Justicia y soberanía condicionadas

Guatemala ha sido la fuente de contradictorias noticias que involucran
a dos exmandatarios de esa nación centroamericana y cuestionan
aspectos medulares acerca del ejercicio de su soberanía nacional y el
funcionamiento de su sistema judicial.

Gran indignación causó en toda América Latina la noticia de que sería
suspendida la sanción de ochenta años de prisión por genocidio
impuesta al exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt.
La Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal de Guatemala, anuló el
lunes 20 de mayo la condena a 80 años de prisión por genocidio y
crímenes de lesa humanidad impuesta el 10 de mayo, ordenando que el
juicio se retrotrajera al estado en que se hallaba el 18 de abril, por
supuestas violaciones del debido proceso. Se alegó que la Presidenta
del Tribunal reanudó el juicio el 30 de abril sin esperar el fallo de
la máxima instancia sobre un recurso presentado por la defensa de Ríos
Montt.

En virtud de los poderosos intereses políticos y cuantiosos recursos
financieros que respaldan al ex general, es obvio que se está poniendo
a prueba la solidez de la justicia en Guatemala.

En solidaridad con las víctimas y repudio a la anulación de la
sentencia, se llevaron a cabo manifestaciones en varias naciones
latinoaméricanas y en la capital de Guatemala tuvo lugar una protesta
que, según declaró un directivo del Centro de Acción Legal en
Derechos Humanos (CALDH), que participa en el proceso judicial contra
Ríos Montt como querellante, tuvo como propósito hacer "que el mundo
conociera del genocidio que padecieron los indígenas ixiles en
Guatemala y denunciar los intentos por dejarlo impune".

Cuando se conoció el fallo condenatorio inicial, el júbilo se basó en
que sería ésta la primera vez que un tirano -de los tantos que
Washington ha utilizado como mayorales en los países que considera su
patio trasero- tendría que pagar por sus crímenes, aunque la pena
impuesta pareciera leve en comparación con la gravedad de los crímenes
imputados.

Si bien el verdadero culpable -el gobierno de los Estados Unidos- no
aparecía entre los sometidos a juicio, el mérito mayor de la
sorpresiva condena era justamente su carácter inédito.
Capacitado en la Escuela de las Américas, el general Efraín Ríos
Montt tiranizó Guatemala durante dos años (1982-83) tras asumir el
poder mediante un golpe militar, como estrecho aliado de Washington.

Es considerado responsable de 1.771 muertes, 1.400 violaciones de los
derechos humanos y el desalojo de no menos de 29.000 indígenas.
En diciembre de 1982, el presidente Ronald Reagan viajó a Guatemala
para colmar de elogios al dictador Ríos Montt “por sus esfuerzos y
dedicación a la democracia y la justicia social”. Pocos días después
fueron masacrados 251 hombres, mujeres y niños por los militares en la
localidad de Las Dos Erres.

Característico de la política de doble rasero en materia de derechos
humanos del gobierno de Estados Unidos en sus relaciones externas es
el respaldo que brinda a “sus” tiranos, invisibilizando sus desmanes
mientras demoniza a los gobernantes indóciles. Todo ello apoyado en su
gigantesca maquinaria mediática y su inescrupulosa diplomacia de los
dólares.

La condena a Ríos Montt hizo recordar los muchos casos de dictadores
genocidas como Duvalier de Haití; Somoza en Nicaragua; Stroessner de
Paraguay; Castelo Branco en Brasil; Trujillo en Dominicana; Batista en
Cuba; Pinochet en Chile y tantos más que en Latinoamérica han quedado
impunes para vergüenza de la humanidad.

El otro proceso que ha conmovido la actualidad guatemalteca tiene
características distintas aunque en muchos aspectos existan
similitudes. Fue la sorpresiva extradición a Estados Unidos, el
viernes 24 de mayo, del también expresidente guatemalteco Alfonso
Portillo, reclamado por la justicia de Estados Unidos por la supuesta
utilización de bancos de ese país para el lavado de 70 millones de
dólares del erario guatemalteco.
El caso comenzó en mayo del 2011, cuando el Tribunal Penal se

pronunció a favor de Portillo, a quien el Ministerio público acusó de
peculado por el desvío de fondos del Ministerio de Defensa.
En abril de 2013, una Sala de Apelaciones confirmó la sentencia
absolutoria del Tribunal, pero el 15 de mayo la Cámara Penal de la
Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de casación presentado
por el exmandatario contra la sentencia absolutoria para evitar que
quedara firme el fallo de la Sala que confirmó su inocencia por el
delito de peculado y así impedir su extradición.

Guatemala se encuentra situada en el vórtice de un conflicto más
político que jurídico en el que la intromisión estadounidense en los
asuntos internos del país centroamericano parece desempeñar un papel
determinante.


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Manuel Yepe

Abogado, economista y politólogo. Profesor del Instituto Superior de Relaciones Internacionales de La Habana, Cuba.

 manuelyepe@gmail.com

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