando la burocracia parasitaria, procurando siempre la aplicación estricta de la ley, para controlar el ausentismo laboral y los reposeros de profesión. Norma inflexible que permitirá alcanzar los objetivos, metas y fines trazados, será el permanente control, vigilancia y seguimiento de su gestión por las autoridades en articulación con las comunidades,