Por intermedio del correo electrónico, con fecha 20 de Marzo de 2007, se informó acerca de una decisión tomada por el Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes relacionada con el caso del bachiller Nixon Moreno, acusado por organismos oficiales de haber incurrido en diversos delitos (intento de violación de una mujer-policía, intentos de homicidios, provocación de desorden público y otras) y a quien se le ha abierto (o se intenta), según referencias, seguir un juicio penal. El mencionado Nixon Moreno se refugió en la Nunciatura Apostólica de este país y solicitó asilo político.
El Consejo Universitario, con la única excepción del Profesor Alirio Liscano, representante en ese Organismo del Ministerio de Educación, profesor que salvó el voto, aprobó un manifiesto o resolución del que, a continuación, extraemos la mayor parte, que muestra de modo claro y preciso la posición de este Cuerpo universitario en relación con el caso mencionado:
a) Tomado de la primera decisión de la resolución: “Expresar la solidaridad con el Br. Nixon Moreno en sus actuaciones por preservar por preservar su integridad y su seguridad personal por cuanto le han sido violados sus derechos a la presunción de inocencia a ser juzgado en libertad y a un debido proceso…”
b) Tomado de la tercera decisión de la resolución: “Solidarizarse con la solicitud formulada por el Br. Nixon Moreno ante la Nunciatura Apostólica, para que se le otorgue asilo territorial por razones humanitarias y por estar consignado en el artículo 89 de la Constitución de la República, además de no estar excluido del derecho de asilo consagrado en la Declaración General de las Naciones Unidas…”
c) Tomado de la cuarta decisión de la resolución: “Autorizar al Equipo Rectoral para que, junto a la Dirección del Consejo Jurídico Asesor, realice las gestiones a que haya lugar, para prestar la asistencia jurídico-administrativa que coadyuve a resolver la difícil situación en la que se encuentra el Br. Nixon Moreno.”
Debo aclarar antes del examen de este asunto que no pertenezco a ninguna asociación política (aunque, como ciudadano que soy, tengo opiniones definidas en relación con la política); que no conozco personalmente ni he sido testigo de las circunstancias del caso en que se ha visto involucrado el Br. Nixon Moreno. Tengo una opinión, sólo opinión, sobre esta cuestión la cual no viene al caso exponer aquí ni en ninguna parte. Me limito, pues, a intentar un análisis lo más objetivo y racional que pueda lograr en relación con lo resuelto por el Consejo Universitario de la Universidad de los Andes:
En toda sociedad de la cultura occidental (a la cual, querámoslo o no, pertenecemos) que posea las características de una nación, el orden público se ha establecido por medio de la existencia de un conjunto de costumbres tradicionales y por el poder de un Estado constitucional que regula el comportamiento de sus ciudadanos y actúa para preservar el orden indispensable para la existencia misma de la sociedad que representa y la consecución de sus fines. En los países democráticos, el Estado se divide en tres poderes independientes: el legislativo, que elabora las leyes; el ejecutivo, encargado de hacerlas cumplir, y el judicial, que juzga cuándo se infringe dichas leyes y qué medidas han de ponerse en práctica para castigar a quien las infringe. Cada vez que se presume o se pone de manifiesto la comisión de un delito, el poder ejecutivo es responsable de su descubrimiento e investigación, de la detención del o de los supuestos autores de ese delito y de la denuncia, ante el poder judicial, de este suceso para que este último poder tome las prevenciones adecuadas y decida seguir un juicio al (o a los) indiciados u ordenar su libertad. No son, pues, los ciudadanos o las instituciones privadas u oficiales del país las encargadas de ninguno de los pasos de este proceso ni de emitir juicios de ningún tipo que tengan validez alguna para que se extraigan de ellos conclusiones ni se realicen acciones. Los ciudadanos, cada uno o en grupo, tienen, eso sí, la facultad, si estamos en una democracia verdadera, de emitir sus opiniones ─cualesquiera que ellas sean─ sobre los distintos aspectos de la situación creada.
