EL PARALELISMO ENTRE ISIDRO PÉREZ Y EDUARDO CARRASCO: CUANDO EL SISTEMA CASTIGA A LOS MÁS VULNERABLES

En Estados Unidos y en Venezuela, separados por millas de kilómetros, dos ancianos han sufrido la misma tragedia: el abandono institucional, la criminalización de la pobreza y la vejez, y la instrumentalización de los sistemas de justicia para castigar a quienes deben ser protegidos.

Isidro Pérez , de 75 años, murió bajo custodia del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.) tras ser detenido en Cayo Largo, Florida. A pesar de haber vivido más de medio siglo en ese país, fue tratado como un deseo humano. Cuatro infartos, tres cateterismos, varias cirugías de columna y una fractura reciente no impidieron que lo encerraran en una celda helada, sin medicamentos ni asistencia médica. Su "delito": ser un migrante sin papeles.

Mientras tanto, mi padre, Eduardo José Carrasco Plaza , pensionado venezolano de 78 años, se enfrenta en el estado Carabobo un caso que evidencia la violencia institucional encubierta bajo figuras jurídicas simuladas. Hoy está siendo investigado penalmente por un presunto delito de invasión, a pesar de contar con un contrato de arrendamiento vigente desde el año 2003, pagos bancarios comprobables durante más de dos décadas y reconocimiento social como habitante legítimo del inmueble.

¿Su "crimen"? Ser un inquilino, que habita legalmente un inmueble desde hace más de 20 años, pero que ahora es víctima de una operación que apunta a despojarlo por vías extralegales, disfrazadas de acciones judiciales.

El patrón es el mismo : ancianos tratados como enemigos del sistema, convertidos en blanco de mecanismos institucionales que deberían defenderlos. Lo único que cambia es la geografía.

Simulación de hecho punible y acoso inmobiliario

En el caso de mi padre, lo más alarmante es que quien lo denuncia penalmente por "invasión", la ciudadana Eunice Mercedes Pérez Almeida , ni siquiera fue su arrendadora inicial. Ella vendió la propiedad en 2010 con reserva de usufructo, a María Gabriela Felipe Pérez y José Ángel Felipe Manrique . Nunca notificó el cambio de titularidad —obligación legal según la Ley para la Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda—, y ahora pretende criminalizar a un adulto mayor para forzar su desalojo por la vía penal.

Durante años, los pagos se realizaron a nombre de FC Inmobiliaria CA , sin que nadie informara formalmente sobre los cambios de propiedad. El canon se pagó, los recibos existen, y la posesión ha sido pacífica, pública y continua. No hay violencia ni clandestinidad. No hay delito de heno. Lo que sí hay es una simulación de hecho punible: usar el sistema penal para disfrazar un conflicto arrendaticio y burlar la ley que protege a los inquilinos.

A esto se suma la presencia de una figura oscura en esta trama: Marlyn Alexandra Rivero Rodríguez , quien se ha hecho pasar por representante de la inmobiliaria sin credenciales válidas, y cuya conducta ha sido señalada por acoso, amenazas, hostigamiento y psicológico.

Hostigamiento con efectos devastadores

Mi padre ha sido citado, hostigado, calumniado y presionado en procedimientos de tratamiento de irregularidades. Su salud física y emocional se ha deteriorado a un punto crítico.

Mi padre es inocente de apropiación indebida, de perturbación de la posesión, de lesiones, estafa y de violencia psicológica.
Al contrario, fue estafado al estar engañado durante todo este tiempo y ha sido víctima de una violencia psicológica que lo tiene traumatizado.

Nunca olvidaré la noche en que declaró ante un módulo policial de Guacara, en Yagua. Esa noche se levantó sobresaltado varias veces; no logré dormir. Desde entonces, no volvió a ser el mismo.

