Caso Pérez Becerra, una reflexión desde la Argentina

El comandante Hugo Chávez se ha hecho cargo de la responsabilidad de la detención del periodista sueco-colombiano Joaquín Pérez Becerra en declaraciones para Radio del Sur: “La decisión (de la detención) es mía, porque yo asumo mis responsabilidades. A mí no me va a chantajear nadie, ni de la extrema derecha ni de la extrema izquierda. Nadie”

El mandatario insistió en preguntar por qué permitieron que Pérez saliera de Suecia y luego hacer una escala en Francfort sin ser detenido. “No tengo la menor duda que lo sembraron aquí, así que si lo agarro soy malo y si no lo agarro también lo soy, cumplí mi responsabilidad y lo capturamos”. Declaraciones a Radio del Sur.

Como corresponde con un compañero al que respetamos y admiramos, lo mejor es opinar con franqueza. Lo hacemos desde nuestra memoria histórica.

Durante la dictadura militar iniciada en 1976 en la Argentina hubo treinta mil desaparecidos, pero también un número mayor de exiliados políticos. Artistas, intelectuales, militantes populares, científicos, etc. etc se desparramaron por todo el mundo y fueron aceptados en numerosos países: Mejico, España, Canada, Suecia, Noruega, Venezuela, Perú, Alemania y otros. Todas esas personas fueron acusadas por la dictadura como terroristas y mucho mas si en el exterior realizaron actividades denunciando la violación de derechos humanos en su país. Las Madres de Plaza de Mayo fueron acusadas de terroristas, Mercedes Sosa fue acusada de terrorista. Y a todas esas personas se las trata de vincular con la organización armada Montoneros que en los años 1979-1980 inicia una contraofensiva militar contra la dictadura que tuvo un final trágico.

Los organismos derechos humanos fundados por madres y familiares de detenidos-desaparecidos, nacieron de personas del pueblo llevadas a la movilización y a la politica por las circustancias, no ideologizadas, y por lo tanto no podían ponerse a discutir si los desaparecidos eran del Ejercito Revolucionario del Pueblo, de Montoneros, del peronismo de base, socialistas o comunistas. Peleaban por sus hijos, o sus hermanos y entonces exigiían la aparición con vida de todos los desaparecidos, y la libertad de todos los presos politicos. