Una violación permanente de los Derechos Humanos. Caso: Colombia

De acuerdo a lo publicado en el VI Informe sobre los Derechos Humanos en Colombia, (documento emitido por las Naciones Unidas) y la Sexta Delegación Asturiana, la situación político y social en ese país dista mucho de quienes afirman que con la ayuda de los EE.UU se combate cada día el terrorismo y el crimen.

Tal y como arrojan las noticias en gran parte del hemisferio, en el mundo de cada diez sindicalistas muertos, nueve son colombianos. En los últimos 20 años han muerto más de 70.000 personas, entre 15.000 y 30.000 han sido víctimas de desapariciones donde la población civil es la más castigada. Ataques, desplazamientos forzados, asesinatos extrajudiciales, hostigamiento, detenciones injustas, amenazas, persecuciones e intimidaciones constantes hacen eco lo de lo que acontece hoy en Colombia, a más de 40 años de guerra.

En la actualidad, se nos ha pintado a Colombia como la democracia más sólida en toda la región, afirmación que difiere mucho en creerse ya que los hechos demuestran otra realidad. Una ‘democracia militarizada’ que apunta al control total de la situación que azota al país en medio de un conflicto armado que afecta notable y permanentemente a los más débiles, (campesinos). Se acusa a Venezuela por ejercer el derecho legítimo de reforzar y renovar el armamento, la capacidad tecnológica y la flota aérea de su Fuerza Armada Nacional, mientras que en Colombia se maneja el presupuesto militar más alto de todo el continente no con la intención de defenderse, sino de atacar, como así mismo ejercer el terror dentro y fuera de sus fronteras.

A lo largo y ancho de la extensa geografía de ese país, las Fuerzas Armadas Colombianas (Fuerza Pública del Estado) ha desplegado todo un operativo militar, con objetivos muy claros y precisos. Debido a su complicada geografía, el gobierno colombiano ha importado tecnología militar foránea, específicamente estadounidense e israelí, con intensión de tener un control más efectivo sobre los territorios afectados por el conflicto armado, logrando en ello que la CIA y el MOSSAD sean los agentes motores de tales actividades. A través de estos mecanismos, las fuerzas extranjeras podrán tener la mesa servida en lo concerniente a esa situación, tomando concesión para inmiscuirse fácilmente en los planes que desarrolle el Ministerio de Defensa colombiano. Esto puede concretarse en lo inmediato, logrando con ello la intervención directa y presencial de organismos ajenos al conflicto.

Según cifras oficiales estos operativos militares han ocasionado la muerte de miles de civiles, entre ellos campesinos y jóvenes no mayores de 30 años. De manera sistemática y organizada los pequeños campesinos y agricultores propietarios de sus tierras, son desplazados de sus territorios por parte de las fuerzas públicas para el cultivo de palma, (planta utilizada como biocombustible) generando deforestación, desequilibrio ecológico, pobreza entre los habitantes de esos sectores y muchísimas ganancias para las transnacionales que se encuentras tras bastidores. Es decir, todo un conflicto donde indiscutiblemente la cuerda revienta por el lado más flaco.

Referente a la situación laboral en ese país, miembros de la CUT ‘Central Unitaria de Trabajadores’ (organismo sindical colombiano), fueron vilmente asesinos en el año 2001 doscientos cinco miembros de esa organización por el derecho a reclamar tierra para los campesinos, educación y salud pública. Solo en el año 2009 fueron reportadas la muerte de 40 afiliados a la CUT, situación que ha persistido hasta nuestros días. Frente a ello, en 23 años transcurridos, existe una totalidad de 2734 muertes. Durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, se suman 570 personas a esa lista, reinando con ello el temor, la injusticia, y la impunidad.

Con todas estas cifras, Colombia se coloca entre los 25 países donde más se violan los derechos sindicales, los derechos humanos y la libertad de prensa. Aunado a todo esto, es el gobierno quien promueve una cultura antisindical a través de la intimidación y el chantaje, favoreciendo marcadamente los intereses de los grandes consorcios capitalistas asentados en ese país.

La realidad lo ha demostrado, el ‘Movimiento Sindical Agrario’ que otrora fue una fuerza laboral importante, cesó en sus funciones debido a las amenazas permanentes, al peligro de sindicarse legalmente y al temor de sus integrantes. Tal organización ya no existe, debido a que el principal objetivo del gobierno es erradicar la insurgencia, confundiendo esta inspiración con el libre desenvolvimiento del movimiento campesino en los diversos departamentos y zonas afectadas por el conflicto. En las zonas ocupadas por los paramilitares y la guerrilla, es frecuente la presencia del Ejército Nacional, sin embargo; muchos habitantes de esos sectores afirman con vehemencia que son acorralados por los militares, haciéndolos pasar por colaboradores de las FARC. Ante eso, sus casas son allanadas, sus propiedades saqueadas, siendo estas personas víctimas de la extorsión como producto directo de los daños que ejerce la fuerza pública respaldada y apoyada por el Estado.

