El obligaíto: ¡Recargado!

La voz se corre en la ciudad: ¡ya lo abrieron de nuevo! Las familias y grupos de amigos se animan a salir juntos a visitar el mercado inaugurado. No hay mucha gente cuando llegan, lo cual es un alivio; una pequeña señal de que las cosas pueden ser como antes. Ante ellos se les presenta un paisaje que hace tiempo no veían: pasillos amplios e iluminados, una larga hilera de cajas y sus cajeras, anaqueles llenos, ¡llenos!; el personal atentamente saluda e invitan a entrar. Atienden la cortesía con el ánimo de un niño que tiene ante sí puerta franca en un parque infantil.

Cada quien elige un pasillo y en sus anaqueles encuentran productos que hace tiempo no veían, ni en la televisión; es inevitable rememorar "buenos tiempos". Apuran el paso y los ojos dudan donde posarse, se quiere ver todo a la vez. Al rato se ralentiza la caminata, se empiezan a observar las etiquetas que marcan los precios y aparece el bochorno, pues en el bolsillo no hay para pagarlos, incluso si no se tocara por meses.

Puedes comprar productos regulados, que además están en el anaquel ¡a la mano!; pero una chica que sonríe te informa que siempre y cuando lleves otras cosas por un valor cercano a lo que ganas en un mes. Así llega la decepción, y hasta la rabia; lo que Omar dijo al periódico, no se parece a lo que se acaba de vivir. Salen como entraron, con las manos vacías y lo poco que les queda en sus tarjetas. Mientras miran con cierta congoja a las pequeñas filas de personas que hacen los pagos en las cajas, anhelando estar algún día en ellas.

A la fecha se han inaugurado cuatro de los cinco mercados previstos en el Zulia, en una estrategia con la cual el gobernador Omar Prieto se propone "aumentar la venta de productos de la cesta básica y distribución de carne a precios justos", mediante alianzas estratégicas con el sector privado. Examinemos un poco como funciona en la realidad esta política más allá del anecdótico inicio, que construí con trozo de los relatos que escuché y lo que pude observar.

Para ponernos en contexto debemos hacer referencia al pasado reciente, donde hemos observado las acciones de empresarios vinculados al sector comercio haciendo contactos con personeros del gobierno local y regional para buscar facilidades en el negocio de los supermercados, lobby como dicen en el norte. La primera facilidad la consiguieron con Francisco Arias Cárdenas, quien permitió la entrada de productos de la cesta básica, sin mayores regulaciones tributarias y aduaneras. Sobre esta "apertura" se crearon los establecimientos pasaron a denominarse "Market" o mercados en castellano (los cuales en muchas oportunidades tenías el prefijo mini). En estas islas, encontramos en los anaqueles todos los productos que los consumidores y las consumidoras añoraban, pero a precios prohibitivos, lo cual configuró un mercado exclusivo por decir lo menos. La búsqueda de facilidades no acabó allí, apenas comenzaba.

Mientras se aumentaba la oferta privada, la red de supermercados pública, en particular la Red de Abastos Bicentenario estaba siendo desmantelada de diversas formas, pues, la existencia de productos era escasa, la gestión del proceso social de trabajo violatoria de la norma laboral, la gerencia y operación del negocio deficiente y corrupta, la atención a la gran cantidad de usuarios cuando había productos regulados era más que indigna. El resultado: en un escenario de gran crítica social, cerraron.

En estos momentos los empresarios y empresarias aludidos han logrado conseguir una joya de la corona, pues frente al desmantelamiento de la Red de Mercados Bicentenario, el gobierno regional con Omar Prieto a la cabeza les asignó las infraestructuras, mobiliario, equipos y personal que quedaba, además de la patente de corso o en este caso especular impunemente.

Superada las consideraciones previas procedemos. Primeramente, constatamos que la administración es privada, aunque existen trabajadores y trabajadores que siguen siendo pagados por el Estado venezolano (la entidad privada paga un bono de aproximadamente doce mil bolívares). En segunda instancia la ciudadanía desconoce los acuerdos comerciales establecidos, pues la alianza prevé el uso de instalaciones, mobiliario estatal y hasta presencia policial permanente (extrañamente con equipo antimotines); por lo cual surge la pregunta ¿Qué gana el Estado en esta negociación?

En esta alabada alianza observamos una gran contradicción, pues se propone facilitar la adquisición de los productos regulados, pero existe un condicionamiento de su venta, como se denomina en términos legales o exigen el pago de un "obligaito" en términos populares, el cual a principios de diciembre superaba en ochenta por ciento del salario mínimo nacional.

Finalmente se observa que los precios de los productos ofertados en estos establecimientos varían diariamente, por ejemplo, a finales de diciembre un kilogramo de detergente para lavar ropa tenía un valor de mil setecientos bolívares soberanos, a la fecha supera los diez y seis mil bolívares ¿Qué explica este comportamiento? Asimismo, algunos productos de la cesta básica cuyos precios están regulados se ofertan a precios superiores a los que los ofertan los bachaqueros en el mercado informal, así pues, antes de escribir este artículo el arroz blanco se ubicaba a dos mil quinientos por kilo o la azúcar por kilogramo en más de cuatro mil bolívares.

No se corresponde lo que se pretende hacer con lo que se hace en el caso de estas alianzas gobierno regional y empresas privadas en el Zulia en el sector de comercialización de alimentos, lo que suscita una reflexión final. Podemos afirmar que la socialización de los mecanismos de corrupción existente en la Red de Abastos Bicentenario comprometió significativamente el objetivo: acceso del pueblo a productos de la cesta básica a precios justos. Hoy la corrupción corporativa también compromete este objetivo, lo grave en este caso es que tienen el apoyo expreso de actores políticos del chavismo. Si existe una guerra de la oligarquía contra el pueblo en palabras de Tony Boza, ¿esta alianza a que bando favorece?.



Esta nota ha sido leída aproximadamente 432 veces.



Jesús Alberto Rondón

Sociólogo, se desempeña como Facilitador en el Inpsasel, ha sido electo Delegado de Prevención (2011-2013 y 2013-2015) y es Vice-Presidente del Consejo de Vigilancia de la Caja de Ahorros de los Trabajadores y Trabajadoras del Inpsasel (2.011).

 jesusalbertorondon@gmail.com      @jxrondon

Visite el perfil de Jesús Alberto Rondón para ver el listado de todos sus artículos en Aporrea.


Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales


Síguenos en Facebook y Twitter



Jesús Alberto Rondón

Jesús Alberto Rondón

Más artículos de este autor



US mp N GA Y ab = '0' /actualidad/a275828.htmlCd0NV CAC = Y co = US p hace 3 = NO