El fiscal de la Corte PenaI Internacional, Karim Khan, saludó el martes el compromiso expresado por el presidente venezolano Nicolás Maduro de permitir que próximamente se reanuden en Venezuela las operaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, más de dos meses después de suspender sus actividades y ordenar a sus 13 funcionarios que abandonasen el país.

“He tenido unas discusiones muy productivas con usted señor presidente” en el marco del lanzamiento de “un plan de trabajo” conjunto, dijo el fiscal jefe de la CPI durante el acto final de su segundo encuentro con Maduro en el palacio de gobierno de Caracas.

“Agradecido de que usted haya expresado su compromiso, a mis instancias, de permitir que la oficina del Alto Comisionado regrese a Venezuela y darle efecto lo más pronto posible”, resaltó Khan.

Maduro, por su parte, acogió con “beneplácito la propuesta de recibir de nuevo a la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas”.

“Estoy de acuerdo que superemos las diferencias, el conflicto que tuvimos, y estoy preparado para recibir al enviado Volker Türk”, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, acotó Maduro.

Manifestó que espera que “reconstruyamos los puentes de comunicación sobre la base del respeto, del diálogo”.

La suspensión ocurrió en medio de preocupaciones por supuestas violaciones a los derechos humanos tras el arresto de la abogada y activista Rocío San Miguel, detenida luego de ser vinculada con una presunta trama para atentar contra la vida de Maduro.

Al final de su visita a Venezuela en enero del año pasado Türk expresó su preocupación por haber encontrado un país profundamente dividido donde —dijo— persistían violaciones a los derechos humanos como homicidios extrajudiciales, entre otros. Además, instó a las autoridades a infundir vigor a las reformas judiciales que sean necesarias y a dar pasos definitivos en la prevención de la tortura.

Türk, empero, dijo entonces que estaba animado por lo que calificó como disposición del gobierno de Maduro de investigar las denuncias y renovar el acuerdo de cooperación y asistencia técnica.

Previamente, el fiscal jefe de la CPI inauguró una oficina de asesoría técnica de ese organismo en Venezuela que apunta a apoyar los esfuerzos para mejorar el sistema judicial y aumentar su presencia en el país sudamericano.

De acuerdo con los principios de “complementariedad y cooperación”, las actividades de la oficina tienen el objetivo de apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia en Venezuela y a aumentar aún más la presencia de campo de la oficina del fiscal jefe de la CPI, se informó.

La oficina, además, tendría como propósito facilitar las investigaciones con miras a esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017, de acuerdo con el memorando suscrito el año pasado entre la CPI y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese documento fue el segundo suscrito entre ambas partes desde el 2021.

En la oficina laborarán funcionarios de la CPI. Khan anunció el martes que su equipo regresará a Venezuela dentro de tres meses.

El año pasado, Khan comentó que esa oficina permitirá a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pueda “hacer más para cumplir sus obligaciones” en el marco del Estatuto de Roma.

La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

En las manifestaciones contra el gobierno venezolano del 2017 murieron 120 personas.

El caso fue llevado a la CPI, con sede en La Haya, por varios de sus estados miembros en el continente -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.

La investigación se focaliza en las denuncias de torturas, abuso sexual y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas.

Maduro --que rechaza las acusaciones y sostiene que el proceso en la CPI es parte de estrategia promovida por Washington con miras a desacreditar su gobierno-- ha expresado que está dispuesto a investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en el país.

La visita de Khan tuvo lugar un mes y medio después que los jueces de apelaciones de la CPI, con sede en La Haya, dictaminaron que esa instancia judicial internacional puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.

Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 hasta ahora han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.