El viernes 11 de diciembre de 2025, las aguas del Mar Caribe fueron escenario de un acto que trasciende lo anecdótico y se inscribe en la historia de las agresiones contra la soberanía venezolana: el robo de un buque cargado con petróleo nacional por parte de fuerzas militares estadounidenses. Este hecho no puede ser reducido a un incidente aislado; constituye una manifestación clara de piratería estatal, ejecutada bajo el amparo del poder imperial y en abierta violación del derecho internacional público.
La piratería como política de Estado
La noción de piratería, tradicionalmente asociada a actores privados que operan al margen de la legalidad, adquiere aquí un carácter institucional. Cuando es un Estado el que despliega su aparato militar para apropiarse de recursos de otro pueblo, estamos frente a una forma de piratería estatal. El imperialismo estadounidense, en su afán de controlar los recursos energéticos del planeta, ha convertido el Caribe en un espacio de hostigamiento y saqueo, vulnerando la soberanía de las naciones que lo habitan.
Este acto no solo atenta contra Venezuela, sino contra la arquitectura jurídica internacional que prohíbe la confiscación arbitraria de bienes en aguas internacionales o en jurisdicciones soberanas. La Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 2, establece el principio de no intervención y la obligación de los Estados de abstenerse de recurrir a la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado. El robo del buque venezolano es, por tanto, una violación flagrante de estos principios.
El petróleo como botín imperial
El petróleo venezolano, históricamente codiciado por las potencias, se convierte nuevamente en el botín de una política de rapiña. El secuestro del buque no responde a necesidades de seguridad ni a operaciones legítimas de control marítimo, sino a la lógica de apropiación de recursos estratégicos. Se trata de un acto de coerción económica y militar que busca debilitar la capacidad de Venezuela de ejercer su soberanía energética y de proyectar su independencia en el mercado internacional.
La piratería estatal imperial se disfraza de operaciones de "seguridad" o "interdicción", pero en realidad constituye un mecanismo de saqueo. El mensaje es claro: el poder militar se utiliza como instrumento de presión para imponer un orden económico favorable a los intereses de Washington, incluso a costa de violar normas fundamentales del derecho internacional.
La denuncia ante el Consejo de Seguridad
Ante este delito internacional, Venezuela tiene la obligación histórica y jurídica de elevar su voz en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No se trata únicamente de defender un buque o una carga de petróleo, sino de salvaguardar el principio de soberanía nacional y el derecho de los pueblos a disponer libremente de sus recursos naturales. La denuncia debe señalar con precisión la responsabilidad del Estado estadounidense en la ejecución de este acto de piratería, exigiendo sanciones y medidas que garanticen la reparación del daño y la prevención de futuras agresiones.
El Consejo de Seguridad, aunque marcado por las tensiones de poder entre sus miembros permanentes, no puede permanecer indiferente ante un hecho que erosiona la credibilidad del sistema internacional. La piratería estatal imperial es una amenaza no solo para Venezuela, sino para cualquier nación que aspire a ejercer su soberanía sin someterse a los dictados del poder hegemónico.
Un llamado a la dignidad colectiva
Este episodio debe ser asumido como una oportunidad para reforzar la conciencia nacional y regional. El Caribe no puede ser un mar de saqueo, sino un espacio de cooperación y respeto mutuo. La solidaridad entre los pueblos latinoamericanos y caribeños es esencial para enfrentar la agresión imperial y para construir un frente común en defensa de la soberanía.
La piratería estatal imperial no es un fenómeno nuevo, pero cada acto de agresión nos recuerda la urgencia de consolidar un orden internacional más justo, donde la fuerza no sustituya al derecho y donde los recursos de los pueblos no sean objeto de rapiña. Venezuela, con dignidad y firmeza, debe denunciar este crimen y convocar a la comunidad internacional a rechazarlo.
