La actual intervención de Estados Unidos en Venezuela, iniciada en agosto de 2025, sirve como referencia clara de cómo las decisiones geopolíticas se traducen en compromisos financieros de gran magnitud para la potencia agresora, pero eso ni la incómoda ni la detiene. Esta operación destinada a combatir los competidores políticos y económicos del imperialismo, intención cubierta con la mascarada de lucha contra el narcotráfico, lo cierto es que implica un gasto que no puede considerarse marginal dentro del presupuesto federal estadounidense. La presencia de un portaaviones, acompañado de destructores, aviones de combate, sistemas de inteligencia y miles de marines, convierte esta operación en una de las más costosas de las últimas décadas en la región.
Se puede estimar que el costo diario de mantener un grupo de ataque de portaaviones con sus buques periféricos, oscila entre seis y siete millones de dólares, a lo que se suman entre dos y tres millones diarios adicionales por el despliegue de marines y fuerzas aéreas. Esto significa que cada mes de operación supone entre 250 y 300 millones de dólares, y que, si se prolonga durante un año, el gasto total alcanzaría entre 3.000 y 3.500 millones de dólares. Aunque estas cifras son menores que las de conflictos como Irak o Afganistán, donde los costos se dispararon hasta superar el billón de dólares, no dejan de ser significativas en un contexto de déficit fiscal creciente y de presiones internas por aumentar el gasto social. Es si se quiere un enfrentamiento interno en EE.UU del gasto social vs gasto militar antisocial.
Hay que exponer que no es únicamente el gasto inmediato, sino la forma en que este tipo de operaciones se convierten en deuda estructural. La historia de Vietnam, Irak y Afganistán demuestra que los costos militares rara vez terminan con el despliegue. Una vez que las tropas regresan, comienza un ciclo de gastos a largo plazo que incluye pensiones, atención médica y compensaciones a veteranos, además de la reposición y mantenimiento de equipos militares. Estos compromisos se convierten en obligaciones fiscales permanentes que se extienden por décadas, multiplicando el costo inicial de cualquier intervención a lo que habría que agregar los costos ocultos como sufragar a la oposición fascista del país. En el caso de Venezuela, aunque se proyecte como una operación limitada, es previsible que los gastos asociados a los veteranos y al mantenimiento de la maquinaria militar desplegada se conviertan en una carga adicional para el presupuesto federal y para su población principalmente la más vulnerable.
Estamos desentrañando aquí la relación entre poder militar y sostenibilidad financiera. Estados Unidos ha construido su hegemonía global sobre la capacidad de proyectar fuerza en cualquier región del mundo, pero esa capacidad depende de un presupuesto militar que ya supera los 800.000 millones de dólares anuales. Cada nueva operación, incluso las consideradas "menores", incrementa la presión sobre las cuentas públicas y obliga a recurrir al endeudamiento. En este sentido, la intervención en Venezuela no es solo un episodio geopolítico sino la gota sobre el vaso de la deuda ya lleno. También es un reflejo de la tensión estructural entre el rol de Estados Unidos como potencia global y las limitaciones de su economía doméstica.
El costo estimado de 3.000 millones de dólares anuales equivale al presupuesto de programas sociales medianos en Estados Unidos, como iniciativas de vivienda o educación comunitaria. Yo le señalaría a Trump que con ese dinero pudiera ocuparse de la atención de los niños y las familias destruidas por esa droga química nativa de Estados Unidos, diseñada allá, como es el Fentanilo. Este tipo de intervenciones hostiles creo que trae un dilema político, en el Congreso se reclaman mayores inversiones en salud o en infraestructura mientras el gasto militar absorbe recursos que podrían destinarse a esas áreas. La intervención en Venezuela, por tanto hay que medirla en términos de oportunidades perdidas para la sociedad estadounidense.
Además, cada mes de operación suma cientos de millones de dólares que se financian en gran medida mediante emisión de deuda. En un contexto en el que la deuda federal ya supera los 34 billones de dólares, estas operaciones contra Venezuela contribuyen a agravar un problema estructural. La paradoja es que, mientras se justifica una intervención militar para garantizar la seguridad nacional, se debilitan sus finanzas erosionando a largo plaza esa misma seguridad nacional.
La comparación con conflictos previos es ilustrativa. En Vietnam, los costos iniciales fueron subestimados y la guerra terminó drenando recursos hasta el presente. En Irak y Afganistán, las fases iniciales parecían manejables, pero los gastos acumulados superaron el billón de dólares, incluyendo atención a veteranos y reconstrucción. En este caso, la operación contra Venezuela se presenta como fácil y limitada, pero los patrones históricos sugieren que no hay nada escrito en una guerra y los resultados son imprevisibles.
Así que, los costos financieros de la intervención de Estados Unidos en Venezuela no pueden considerarse marginales ni transitorios. Aunque se proyecte como una operación de alcance regional, su impacto en la deuda pública y en las prioridades presupuestarias será significativo.
La experiencia histórica muestra que los gastos militares se convierten en compromisos a largo plazo que condicionan la política fiscal y social y tiene que ver con el futuro económico de Estados Unidos y el equilibrio entre poder global y bienestar interno. La operación contra Venezuela ya representa un gasto de miles de millones de dólares anuales, y si se prolonga, su peso en la deuda estadounidense será significativo, sumándose a la larga lista de guerras que transforman el presupuesto militar en deuda impagable y disminución de la calidad de vida de su población trabajadora.
