¡Alerta pueblo de Mérida con el salvajismo y la ineptitud!

No hay manera que uno pueda de forma fehaciente y honesta expresar ante organismos públicos nacionales o máximas autoridades del país la grave y caótica situación que desde hace varios años confronta la población merideña. Hay que buscar una forma indirecta para que la opinión sincera y real sin especulación y manipulación política se haga a través de medios como aporrea y llegue a instituciones y gobernantes que puedan conocer (sino no la conocen) y asuman compromisos para enfrentar y resolver situaciones como las que en este artículo se expone.

Antes hay que hacer breve síntesis de antecedentes de la situación social, económica y política que confronta la población que habitamos el territorio merideño.

En artículo publicado en octubre del año pasado en aporrea titulado Dialéctica y complejidad de la crisis y el caos en el estado Mérida ¿Tiene solución?, expuse esta situación. Sin embargo, dos factores es preciso recordar para ubicar objetivamente las más determinantes causas de la misma, por lo demás no exclusivas y únicas de esta entidad. Un factor es la guerra imperial de todo tipo emprendida por EEUU, Unión Europea, el respaldo claro de Colombia y otros países subordinados a esa política imperialista agrupados en el "cartel de Lima", junto a apátrida agrupación de individuos de oposición extremista y terrorista del país que desde sus privilegiados lugares apoyan y exigen las peores y criminales acciones contra el pueblo venezolano y República Bolivariana de Venezuela, de los cuales unos han recibido beneficios procesales presidenciales y otros actúan libremente sin correr mayor riesgo. Son Leopoldo López, Antonio Ledezma, Julio Borges, Juan Guaidó e Iván Sismonovic, entre otros. El segundo factor es la innegable ineptitud, ineficacia e impotencia de determinados factores del Gobierno Nacional y local para enfrentar y resolver esta grave y persistente situación; a pesar de esfuerzos hechos por el presidente Nicolás Maduro (que no pueden ser desconocidos).

Sobre el primer factor de la intervención imperial autoridades del Gobierno de Estados Unidos, militares, congresistas y voces autorizadas han reconocido esta política, afirmando asimismo el fracaso que la misma ha tenido en no poder derrocar al presidente Maduro. Sobre el segundo factor existe una realidad que en nada contribuye al fortalecimiento del proceso revolucionario iniciado por el comandante y presidente Hugo Chávez, ya que está impregnada de sectarismo, dogmatismo y ausencia de reconocimiento de lo que está sucediendo más allá de que se diga: "se han cometido algunos errores" pero hasta allí se llega.

En el estado Mérida (como también en estados Táchira y Trujillo) las guarimbas iniciadas en el país por Leopoldo López, Antonio Ledezma y María Corina Machado el 12 de febrero (2014) con la denominada "salida" la ciudad de Mérida, en particular, y toda esta entidad entró en un proceso de violencia, deterioro y descomposición social, política, económica e institucional donde no han cesado los efectos de destrucción y caos. El estado Mérida se ha vuelto ingobernable y hay actividades que se realizan incluso de manera salvaje: es sálvese quien pueda y cada quien busca la manera para obtener bienes y servicios indispensable para su vida y bienestar familiar como puede. Algunas de estas actividades se realizan ante la vista de funcionarios públicos que miran para otro lado para no asumir su responsabilidad; realidad que no es exagerada. Quien la niegue se está engañando a sí mismo o está mintiendo. Es propio de un proceso de siete años que hemos sufrido y vivido quienes habitamos este territorio. Por supuesto hay los más aptos (Charles Darwin) que disponen de mayores recursos para no sufrir lo que el pueblo en general sufre y encara cada día (otros son por vivos, poderosos, enchufados y corrupción).

