Atención Ministro Navarro: El Decreto 567 todavía está vigente

Nos hemos caracterizado por querer resolver los problemas educativos, que son muchos y muy graves, a fuerza de leyes. Tenemos un ejemplo muy fresco en la memoria. Se presentó la LOE como la panacéa que resolvería casi que simultáneamente con su promulgación los problemas que aquejan a nuestro sisteman escolar desde décadas atrás. Con la LOE se acabaría la discriminación, la exclusión, la repitencia y muchos otros males educativos. Bueno, los resultados están a la vista, no podía ser de otra manera. Hasta la oposición se olvidó de la LOE, y lo que es pero aún los chavistas también. Todo volvió a la “normalidad en las aulas”, las aguas regresaron a su cauce.

En ese afán por resolver los problemas educativos mediante leyes se promulgan grandes cantidades al año de todo tipo: resoluciones, reglamentos, decretos, etc. Es tal la cantidad de leyes que se dificulta seguirle la pista. Muchas veces no sabemos cuáles han sido derogadas y cuáles siguen vigentes. En parte debido, a que al poco tiempo de su promulgación las leyes caen en el olvido. Se cumplen por unos dias, semanas y quizás hasta meses, para luego ser abolidas en la práctica. Tanto educadores como administradores a todos los estratos de la burocracia educativa, por su salud mental, pasan por bola muchas de esas leyes. La cuestión se torna problemática cuando las autoridades educativas en los altos niveles de decision descuidan llevar un registro de la legislación para evaluar periódicamente su pertinencia y relevancia. Por ejemplo, ¿se ha determinado cuáles decretos, resoluciones, etc. son incompatibles con la LOE y las políticas educativas del Gobierno Bolivariano? No estoy seguro que esa trabajo esté hecho en el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Veamos un ejemplo.

El Gobierno Bolivariano no ha tenido una política clara en lo que respecta al uso de libros de texto en la escuela. Se sabe que éste o aquel funcionario tiene una posición x o y al respecto delos texto escolares y su uso en la escuela. Alguna vez le oi a Aristóbulo Isturiz hablar acerca de la inconveniencia de los libros de texto en la escuela. Pero no conozco ninguna resolucion o decreto que regule esa materia promulgado en estos diéz años de gobierno revolucionario. Es cierto que en algunas leyes, como las de los pueblos indigenas y sobre los afredescendientes, se incluye el asunto del tratamiento de cuturas particulares en los textos escolares carecemos de leyes especiales al respecto. Tal es la situación que muchas leyes promulgadas en los tiempos de la cuarta república siguén vigentes. Tal es el caso del Decreto 567, aprobado en Consejo de Ministros el 17 de junio de 1966. A mi buen saber y entender este decreto no ha sido derogado. Además no tendría porque estarlo, porque a mi manera de ver pareciera no contradecir legislaiones edcativas recientes.

¿Cuál es la materia del Decreto 567? La producción para su distribución gratuita de textos y material de enseñanza en las escuelas primarias oficiales. Este decreto fue firmado por Raul Leoni, como Presidente de la República, y por J. M. Siso Martínez, como Ministro de Educación, entre otros. Como nota curiosa tenemos que para esa época teniamos sólo nueve ministerios. Entre los considerandos incluídos en el mencionado decreto encontramos los siguientes que son dignos de reproducir aquí, ellos son:

“Que la gratuuidad de la enseñanza no se alcanza solamente con la creación de las Escuelas que el Gobierno democrático ha diseminado en todo el país, sino que los alumnos deben disponer además de los elementos indispensables para el aprendizaje;


Que la propia Constitución vigente crea para el Estado la obligación de proveer los medios que hagan posible que el pueblo disfrute de los beneficios de la educación y cumpla con la obligatoriedad establecida para ésta;

Que el Estado debe hacer cada día más extensos los beneficios de la educación y, así como atiende los Comedores Escolares y a otros servicios de asistencia social y defiende la salud de los alumnos de las Escuelas Públicas, debe proveer un sistema de distribución gratuita de textos y material escolar, con el fin de hacer más eficez la enseñanza, más extensos sus beneficios y menos gravosos para los hogares pobres.”