Por las razones antes expuestas, soy de opinión de que el Consejo Universitario en esta oportunidad ha tomado, según el contenido del varias veces nombrado “Manifiesto”, una posición indebida e incorrecta, y se ha extralimitado en las funciones que le competen de acuerdo con la Ley de Universidades vigente. Ni el Consejo Universitario de cualquier universidad, pública o privada, ni ninguna otra institución del país (sean estas iglesia, cuartel, grupo familiar, persona o asociación) están facultados para ejercer ninguno de los poderes que corresponden al Estado. Y es tal cosa, en esta ocasión (también en otras) lo que ha hecho el Consejo Universitario por medio de su “Manifiesto” o resoluciones y las medidas que de ellos se desprenden. El Consejo Universitario, en efecto, ha decidido por sí mismo que el Br. Nixon Moreno es inocente. No ha emitido, por otra parte, ninguna prueba ni señalado ningún hecho que apoye esta indebida decisión. Es decir, el Consejo Universitario ha usurpado la función del Poder Judicial, lo cual no sólo no le compete sino que, además, viola las funciones que le corresponden, según lo determina la Ley de Universidades. La Universidad (Véanse los Artículos 1, 2 y 3 de la Ley de Universidades) “es fundamentalmente una comunidad de intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre”. El Consejo Universitario no es la Universidad ni el Poder Judicial del Estado, y no debe hablar en nombre de ninguno de estos dos entes en cuestiones de la índole a la que se refiere el cuerpo de resoluciones. El Consejo Universitario ha emitido un juicio que bien pudieran no compartir varios de sus profesores e incluso de sus alumnos. El Consejo Universitario ha asumido una función fuera de sus atributos. En estos casos, un organismo como ése debe ser cauteloso y ponderado para no salirse de su cauce que bien claro le señala la Ley. No puede hablar por todos sino dejar que cada uno de ellos o varios en conjunto, emita públicamente, en cualquier asunto que importe a la vida ciudadana, sus opiniones, sus críticas y sus señalamientos. Es deseable que esto ocurra y hay que señalar que la Universidad de Los Andes es demasiado a menudo silenciosa ante el transcurrir de la vida diaria del país. Pudiera justificarse (aunque tal cosa no es lo más conveniente por la dificultad de separar la persona de sus cargos representativos) que todos los miembros que suscribieron el “Manifiesto” hubiesen hecho público su contenido, no en el nombre del Consejo Universitario sino en el suyo propio en su mera condición de ciudadanos y, por tanto, con carácter de opinión.
Repito que no sé si el Br. Nixon Moreno es culpable o inocente; en ninguno de los dos casos cabe la emisión del “Manifiesto” del Consejo Universitario. Más todavía, en la situación política que vive el país bien pudiera ser que por fines “politiqueros” y de afianzamiento de una autoridad absoluta encarnada en un hombre o en un partido, se violen leyes y derechos. Tal cosa sí sería, si ella es probada o demostrada, factible de crítica general (no en un solo caso particular) por parte de las Instituciones del país. Generalizar la conducta del Consejo Universitario y demandar el mismo procedimiento del “Manifiesto” cada vez que un profesor o un estudiante cometan un crimen, cuestión perfectamente factible, es convertir la Universidad en un antro del delito. El desliz y la falta cometida por el Consejo Universitario en esta ocasión se presta, por su clara evidencia, a la reflexión acerca de sus ocultas motivaciones. ¿Se trata de candidez o ignorancia de las autoridades de la Institución? No parece posible pensar que tales características puedan dirigir sus actuaciones. Es más probable que la motivación principal esté en un fenómeno que se ha extendido considerablemente, para mal de la sociedad entera y del país, como es el de la “politiquería”, la ambición de poder y de capturar y manipular las masas votantes en torno a las figuras que de ese modo proceden.
Mérida, Abril de 2007
akbar4658@hotmail.com