El llamado de alerta es producto de que en esta entidad se constituyó el Estado Mayor del Gas y Empresas Distribuidoras como una medida para enfrentar y acabar con lo que desde hacía dos años veía ocurriendo con distribución, precio, transporte y abastecimiento del gas doméstico. En esta actividad el Ministerio Público y el Gobierno Nacional descubrieron la existencia de una mafia dentro de Empresa Gas Comunal de PDVSA que comercializaba de manera corrupta la distribución del gas mediante pago de dólares. La decisión del Estado Mayor del Gas y Empresas Distribuidoras fue que Juntas Comunales asumieran la supervisión en distribución del gas, respetar plenamente el precio establecido para el tipo de cilindros, asegurar que el pago correspondiente se realice en bolívares y hacer el cronograma de distribución del gas doméstico. Hasta aquí todo muy bien. Pero resulta que empresas distribuidoras privadas del estado Mérida dentro acostumbradas estrategias comerciales que velan por sus propios intereses han decidido que la distribución del gas para llevarla hasta las respectivas residencias e instalar los cilindros sea hecha por las mismas personas que solicitan tan vital servicio. Lo cual, además, de ser a toda luces violatoria de la Resolución 290 del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Minas es una irresponsabilidad que pone en riesgo la vida de una población por la inseguridad que se crea cuando esta actividad es realizada sin respetar las normas establecidas en dicha resolución. Esta práctica ilegal y riesgosa viene realizándose en esta entidad sin la plena garantía que organismos públicos competentes en materia del gas doméstico aseguren que la distribución e instalación de los respectivos cilindros se haga a entera seguridad de la población.

Otra situación ocurre en el estado Mérida con el abastecimiento del combustible de automóviles imposible de realizarse de manera digna, justa, equitativa e integral a la población que requiere la prestación de un servicio fundamental a la vida de sus habitantes. Surge de nuevo como principal causa el bloqueo imperial de EEUU y adherentes a esta criminal acción contra Venezuela. Pero hay aspectos que dependen de la propia decisión del Gobierno Nacional para que comercialización, distribución y acceso al combustible se haga lo mejor posible, no se preste a actos de corrupción e irrite a la población. En Venezuela el gobierno dispuso dos tipos de distribución en estaciones de servicio de gasolina: unas a precios subsidiados, y otras a precio pagadas en dólares. El transporte privado no paga. En las llamadas estaciones de gasolina internacionales se privatizó la distribución del combustible (habría que ver hasta donde compagina con la Ley de Hidrocarburos que el presidente Hugo Chávez decretó en el 2000). Pues bien en el estado Mérida abastecerse del combustible tiene una manera que solo ocurre aquí: colas que continúan siendo interminables, no hay el debido control público inicialmente establecido, la única forma de pago en estaciones internacionales es en dólares y no se acepta pagar en petro. Es común que gente llena tanques de combustible para revenderlo en dólares al precio que él quiere, tal como hacen comerciantes y empresarios con la especulación de la moneda estadounidense en contra de la aún existente devaluada moneda nacional.

Otra situación se presenta con la distribución de la luz eléctrica que en los últimos meses se había normalizado y ahora se retrocede a años anteriores de caos: han vuelto las interrupciones de luz diarias sin previo aviso y por lapsos hasta de seis horas continuas. El servicio que presta la empresa transnacional Intercable de TV e Internet es deplorable: aumenta los precios a su antojo y se interrumpe el servicio por lo menos dos semanas seguidas mensualmente. Como se ve el estado Mérida de ser una de las entidades con mejor calidad de vida en la actualidad es un estado donde hay mayor escasez de: gas doméstico, combustible, electricidad, Internet, servicio telefónico de CANTV y Movilnet, buen servicio de transporte privado de busetas y micro autobuses que sus propietarios lo paralizan cuando quieren, una Universidad de Los Andes que de ser una de la mejor dotadas del país en la actualidad escasea la seguridad interna ya que individuos inescrupulosos y delincuentes roban valiosos equipos, y campus universitario abandonado a riego de invasiones y usos indebidos que a la larga otorga derechos de propiedad de bienes públicos universitarios a quienes se atreven a hacerlo sin control alguno de autoridades universitarias y gremiales.

Para finalizar preciso el término ineptitud. No se es inepto por incapacidad personal, burocratismo o falta de voluntad para emprender algo, sino que también la ineptitud responde a incapacidad o impotencia para enfrentar poderosas fuerzas, estructuras o relaciones sociales, económicas y políticas que mantienen determinada realidad, determinado orden, procesos y hechos; más sin son contrarrevolucionarios y sumergen a un pueblo en la desesperación y desesperanza.



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Amado Moreno Pérez

Sociólogo (UCV). Profesor Titular activo de la Universidad de Los Andes. Dr. En Ciencias Humanas.

 amadoula@hotmail.com

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