Latinoamérica empuja a un Washington reacio a que apoye la democracia en Honduras

El golpe militar que derrocó al presidente electo de Honduras, Manuel
Zelaya, provocó repudio unánime a nivel internacional. Pero la respuesta
de algunos países ha sido más reacia que la de otros y la ambivalencia
de Washington ha comenzado a despertar sospechas acerca de lo que
realmente el gobierno estadounidense está tratando de lograr en esta
situación.

Las primeras declaraciones de la Casa Blanca en respuesta al golpe
fueron débiles y evasivas. En ellas no se denunciaba el golpe, sino más
bien se hacía un llamado a “todos los actores políticos y sociales en
Honduras a respetar las normas democráticas, el Estado de derecho y los
principios de la Carta Democrática Interamericana”.

Esas declaraciones diferían con las de otros presidentes del hemisferio,
como Lula da Silva de Brasil y la presidenta Cristina Fernández de
Argentina, quienes denunciaron el golpe y exhortaron a que se
restituyera al presidente Zelaya. La Unión Europea también emitió una
respuesta similar, menos ambigua y más inmediata.

Más adelante, ese mismo día, a medida que la respuesta de otras naciones
se hizo más clara, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, hizo una
declaración más fuerte en la cual se repudiaba el golpe – pero sin
referirse a éste como un golpe. Además, no hacía mención alguna sobre el
retorno de Zelaya a la presidencia.

La Organización de Estados Americanos, el Grupo de Río (la mayor parte
de Latinoamérica) y la Asamblea General de las Naciones Unidas han todos
llamado a que se dé el “retorno inmediato e incondicional” del
presidente Zelaya.

Las fuertes posiciones desde el Sur resultaron en declaraciones anónimas
de funcionarios del Departamento de Estado que mostraban más apoyo al
retorno del presidente Zelaya. Para la tarde del lunes, el presidente
Obama finalmente declaró: “Nosotros creemos que el golpe no fue legal y
que el presidente Zelaya sigue siendo el presidente de Honduras...”

Pero más tarde, ese mismo lunes en una conferencia de prensa, se le
preguntó a la secretaria de Estado Clinton si “restaurar el orden
constitucional” en Honduras significaba el retorno de Zelaya. La
secretaria nunca dio una respuesta afirmativa.

¿Por qué tanto recelo en llamar abiertamente al retorno inmediato e
incondicional de un presidente electo, así como lo había hecho el resto
del hemisferio y las Naciones Unidas? Una posibilidad obvia es que
Washington no comparte estos objetivos. Los líderes del golpe no tienen
apoyo internacional pero aún podrían tener éxito en lograr que pase el
tiempo – Zelaya tiene menos de seis meses para terminar su mandato.
¿Apoyará el gobierno de Obama la imposición de sanciones en contra del
gobierno golpista para prevenir que esto suceda? Los gobiernos vecinos
de Guatemala, Nicaragua y El Salvador ya han hecho las primeras
advertencias al anunciar una suspensión del comercio por 48 horas.

A diferencia de esto, una razón para la reticencia de Hillary Clinton de
llamar al golpe un golpe es la prohibición, bajo la Ley de ayuda al
extranjero de Estados Unidos (U.S. Foreign Assistance Act), de proveer
fondos a gobiernos en donde el jefe de Estado haya sido destituido por
un golpe militar.

La palabra ‘incondicional’ también es clave en esta situación: el
gobierno estadounidense quizás quiera extraer alguna concesión de Zelaya
como parte de un acuerdo para su retorno a la presidencia. Pero así no
es como funciona la democracia. Si Zelaya quiere negociar algún acuerdo
con sus oponentes políticos luego de haber retornado, ésa es otra
historia. Pero nadie tiene el derecho de extraerle concesiones políticas
en el exilio, a punta de pistola.

No hay excusa alguna para este golpe. Una crisis constitucional se
desató cuando el presidente Zelaya le ordenó al ejército que
distribuyera los materiales para un referendo no vinculante que se
llevaría a cabo el domingo pasado. El referendo le pedía a los
ciudadanos que votaran sobre si incluir una propuesta para una asamblea
constituyente, para redactar una nueva constitución, en las elecciones
de noviembre. El jefe del ejército, el general Romeo Vásquez, se rehusó
a llevar a cabo las órdenes del presidente. El presidente, como
comandante en jefe del ejército, despidió a Vásquez, con lo cual el
ministro de defensa renunció. La Corte Suprema posteriormente dictaminó
que el despido de Vásquez por parte del presidente era ilegal y la
mayoría en el congreso se ha mostrado en contra del presidente Zelaya.

