18 de mayo de 2017.- En el transcurso de este semana se llevará a cabo un segundo proceso de amparo ante la Inspectoría del Trabajo del municipio Valencia, César Pipo Arteaga.
Así lo informó, Eliana Leal, representante del Sindicato de las y los trabajadores de la empresa ensambladora General Motors (GM), ubicada en parroquia Rafael Urdaneta y que cerró repentinamente sus puertas el pasado miércoles 19 de abril.
En este sentido, la vocera laboral, recordó que el pasado viernes 12 de mayo, se inició una jornada en la Inspectoría del Trabajo, con el objetivo de amparar a más de 2 mil 700 trabajadoras y trabajadores de GM, luego que ésta el pasado 19 de abril decidiera informar mediante un comunicado de prensa el cese de sus operaciones en Venezuela, luego de 68 años de ensamblaje en el país.
Leal señaló que el inicio del operativo fue exitoso, ya que en un día se alcanzó amparar a 890 trabajadores y que esta semana se estarán recibiendo al resto de los trabajadores en la Inspectoría del Trabajo. Indicó que el pasado 22 de abril de este año, en asamblea con los trabajadores se levantó un acta por parte del inspector jefe del trabajo, el jefe de procuraduría y la jefa de la sala de supervisión, dándole protección a todas y todos los trabajadores, puesto que en sus cuentas bancarias fue depositado un dinero que todos desconocían y no se reconoció como liquidación de prestaciones sociales, ya que hasta el momento se desconocía la condición de los trabajadores.
En este sentido, lseñaló que no hubo un despido formal o legal y que aunado a eso los trabajadores y las trabajadoras “estamos investidos de inamovilidad laboral y de otros fueros especiales contenidos en la LOTTT y que para que se dé el cese de la relación laboral debe ser acordado entre las partes”. De acuerdo a Leal, transcurridas dos semanas del cierre de la planta, comenzaron a llegar unos sobres a las casas de los trabajadores con un recibo del pago de las supuestas liquidaciones, así como una notificación del cese de la relación laboral con la ensambladora, por lo que de inmediato se procedió a notificar a las autoridades y por lo que se inició el amparo formal.
Es de recordar, que la citada empresa argumentó ser víctima de un embargo judicial ejecutado por el Juzgado 3° de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, que favorece a dos concesionarios. De acuerdo al referido embargo, la trasnacional debe cancelar a dichos acreedores un monto por 476 mil millones de bolívares, cantidad, que según estimaciones de los trabajadores, no cuesta ni la décima parte del valor de los activos y el inventario que tiene GM en Venezuela.