Esas eran las consideraciones de la derecha para justificar la producción masiva de textos escolares para ser distribuidos gratuitamente en las escuelas oficiales o públicas. ¿Cuáles son las nuestras? ¿Estamos de acuerdo con que se distribuyan libros de texto gratuitamente en las escuelas públicas? ¿Estamos en desacuerdo con el uso de textos escolares en la escuela?


El Decreto 567 no se limitaba a consideraciones sobre los textos escolares, en el primer considerando se menciona, además de estos, al “material escolar”. Por ejemplo, en el artículo octavo se declara que:

“El Ministerio de Educación dotará a cada Biblioteca escolar, además de los textos de uso corriente para el desarrollo de los programas de enseñanza, de libros de lectura complementarios y de recreación, con el fin de enriquecr los conocimientos de los alumnos. Los maestros se encargarán de promover la lectura de estos libros complementarios, mediante la fijación de temas que inciten a la consulta periódica o promuevan la expresión artística y literaria por la redacción, a recitación o la representación en la escuela”

Y hay más, como en las ofertas de ventas por televisión, en el articulo décimo primero se establece que:


“Junto con los libros destinados a las Escuelas Primarias Oficiales el Ministerio de Educación distribuirá además, cuadernos, lápices y el material indispensable para el buen cumplimiento de las tareas educativas fijadas a este nivel de la educación.”

A lo anterior se agrega, en el artículo décimo segundo, que:

“Las bibliotecas de las Escuelas estarán abiertas a la comunidad y en as reuniones de padres y maestros y en todas auellas donde participe la escuela o su personal, los asistentes recibirán estímulos para enriquecer y utilizar dichas bibliotecas. (...)”

Como señalé anteriormente, para mi buen saber y entender este decreto está aú vigente. Hasta ahora no ha sido derogado. A primera vista pareciera que el fondo del mismo se mantiene vigente. Salvo que no estemos de acuerdo con el uso de textos escolares en las escuelas, con la dotación de las bliotecas con libros complementarios, que las bibliotecas estén abiertas a la comunidad y que se distribuyan de forma gratuita otros materiales ecolares como cuadernos y lápices. De esta manera estariamos garantizando en un mayor grado la gratuidad de la enseñanza obligatoria para todos y todas. Para garantizar la educación gratuita, como se señala en el decreto mencionado, no basta con abrir escuelas publicas. Es necesario ir más allá, proveer materiales educativos es una necesidad.

Ahora bien, los adecos no son unos niños de pecho. La elaboración de textos escolares para ser distribuidos gratuitamete en las escuelas públicas era parte de un programa politco. Se sabe muy bien que los libros, sean de texto, complementarios o de cualquier otro tipo, juegan un papel muy importante en la formacion de los y las estudiantes, de los profesores y de las comunidades. Por tanto, los adecos queria poner en las escuelas y en las manos de cada niño y niña que asistía a las escuelas públicas, que en aquel momento era la mayoria, libros donde se promovieran los ideales y prácticas de la democracia representativa en lo politico y del capiatlismo en lo económico. En eso estaban claritos. No vemos la misma claridad en los funcionarios del hoy Ministerio del Poder Popular de la ducacion a cargo de tan delicada materia. Más bien han permitido que en la práctica funcionen las prácticas neoliberales en materia de textos escolares. El Gobierno a desregulado el mercdo de los textos escolares en todos sus aspectos, tanto en la produccion, la regulación de contenidos, adecuacion de lo mismos a los programas oficiales, su adpción, comercialización y precios. Algunas gobernaciones de estados han asumido la distribucion gratuita de textos escolares, conozco de los casos de Didalco Bolivar en Aragua y de Diosdado Cabello en Miranda. Al parecer en ambos casos, tan distantes ideológicamente, se adquirieron libros de la Cadena Capriles para distribuirlos en las escuelas publicas estadales. En lugar de asumir la producción propia de los textos escolares y libros complementarios adaptados a la nueva realidad del país sin la mediatización de un grupo económico como el de los Capriles. La consideración a hacer es: nos beneficia seguir como estamos o se hace necesario revertir la politica neoliberal en materia de textos escolares.


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Julio Mosquera


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