Los partidarios del golpe argumentan que el presidente violó la ley al
intentar proceder con el referendo después de que la Corte Suprema
fallara en contra de éste. Ésta es una cuestión legal; puede ser cierto
o puede ser que la Corte Suprema no tuviera base legal para emitir esa
sentencia. Pero esto es irrelevante para lo que ha sucedido: el ejército
no es el árbitro de una disputa constitucional entre los varios poderes
del Estado. Esto es particularmente cierto en este caso, en el que el
referendo que se proponía era un plebiscito no vinculante y meramente de
carácter consultivo. No habría cambiado cualquier ley, ni habría
afectado la estructura de poder; era simplemente una encuesta al electorado.

Por consiguiente, el ejército no puede afirmar que actuó para prevenir
un daño irreparable. Éste es un golpe militar llevado a cabo con
propósitos políticos.

Existen otras cuestiones sobre las cuales nuestro gobierno se ha
mantenido raramente silencioso. Los informes de represión política, del
cierre de estaciones de radio y TV, de la detención de periodistas,
detención y abuso físico de diplomáticos y de lo que el Comité para la
Protección de Periodistas ha llamado una “censura de los medios”, son
eventos que aún esperan por ser seriamente reprochados por Washington.
Al controlar la información y reprimir la disensión, el gobierno de
facto de Honduras está también creando el marco para unas elecciones
injustas en noviembre.

Muchos informes han contrastado el rechazo del gobierno de Obama al
golpe hondureño con el apoyo inicial del gobierno de Bush al golpe
militar de 2002 que derrocó brevemente al presidente Hugo Chávez en
Venezuela. Pero de hecho hay más similitudes que diferencias entre la
respuesta estadounidense a estos dos eventos. En el marco de un día, el
gobierno de Bush revirtió su posición oficial sobre el golpe venezolano
debido a que el resto del hemisferio había anunciado que no reconocería
al gobierno golpista. De manera similar, en este caso, el gobierno de
Obama está siguiendo al resto del hemisferio, tratando de no ser la
excepción, pero al mismo tiempo, sin realmente compartir su compromiso
con la democracia.

No fue sino hasta algunos meses después del golpe venezolano que el
Departamento de Estado admitió que le había brindado apoyo financiero y
de otro tipo a “individuos y organizaciones que se entiende que
estuvieron activamente involucrados en la breve expulsión del gobierno
de Chávez”. En el golpe hondureño, el gobierno de Obama afirma que
intentó disuadir al ejército hondureño para que no tomara esta acción.
Sería interesante saber cómo se llevaron a cabo estas discusiones. ¿Será
que los funcionarios del gobierno dijeron, “Ustedes saben que tendremos
que decir que estamos en contra de una movida como ésa si la llevan a
cabo, porque todo el mundo lo hará”? O será que más bien dijeron, “No lo
hagan, porque haremos todo lo que esté a nuestro alcance para revertir
cualquier tipo de golpe”? Las acciones del gobierno desde que ocurrió el
golpe apuntan a algo más parecido a lo primero, sino hasta peor.

La batalla entre Zelaya y sus oponentes pone de frente a un presidente
reformista apoyado por sindicatos laborales y organizaciones sociales en
contra de una élite política corrupta, con conexiones al narcotráfico,
que opera al estilo de una mafia y que está acostumbrada a escoger no
solamente a la Corte Suprema y al Congreso, sino al presidente también.
Es una historia recurrente en Latinoamérica, y Estados Unidos casi
siempre se ha puesto del lado de las élites. En este caso, Washington
tienen una relación muy cercana con el ejército hondureño, desde hace ya
décadas. Durante los años ochenta, Estados Unidos utilizó bases en
Honduras para entrenar y armar a los ‘contras’, los paramilitares
nicaragüenses que se dieron a conocer por sus atrocidades en la guerra
en contra del gobierno sandinista en el vecino país de Nicaragua.

El hemisferio ha cambiado substancialmente desde el golpe venezolano de
abril de 2002, con otros once gobiernos de izquierda siendo elegidos
posteriormente. Un conjunto entero de normas, instituciones y relaciones
de poder entre el Sur y el Norte en el hemisferio han sido alteradas. El
gobierno de Obama enfrenta hoy a vecinos que están mucho más unidos y
mucho menos dispuestos a ceder en cuestiones fundamentales de
democracia. Es por eso que la secretaria de Estado Clinton probablemente
no tendrá mucho espacio de maniobra. Sin embargo, la ambivalencia del
gobierno será notada en Honduras y muy probablemente podría motivar al
gobierno de facto a que intente aferrarse al poder. Eso podría ocasionar
muchos daños.

- Mark Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy
Research (CEPR), en Washington, D.C. Ha escrito numerosos informes de
investigación sobre política económica. Es presidente de la organización
Just Foreign Policy.
Publicado en ingles en The Guardian Unlimited

nils.castro@gmail.com



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Mark Weisbrot

Mark Weisbrot es un economista estadounidense, con doctorado en la Universidad de Michigan. Es co-director del CEPR, Centro de Investigación Económica y Política en Washington D.C. (Center for Economic and Policy Research). http://www.cepr.net. También es presidente de la organización Política Exterior Justa (Just Foreign Policy).

 @MarkWeisbrot

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