Asume un diálogo viciado y claudicante con la Oposición que combate el orden constitucional de la República. El montaje de este diálogo refleja la profunda crisis política que atraviesa el Gobierno y sus fuerzas partidarias organizadas en el PSUV. Refleja que la Revolución se encuentra en una encrucijada política y el Gobierno en un estado de ingobernabilidad que vulnera la capacidad de garantizar el apego al Estado de Derecho consagrado por la Constitución de la República.
Nadie entiende, excepto los líderes del Gobierno y el PSUV porqué razón el Gobierno legítimo de la República ha de emprender un diálogo de supuesto entendimiento con la Oposición fuera de las normas y las reglas constitucionales que rigen el comportamiento y los derechos de los actores políticos.
Con un diálogo viciado jurídicamente el Gobierno le concede a la Oposición una instancia de entendimiento fuera del orden constitucional, reconociéndole un poder político que no ha logrado con apego al orden constitucional de la República. Es falsa por lo tanto la declaración del Presidente N. Maduro que ese diálogo ha de efectuarse respetando la Constitución. El mismo diálogo en sí es el primer irrespeto a la Constitución.
La oposición política está obligada a respetar so pena de encarar las consecuencias del Poder Judicial el orden constitucional de la República. Bajo este entendido el diálogo es de la Oposición con sus seguidores y de tener capacidad y convocatoria para ello con la sociedad en el marco de los preceptos que el orden democrático de la República exige a todos y facilita a todos.
Aceptar por parte del Gobierno el chantaje político de una Oposición golpista, violenta y convencida de que cualquier vía es válida para intentar derrocar los poderes constitucionales de la República, incluido este diálogo inconstitucional que ja forzado con sus procederes antidemocrático, constituye la mayor señal de debilidad y no apego a la Constitución del propio Gobierno.
Aceptar para un diálogo viciado de ilegitimidad constitucional la mediación de expresidentes como Rodríguez Zapatero, connotado artífice de la debacle neoliberal de España es poner al Gobierno y a la fuerza política que lo legitima en posición de incredibilidad política severa.
Aceptar como mediador del diálogo viciado política y jurídicamente a la Iglesia Católica es concederle a dicha institución el rango político que no debe bajo ningún concepto ejercer dada la separación constitucional del Estado y la Iglesia en el ejercicio de sus funciones y objetivos. La Iglesia Católica debe dialogar con el pueblo en su mayoría apegado a dicha religión, invocar a la paz cristiana y no explotar posiciones de poder político, siempre pro capitalistas y por ello anti social, que la debilidad del Gobierno le facilita.
Aceptar como una de las primeras medidas del diálogo viciado la liberación de ciudadanos por delitos comunes castigados por el Código Penal y el Poder Judicial en el ejercicio de su independencia constitucional es un golpe de extensas consecuencias negativas para el orden constitucional de la República y la percepción social sobre la justicia. Una justicia benevolente para los políticos y activistas violentos pero cruda para todo otro delincuente común y corriente. Ante esta decisión jurídicamente viciada en un Estado de Derecho estos ciudadanos han dejado de ser "políticos presos" para convertirse de facto en "presos políticos" que el Gobierno ahora libera por encima del Poder Judicial. Es absolutamente falsa y falta de ética la declaración de la Canciller de la República de que la liberación de los políticos y activistas presos "es una señal que contribuye al diálogo". Es todo lo contrario. Una señal a la sociedad de que los políticos presos y ahora liberados por el Gobierno, puntualizamos, por encima del Poder Judicial constituyen una casta premiada con la impunidad ante la Justicia.
La Oposición antidemocrática, golpista, violenta y defensora a ultranza y al costo de vidas de venezolanos del poder de la burguesía y la oligarquía que mantienen a Venezuela al borde del colapso recibe un premio anticonstitucional. Un premio político por sus posiciones de chantaje y decisión de derrumbar el orden constitucional que la Revolución defiende. De derrumbar el orden social que ha llevado a millones de venezolanos la dignidad humana y el derecho de ciudadanía.
Venezuela se encuentra atrapada en una crisis económica estructural cuyos efectos son demoledores para la supervivencia de la propia Revolución y el porvenir de las mayorías populares. El voluntarismo político en el manejo de la economía agrava la crisis. El Gobierno ha perdido la capacidad de gobernabilidad macroeconómica. En consecuencia el comportamiento caótico de los agentes microeconómicos sume a la sociedad en un estado de cuasi emergencia existencial.
Mientras tanto a la vista sigue un horizonte de soluciones viables que el Gobierno rehúsa. No hay razones irreductibles para la inflación galopante que asfixia a la economía, las reservas del Estado y la vida de los ciudadanos. No hay razones irreductibles para seguir permitiendo el desajuste cambiario que golpea a la economía del país de manera implacable. No hay razones irreductibles para el desabastecimiento crónico ante una demanda fuertemente redimensionada por el poder adquisitivo de la población. No hay razones irreductibles para el irrefrenable endeudamiento exterior del Estado y el pago de tan enormes intereses al capital internacional en detrimento de la soberanía económica y el propio desarrollo social. No hay razones irreductibles para la extraordinaria fuga de capitales del país. No hay razones irreductibles para mantener el poder financiero y bancario en manos de las oligarquías. No hay razones irreductibles para el desequilibrio macroeconómico que pone de patas arriba todo el tejido económico del país. No hay razones irreductibles para que el modelo de economía social no avance en explosión exponencial y la revolución tecnológica no lo acompañe.
En este terreno la Revolución y su Gobierno pierden por voluntad propia la batalla política que debiera ya estar a estas alturas definitivamente a su favor. El diálogo contrarrevolucionario con la oposición antidemocrática y golpista no ofrecerá soluciones algunas ante el rumbo de la Revolución hacia una peligrosa implosión socioeconómica. Todo lo contrario. La realidad demuestra que la revolución social en marcha que viene sacando de la exclusión y la miseria a las mayorías preteridas por los gobiernos burgueses no es suficiente para mantener el voto favorable de las masas.
La Revolución Bolivariana, su fuerza política el PSUV, su Gobierno dirigido con arrojo por su Presidente N. Maduro demuestran no estar en condiciones de garantizar la consolidación institucional, económica y social del proceso revolucionario. O la Revolución va a las raíces en pos de la transformación socialista democrática de la sociedad, la economía y el estado o perecerá ante las propias urnas que le han dado la victoria desde hace 18 años. La victoria democrática por un amplio margen de esa Oposición antidemocrática en las pasadas elecciones parlamentarias, de esa Oposición a la que hoy el Gobierno premia adicionalmente con un estatus político inconstitucional, ha sido una señal premonitoria subestimada por la Revolución y su partido el PSUV.
Esta es toda la paradoja política y el reto a enfrentar.