Me confesó que percibía a los funcionarios como formados bajo la lógica de lo que yo describo como "trumpismo": autoritarios, arrogantes, insensibles . Le negaron incluso a su abogado defensor la posibilidad de permanecer cerca durante su declaración. Uno de los funcionarios se atrevió a decir, sin reparo, que "ese contrato no vale nada", sentenciándolo de facto como invasor antes de cualquier juicio, sin escuchar pruebas, sin considerar su edad, ni su dignidad, ni su derecho a la defensa.

¿Qué une a Isidro y Eduardo?

Pobre de Isidro, que terminó sus días en una celda sin abrigo ni asistencia. Y pobre de quienes creen que un papel migratorio o un título de propiedad anulan la condición humana.

¿Qué uno de estos dos casos? Un mismo sistema que ha dejado de ver personas y solo ve expedientes. Que, tanto en Estados Unidos. como en Venezuela, usa las leyes como garrotes, no como herramientas de justicia. Un sistema que no reconoce la dignidad de los vulnerables, sino que los empuja al margen, al silencio, al sufrimiento.

Isidro no ocupó portadas. No fue tendencia. Tal vez por ser migrante, tal vez por ser pobre, tal vez por ser viejo. Pero su historia clama justicia.

Y la de mi padre tampoco ha sido escuchada por quienes deberían velar por sus derechos. Hoy lucha por no morir de tristeza bajo el peso de una persecución legal absurda y cruel, mientras las autoridades venezolanas hacen silencio o, peor aún, convalidan el atropello.

La política migratoria de Trump no solo criminalizó a los migrantes: los empujó hacia la muerte, y se ensañó con ellos.

En Venezuela, aunque con discursos distintos y leyes ejemplares, la práctica judicial y policial también ha devenido verdugo de los más indefensos .

La muerte de Isidro Pérez no es una excepción. La persecución contra Eduardo Carrasco no es un "caso de invasión" . Son síntomas de una época donde envejecer sin privilegios es un riesgo, una amenaza, una condena.

Esto no es una invasión, es un abuso.

Quiero dejar claro lo siguiente:

1. La denunciante no es propietaria plena , solo usufructuaria sin legitimación activa para acusar penalmente por invasión. El Código Penal castiga la simulación de hechos punibles.

2. Nunca se notificó legalmente el cambio de titularidad , lo cual vicia cualquier acción contra el arrendatario.

3. La venta no extinguió la relación arrendaticia. La relación contractual sigue teniendo validez mientras no haya resolución formal ni desalojo administrativo.

4. El sistema penal está siendo instrumentalizado para encubrir un caso de acoso inmobiliario, en contravención directa de la Ley y la Constitución.

5. Tanto la denunciante, como FC Inmobiliaria CA no deben evadir las comparaciones que le ha hecho la SUNAVI , por algo buscaron criminalizar y por algo se niegan a comparar ante esa institución.

No es nuestra intención apropiarnos de un inmueble ajeno. Nuestra lucha es por la dignidad, por el derecho a la defensa, por el debido proceso y por todos los adultos mayores que siguen siendo tratados como obstáculos sociales.

Justicia y dignidad para la vejez

Hoy repudio el tratamiento inhumano dado a ambos. Es inadmisible que estas historias sigan ocurriendo en el mundo, en pleno siglo XXI.

Y levanto mi voz por Isidro , que murió solo, en una celda congelada.

Y por mi padre , que sigue resistiendo desde una cama del Hospital Dr. Miguel Malpica de Guacara, a donde llegó casi sin signos vitales, con múltiples patologías agravadas por un estado depresivo profundo. Gracias a Dios y al esfuerzo del equipo médico , lograron estabilizarlo .

Pero el daño sigue ahí : el miedo, el despojo, la soledad, el abuso de poder.

Porque en este país y en este mundo, envejecer sin privilegios se ha convertido en un riesgo. Y eso debe cambiar.

¡Justicia para Isidro Pérez!

¡Respeto y protección para Eduardo Carrasco!

¡No más criminalización de la vejez y la pobreza!