Subvierte el orden constitucional, el ordenamiento jurídico y el orden jurídico, el llamado del 16 de julio por el sector más radical de la derecha opositora venezolana, aspirando continuar el desencadenamiento de la violencia y el desconocimiento de las autoridades del Estado, en algunos focos bien determinados de municipios regidos por gobernantes opositores.
El pretendido hecho al margen de la Constitución Bolivariana que propicia el ala violenta, la facción ultraderechista y contrarrevolucionaria opositora, no solo es un engaño más al reducido grupo de seguidores a los que han inoculado odio y desesperación, sino que están propiciando la alteración del orden constitucional, el estamento jurídico y el Estado constitucional que rige la sociedad venezolana.
Nos encontramos ante la anómala situación encubierta de alzamiento contra el Estado constitucional, ejecutada mediante un fraude a la Constitución Bolivariana y pretenden quebrar frontalmente la constitucionalidad utilizando un poder constituido como es la Asamblea Nacional en desobediencia, en desacato, donde todos sus actos son inválidos y carentes de toda eficacia jurídica, pero que además ignora la existencia de un poder originario, el poder constituyente popular y soberano, único legitimado para acometer una operación jurídico-política para alcanzar la convivencia social, la tranquilidad y la paz de la nación venezolana.
Este dislate político, equivale en la práctica a una subversión del orden constitucional, es pretender auspiciar una quiebra del Estado constitucional, nacido de aquel pacto histórico promovido por el presidente Hugo Chávez en 1999, y que no es más que la norma suprema vigente.
Como en otros momentos de la convulsa historia de nuestra República, esta subversión del orden constitucional, sin mandato constitucional y sin consentimiento del pueblo que es la autoridad suprema, carece de toda legitimidad necesaria para su pacífica vigencia, y quienes propician esa pretendida ruptura del orden constitucional, tarde o temprano deberán asumir las responsabilidades políticas y jurídicas a que haya lugar.
Abogado constitucionalista