Para el lunes 28 de julio se prevé el fallo de la jueza 44 de conocimiento, Sandra Liliana Heredia, sobre el proceso que se le sigue a Uribe Vélez, quien ocupó el cargo de presidente durante 8 años, uno de los períodos más violentos de la historia colombiana en que fue preponderante la intervención de los grupos paramilitares con el apoyo pleno de todos los órganos de régimen político oligárquico. La jueza de conocimiento de Bogotá, ha previsto que para esa fecha de finales de julio tendrá listo el sentido del fallo en el juicio contra Uribe Vélez sobre su manipulación de testigos.

Los delitos por los que la Fiscalía llamó a juicio a Uribe son soborno, soborno en actuación penal, y fraude procesal, los cuales tienen penas de seis a doce años de prisión cada uno, con posibilidad de prisión domiciliaria. El juez puede ordenar la captura del procesado tras el sentido del fallo o en la audiencia de sentencia. Esta decisión debe estar fundamentada en factores como riesgo de fuga, maniobras dilatorias o la magnitud de la pena.

Su decisión se conocerá luego de 4 meses de exposición de videos, documentos, audios, mensajes e interceptaciones, así como la declaración de 96 testigos, en el juicio más publicitado en la historia contemporánea del país.

La acusación es en calidad de determinanter, por lo que la jueza Heredia definirá si la fiscal del caso, Marlene Orjuela, logró probar que Uribe instigó a terceros a cometer esos delitos.

A este hombre, emblemático de la casta oligárquica violenta y sanguinaria que ha tenido el control del Estado por muchas décadas se le acusa, por ahora, de soborno de testigos, fraude procesal y fraude en actuación penal; Están pendientes de otros procesos por paramilitarismo, masacres, desplazamientos, asesinatos de líderes sociales y corrupción.

Este proceso concreto se inició con una investigación criminal desde el 2018, pero el momento central de la acción técnica judicial se dio en los últimos 67 días en que la jueza Heredia ha propiciado la intervención de todos los sujetos procesales en este juicio, que sentará un precedente histórico como en el pasado ocurrido con otro jefe de gobierno, el general Rojas Pinilla, acusado en el Senado (1958) de abuso de poder, extralimitación de funciones, y violación de la Constitución durante su gobierno.

Conviene resaltar que en el escenario judicial, la Fiscalía ha planteado de manera muy sólida, que sí existió un plan sostenido para manipular testigos reclamando un fallo condenatorio de AUV. La fiscalía solicitó de manera clara y firme un contundente fallo condenatorio contra Uribe Vélez en su calidad de determinante de las conductas punibles de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno. La Fiscalía demostró que Uribe coordinó con sus abogados, especialmente Diego Cadena, la manipulación de testigos, la redacción de cartas de retractación y la oferta de beneficios judiciales. Para la fiscal, no quedaba duda de que existía un plan uribista sostenido en conversaciones, visitas carcelarias y grabaciones.

Es la primera vez que un expresidente enfrenta un proceso penal en los estrados judiciales. El caso se remonta a 2012. En ese momento, el senador de Izquierda Iván Cepeda afirmaba ante el Congreso que sospechaba de la implicación del expresidente en la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar responsable de masacres y asesinatos.

Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al senador Cepeda, quien en esa época preparaba una denuncia contra él por presuntos vínculos con el paramilitarismo. Lejos de investigar a Cepeda, la Corte Suprema abrió un proceso contra Uribe por manipulación de testigos.

Uribe ideó, promovió y respaldó una estrategia orientada a manipular el curso de la justicia penal, utilizando a terceros con el objetivo deliberado de forzar la retractación de testigos clave.

Lo que han mostrado las investigaciones y según el análisis de la Fiscal, el expresidente, con ayuda de su abogado Diego Cadena, intentó sobornar testigos encarcelados para desvirtuar los vínculos con el paramilitarismo que Cepeda había denunciado.

Los hechos delictuales uribistas se desenvolvieron así:

Uribe pidió a la Corte que llamara a Arlington Mosquera, un reconocido jefe paramilitar, a declarar con el propósito de engañar a la justicia.

Aunque Uribe dijo que el día que Mosquera lo buscó dijo que tenía información sobre supuestos ofrecimientos de beneficios de Ivan Cepeda y de Ivan Velásquez (ex Ministro de la Defensa), sin que aportara pruebas para sustentar esa versión.

Los ex paramilitares Máximo Cuesta Valencia, alias "Sinaí", Elmo José Mármol Torregrosa, alias "El Poli" y Giovanny Alberto Cadavid Zapata alias "Cadavid", todos recluidos en 2018 en la cárcel de Combita, entregaron al tiempo versiones muy parecidas a la justicia para engañarla.

Concuerdan en que, en 2012, Iván Cepeda –por intermediación de la abogada Mercedes Arroyave– los abordó para pedirles que declararan que Uribe sí tenía relaciones con paramilitares, un cambio de beneficios jurídicos y económicos. Todas las declaraciones con errores de forma y de fondo.

De otro lado, en 2017 Diego Cadena fue a visitar al ex paramilitar Carlos Enrique Vélez, alias "Víctor", para pedirle una declaración a favor de Álvaro Uribe Vélez. La versión ya la había entregado Vélez en 2016 ante la Corte y Vélez repite esa versión a Cadena. Pero en 2018 se retracta y dice que lo que le dijo a Cadena fue a cambio de plata.