04.07.21 - Luis Picasio Carampaima, líder indígena fue decapitado por los paramilitares de Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en el municipio del Alto Baudó en el departamento del Chocó.
El líder que pertenecía a la comunidad indígena Embera Dobidá del resguardo Catrú, fue asesinado el pasado jueves 1 de julio en medio de una incursión del grupo armado a la comunidad
Su muerte se produjo este 1 de julio tras la incursión en ese territorio indígena de varios hombres del grupo armado, que lo decapitaron. Indepaz advirtió que el crimen podría generar "riesgo de desplazamiento masivo". Asimismo, señaló que la Defensoría del Pueblo ya había advertido del riesgo en que se encontraba la comunidad Catrú y otras de la zona "por el accionar de grupos armados ilegales" y había instado a su "protección y atención efectiva y urgente".
Este nuevo asesinato se produce cuando un reporte publicado por la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aseguró que Colombia es el segundo país con la mayor tasa de muertes violentas en medio de manifestaciones, después de Birmania, registrando una persona muerta cada 36 horas.
Según el registro de víctimas que contabiliza la organización, con el asesinato de Luis Picasio son 84 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia en lo corrido de 2021, y ya suman 1.200 desde la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en 2016.
La situación que afrontan las comunidades indígenas y negras de la región no es nueva. La Iglesia Católica y oenegés de DDHH han denunciado la grave crisis humanitaria y de derechos humanos desde 2016 con la firma del Acuerdo de Paz con las FARC.
Esta semana Indepaz comunicó del asesinato de Danilo Torres, un líder social afrodescendiente del municipio de Magüí Payán, en el departamento de Nariño. El lunes, antes de conocerse la noticia, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (OEA) había manifestado su "profunda preocupación y alerta" por la seguridad de los liderazgos étnico territoriales en los municipios de Roberto y Maguí Payán, al tiempo que exhortaron al Estado colombiano "a reforzar de manera urgente las medidas de protección".
Entre tanto, este viernes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la muerte de Torres y solicitó al Estado colombiano investigar su caso con "debida diligencia" y sancionar a los responsables. A su vez pidió implementar "un enfoque étnico-racial en las medidas que se adopten, e implementar políticas públicas que mitiguen las causas estructurales de la violencia en el país".
La actitud de el gobierno del presidente Iván Duque ha sido reticente para abrir la posibilidad de unos diálogos de paz y para establecer las posibilidades de una desmovilización por parte de las estructuras de tipo paramilitar. Tampoco se ha puesto en funcionamiento con eficacia los mecanismos para el desmonte de estructuras paramilitares.
Con información de RT / Agencias.