¿Se tortura en Venezuela? ¿Si o no?

Había permanecido silente en Aporrea, principalmente por las dificultades que tenemos en el Zulia de acceso a electricidad, Internet y al resto de los servicios; en este estado región, en materia de energía eléctrica por ejemplo, hemos regresado lamentablemente al Siglo XVIII, cuando en 1889, instalada la electricidad residencial en el Zulia, hecho que ocurría por primera vez en Venezuela, se cancelaban 13 reales por 6 horas diarias de electricidad.

Pero bueno, los coletazos de la tragedia económica, social y política que vive el país, algunos descritos en las cinco líneas introductorias de este artículo, son una imperceptible caricia frente a la violación de un derecho humano sagrado, como lo es el derecho a la vida; máxime si se presume que un asesinato, ha sido provocado por la tortura, como presuntamente ocurrió con el Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, hecho calificado de "lamentable" por el Ejecutivo Nacional, que solicita a la Fiscalía una investigación exhaustiva de los hechos.

El Capitán Acosta Arévalo estaba acusado de terrorismo, sedición y magnicidio en grado de frustración; en la presentación ante el tribunal sufrió un desmayo, por lo que, según el Juez ordenó su traslado al hospital militar, donde falleció en la madrugada; el fiscal General, que como veremos más adelante, cuando se trata de tortura, suele responder, "..como a él le da la gana", designó al fiscal 88, con competencia en Derechos Humanos, para que se realice una investigación "objetiva, independiente e imparcial". ¿Será que se le puede creer?

Quiero dejar absolutamente claro, que no comparto ninguna salida golpista en Venezuela, tampoco una intervención extranjera; los que nos agrupamos al lado de la Fracción Parlamentaria "Zulia Humana", del Consejo Legislativo del Estado Zulia, disidentes del Madurismo en el Zulia, apostamos a una salida Constitucional y Democrática ante la catástrofe que vive el país, que por cierto, nunca veremos en los medios de "todos los venezolanos".

El título de este artículo, lo he tomado prestado, de una incómoda pregunta que le realizara Vladimir Villegas al Fiscal General de la República en su programa de televisión: ¿SE TORTURA EN VENEZUELA? ¿SI O NO?

La audiencia nacional del programa, que estimo no es poca, debe recordar la actitud evasiva del Fiscal, que ante la incómoda interrogante, respondió en tres oportunidades: "..el que tortura va preso". Y, a la insistente búsqueda de precisión de una respuesta por parte del entrevistador, el fiscal acudió a un acto de malcriadez pequeño burguesa: "..Yo respondo como a mí me dé la gana" y Vladimir, cerró el círculo, respondiendo .." y yo pregunto cómo a mí me dé la gana".

Este diálogo en vivo, que pudo haber pasado inadvertido para muchos venezolanos y venezolanas, hoy cobra una gran relevancia, y es que el funcionario, que admitió implícitamente la tortura, es quien tiene la competencia para dirigir la investigación sobre la presunción de uno de los hechos más abominables y plenos de absoluta cobardía, que ha conocido la humanidad: la tortura.

Todos los venezolanos sentimos en algún momento, que existía una intención política del proceso bolivariano en Venezuela de erradicar la tortura como práctica común en la Cuarta República, principalmente por la búsqueda de los desaparecidos en la Cuarta República y cuando se selló y firmó, en junio del 2013, en la Asamblea Nacional la "Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles e Inhumanos o Degradantes", muy especialmente el Artículo 13, donde se crea la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura, y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes. ¿Qué será de la vida de esa Comisión Nacional en estos últimos años?

Por otra parte, el 28 de noviembre del 2014, el Estado venezolano en la Convención Internacional Contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, publicó el informe de Observaciones Finales al concluir dicho período de sesiones, en cuyos puntos 7 y 15, de un total de 15, nos presentamos como los campeones en la defensa de los derechos humanos, donde se leen;

7) "La tortura como sistema institucionalizado y práctica normal y recurrente del Estado ha sido proscrita en Venezuela. Contrasta con el pasado cuando miles de venezolanos fueron torturados y desaparecidos. Ni un torturador fue traído ante la ley, sino más bien protegidos por el gobierno. La práctica de las desapariciones lastimosamente inició en Venezuela y de ahí se trasladó al Cono Sur. El Estado es garantista de todos los Derechos Humanos. Si algún funcionario incurre en alguna de estas prácticas, será sometido al imperio de la ley"

15) "Las torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes no forman parte de la realidad política venezolana."

