25 ene. 2017 - La defensa de los dos sobrinos de la primera dama venezolana, Cilia Flores, acusados de conspirar para traficar 800 kilos de cocaína de Venezuela a Estados Unidos, solicitan nuevo juicio y alegan que hubo falta de evidencias en el proceso en el que se les halló culpables.
Aseguran que hubo fallas de procedimiento y de prueba y critican que "para el veredicto se haya mantenido las evidencias suministradas por el testigo confidencial del gobierno CS1", reseña en su blog Maibort Petit, periodista del El Nacional que ha seguido el caso.
El documento al que tuvo acceso la periodista venezolana, señala que el testigo CS1, José Santos Peña, quien participó en la operación que condujo a la captura de los familiares del presidente Nicolás Maduro, cometió perjurio y violó las leyes norteamericanas, y el uso de su testimonio constituye una injusticia manifiesta.
Durante el juicio, la defensa de los sobrinos Flores logró comprobar que el informante, José Santos Peña, había estado mintiendo a la DEA mientras participaban de forma secreta en sus propios negocios de narcotráfico.
Los abogados de Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas creen que se trata de "un caso criminal extraordinariamente raro", y sostienen que el juicio tiene la marca de un testigo principal cuya reputación se vio marcada por una averiguación relacionada a otro caso.
Además, reiteran que las drogas nunca fueron obtenidas por los investigadores y el único actor del Gobierno que vio los presuntos estupefacientes fue detenido durante la investigación y posteriormente juzgado por haber mentido al Gobierno.
Petit reseña en su blog que Campo Flores y Flores de Freitas creen que la Corte no debería aceptar que sean sentenciados, ya que se les negó el requisito más básico de justicia.
En tal sentido, solicitan a la Corte conceder la moción para la absolución del juicio o alternativamente, ordenar un nuevo juicio.
Efraín Campos Flores y Franqui Francisco Flores De Freitas, sobrinos de la primera dama venezolana, fueron declarados culpables el 18 de noviembre en una corte de Nueva York, por conspirar para introducir 800 kilos de cocaína en Estados Unidos.