No sólo son los trabajadores afligidos, una gran proporción de la masa estudiantil colombiana es perseguida por las autoridades. Los cuerpos de inteligencia del Estado ofrecen cuantiosas sumas de dinero a estudiantes “soplones” para delatar a otros estudiantes en función de interrumpir cualquier intento de organización, protesta o desaprobación hacia el gobierno. Más de 350 estudiantes han sido torturados y 20 asesinados, mientras que la prensa pro-uribista reporta que estas muertes se deben a “crimines pasionales”. La mayoría de los estudiantes detenidos arbitrariamente son judicializados y en la mayoría de los casos son catalogados de “terroristas” o en su defecto: miembros de la guerrilla.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reporta que: “Colombia es el país con más refugiados internos. La población desplazada a causa de la violencia supera los 3.5 millones de personas”. Campesinos, estudiantes, todos han pagado los platos rotos, entre ellos también las comunidades indígenas, las cuales han sido castigadas por la violencia desatada cerca de sus territorios ancestrales, donde sus derechos han sido vulnerados por su negativa a involucrarse en las hostilidades. En el año 2009 se reportaron 114 muertes, en su mayoría indígenas nativos en el Departamento del Cauca, al sur de Colombia. Miles fueron víctimas de los desplazamientos forzosos y maltratos por parte de las autoridades locales y del ejército. La principal causa del conflicto: la falta de tierras y el no reconocimiento por parte del Estado a la propiedad sobre esas comarcas y sobre los resguardos indígenas.

Se habla de un proceso de construcción de paz, de un escenario donde han disminuido las tensiones pero todo eso con la mera intensión de callar la resistencia cultural indigenista, el avance de los movimientos sociales y las organizaciones sindicales. La constante violación a los derechos humanos continua, con especial énfasis a los pueblos indígenas y a los sectores más vulnerables de ese país.

La ONG Amnistía Internacional reveló que “Decenas de miles de civiles han perdido la vida en el conflicto. Miles de personas han sido víctimas de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad o de los paramilitares”…En base a estos datos, en el año 2007 estalló un escándalo en el Municipio Soacha (Cundinamarca) cuando 19 jóvenes desaparecieron repentinamente de esa localidad para la luego aparecer asesinados injustamente en el Departamento del Norte de Santander, mostrados por el ejército como si se tratase de “guerrilleros caídos en combate”. Estas operaciones las han denominado “falsos positivos” lo cual es traducido como la práctica del asesinato y exterminio sistemático de civiles y campesinos que son disfrazados (después de muertos) como guerrilleros ó insurgentes, siendo llamados por los organismos oficiales: ‘colaboradores del terrorismo’.

“En Colombia, los escuadrones de la muerte, que dicen ser grupos de limpieza social, también empezaron matando guerrilleros, y ahora matan a cualquiera, al servicio de los comerciantes, los terratenientes, o de quién guste pagar”. (Galeano: 2007:91). El clamor de las madres que pierden a sus hijos por ser “confundidos” de insurgentes y terroristas es un llanto interminable que no se detiene porque el dolor y el sufrimiento las embarga completamente. A cambio de estas terribles muertes, los militares implicados en tales operaciones son complacidos con ascensos militares, días de permisos y dinero. A día de hoy, la fiscalía colombiana está investigando más de dos mil muertes extra judiciales a causa de lo que se ha mencionado anteriormente–falsos positivos–clasificado por la ONU como: CRIMENES DE ESTADO.
Debido a lo alarmante que han sido estos hechos, el periodismo responsable, veraz y oportuno, ha decidido informar a la colectividad sobre dichos crímenes. Como situación no ajena a este conflicto, ejercer el periodismo en Colombia se ha vuelto un oficio muy peligroso. Según cifras de la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa) las muertes de periodistas han disminuido porque las amenazas han aumentado exponencialmente, trayendo como consecuencia, un silencio latente que no permite divulgar lo que realmente acontece. El DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) se ha encargado de interceptar llamadas de periodistas, etiquetados por este organismo de “sospechosos” ó “sapos” que intenten difundir información concerniente a los crímenes cometidos por el Estado.

La situación de los periodistas colombianos es grave, el narcotráfico, los paramilitares y agentes del Estado, le han declarado la guerra abiertamente al periodismo disidente. El presidente Uribe (aún en funciones) los ha incriminado como cómplices del terrorismo por el simple hecho de denunciar a sus políticos y a sus ‘políticas’ corruptas. En uno de sus discursos, declaro lo siguiente: “..politiqueros al servicio del terrorismo, que cobardemente se agitan en la bandera de los derechos humanos para tratar de devolverle a Colombia, al terrorismo, el espacio que la fuerza pública y que la ciudadanía le ha quitado”.

El ejercicio de matar a personas inocentes en Colombia se ha convertido en un oficio, justificado por la política guerrerista de Álvaro Uribe Vélez y que ahora lo relevará su homologo Juan Manuel Santos. ¡¡Ganas no le faltarán al señor Santos!!

En vista a todo esto, el pueblo colombiano resiste y sabe que la batalla es hasta el final. Campesinos, estudiantes, pequeños agricultores y periodistas han perdido el miedo a lo anteriormente ocurrido, ahora la guerrilla no es una intimidación; la amenaza es otra: el Ejército, los paramilitares y la fuerza pública.


COLOMBIA EN SANGRE, COLOMBIA LLORA.


(*)Sociólogo y Analista Político.

julioguerraa@gmail.com


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