Dar casa por cárcel a un ladrón de miles de millones de recursos públicos resulta tan peligroso como es como dejar en libertad al homicida de alguien.
El diccionario nos asocia el término “peligro” a algo físico que nos puede ocurrir. Algo que nos puede herir o matar. Nos dice que estamos en peligro cuando corremos algún riesgo o contingencia inminente de que suceda algún mal.
El diccionario debiera revisar el alcance de este término, indicando que “peligro” es algo más que un riesgo físico como, por ejemplo, el peligro social que se corre de que algún funcionario corrupto se robe los dineros destinados al bienestar y progreso social.
El término “crimen”, igualmente, lo tenemos asociado a la muerte. Cuando oímos decir “criminal”, pensamos inmediatamente en un asesino.
Y resulta que “crimen” es también una acción indebida o reprensible.
Basados en la primera idea que tenemos de peligro, los jueces de la república de Colombia, deciden con frecuencia dar casa por cárcel a delincuentes de la talla del ex ministro Andrés Felipe Arias, por poner cualquier ejemplo (hay muchos más), con el peregrino argumento de que “no representan un peligro para la sociedad”.
Si los Nule –otro ejemplo-, no son un peligro para la sociedad ¿qué cosas son entonces peligros sociales?
Según esta curiosa jurisprudencia, robar dineros públicos no implica peligro social y el criminal, en tal caso, puede irse tranquilo a casa. Con el mismo argumento pudiera enviarse a la casa a un asaltante de bancos que no haya hecho más que llevarse el botín porque, al parecer, sólo los que matan constituyen un peligro social.
Esta laxa interpretación ha generado, por demás, mucha corrupción en las esferas judiciales porque, decidir lo uno o lo otro, es apreciación muy subjetiva del respectivo juez. Es decir, la norma tampoco es muy precisa, como sí lo es, en cambio la muerte criminal que pondera el delito conforme a ley.
Por eso es que se arruga el espíritu cuando vemos que un pendejo se gana cuatro años de cárcel por tocarle el culo a un churro y, en cambio, estos tiburones, expertos en saquear los fiscos públicos, cuando caen –y caen muy pocos- salen a disfrutar de su crimen a las poltronas de sus lujosas residencias.
Son “cositas” en las que debiera pensarse también, a la hora de hacer “reformas judiciales”, o prohibir el porte de armas con o sin salvoconducto.
