La inseguridad en el Estado Nueva Esparta ha ido creciendo a un ritmo sumamente acelerado, donde los organismos de seguridad “no han podido o querido” implementar medidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos y sus bienes. Esta situación no escapa de los centros educativos donde se tiene noticias de casos de violencia esporádica dentro de dichos centros, que hacen recordar aquel adagio de la Edad Media sobre la existencia divina: “que no la veamos todos los días no quiere decir que no exista”. De episodios frecuentes nos enteramos sobre casos en Estados Unidos y Europa donde los planteles educativos se han transformado en el escenario de hechos violentos, en los que a menudo salen a relucir navajas, pistolas, revólveres y hasta fusiles de asalto. Situaciones que según estadísticas de CICPC también ocurren en nuestro País, incluida esta preciosa Isla. La violencia escolar siempre ha existido, tanto entre alumnos como entre éstos y los maestros. No está lejos el tiempo en el que se consideraba adecuado propinarle pequeños golpes al que no aprendía sus lecciones, en el entendido de que “la letra con sangre entra”, algunos recibían fuertes reglazos en la palma de las manos, otros eran guindados por la patilla o los arrodillaban en una esquina sobre granos de maíz. Con el tiempo esto ha ido cambiando y ahora con la Lopnna algunos niños y adolescentes son los que se toman la ley por propia mano amparados en nuestro ordenamiento jurídico y convierten los centros educativos en sitios indeseables.
En términos criminológicos, este fenómeno se traduce en la llamada “cifra negra”, la estadística de hechos denunciados no se compagina con la situación real. Algo muy frecuente en los casos de violación. La “cifra negra” generalmente surge cuando las víctimas dejan de hacer las denuncias ante las autoridades competentes, ya sea por factores tales como la desconfianza, el miedo, la vergüenza e incluso el cansancio. Lo cierto es que el problema está allí.
Otro de los casos de los que constantemente tenemos noticias es del hurto a los centros educativos, situación que se ha agravado en Margarita hasta tal punto que la Directora de la Zona Educativa está llamando a tomar la Gobernación para que el primer mandatario regional conjuntamente con todos los organismos de seguridad del Estado tomen cartas en al asunto. Los vándalos están acabando con computadoras, pupitres y hasta tizas y borradores, imagínense este nuevo año escolar cuando el gobierno nacional está equipando los centros de educación básica con computadoras personales para cada niño.
Hay que establecer una serie de políticas preventivas para erradicar esta práctica donde los propios familiares de estos choros se quedan sin poder recibir su educación por falta de equipos, mobiliarios y hasta las instalaciones que desvalijan. En estos actos delictivos presuntamente se encuentran niños y adolescentes quienes son formados por mayores para estas actividades y que después deciden “independizarse”, por lo tanto estos casos deben ser considerados en el Plan Regional de Prevención del Delito y Seguridad Ciudadana, que por cierto contempla la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el CLENE y rechazada por el Gobernador Morel Rodríguez.
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