Ahora bien, de noviembre 2014 a la fecha, en materia de Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, es mucha el agua que ha aumentado el caudal del río, sobre todo por el casi nulo estado de Derecho que impera en el país; se han hecho costumbre las habituales ruedas de prensa del Ministro de Información y Turismo, con la develación casi intermensual de supuestos golpes de estado, donde sonriente expresa que los detenidos están hablando y dando detalles muy interesantes, todos sabemos en el país que los están torturando.

Tortura que viola el Artículo 33, de la prenombrada Ley que establece: "Ninguna confesión o información que haya sido obtenida, mediante tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, podrá promoverse como prueba, y el documento que la contenga es nulo de nulidad absoluta. La promoción de esa prueba será considerada fraude a la Ley y en consecuencia acarreará responsabilidad penal y administrativa". ¿Existirá algún ingenuo que pueda creer en la aplicación de esta Ley, cuando no existe estado de Derecho?

Frescos están los casos del Diputado Requesens; en el Zulia, las torturas infringidas al Ex Alcalde de Cabimas Félix Bracho; la muerte del Concejal Albán y del Ex Alto funcionario de Energía y Petróleo, Nelson Martínez, mientras se encontraba detenido, con graves problemas de salud; las violaciones de los derechos humanos al Mayor General Rodríguez Torres y Mayor General Raúl Isaías Baduel.

También se denuncian las desapariciones e incomunicaciones de algunos, de los más de 170 militares, que son detenidos y después de 60 días sus familiares salen a pedir públicamente Fe de Vida, como el caso del Tcnel (Ej) Igbert José Marín Chaparro, Ex Comandante del Batallón Ayala, el más brillante académicamente de su promoción, detenido en marzo del 2018; los 17 trabajadores de PDVSA, invitados a una Videoconferencia en el Occidente, apresados por DGCIM, encarcelados desde el 2017, acusados de sabotaje y maquillaje de cifras, sin juicio, las audiencias las han suspendido 16 veces, perdieron entre 20 y 40 Kgs. en los primeros seis meses, varios están enfermos y se les negó una medida humanitaria, algunos acusados de cometer delitos en años anteriores, cuando aún no habían ingresado a la industria.

El juego social y político, es un juego de acumulaciones y desacumulaciones, por lo tanto, quien está en el poder, cada vez que hace una jugada, lo hace para mantener o incrementar su poder. El gobierno pareciera convencido, que sus jugadas para mantener el poder se fundamentan en tres factores: la manipulación mediática, la represión y tortura a los sectores políticos y militares que le adversan, así como, el auxilio político, económico y militar, Ruso - Chino, ante las sanciones de los Estados Unidos.

En el juego, la mesa solo tiene tres patas, el otro factor, o pata de la mesa es el "soberano" donde el gobierno se ha debilitado en gran manera, por el impacto de las sanciones económicas, pero principalmente por la reincidencia de cuatro fallas capitales entre otras: incapacidad para resolver el problema económico del país (hiperinflación); inexistencia de una fuerza moral y ética en el ejercicio del poder (Corrupción sin precedentes); Burocracia exacerbada e inexistencia de un verdadero partido de la revolución, que no sea un apéndice del gobierno.

El estado, a través del gobierno y los órganos con competencia en la materia, tienen la obligación constitucional de someter a juicios a quienes cometan delitos de cualquier naturaleza, siempre respetando los derechos humanos, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el debido proceso; en no actuar de esa manera también produce desacumulaciones en su capital político, militar y social que más temprano que tarde, le traerán consecuencias adversas al gobierno y toda la colectividad nacional.

 

"NI HAMBRE, NI GUERRA, LA GRAN TAREA: RESCATAR LA DEMOCRACIA"

 


 



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Roger Lázaro


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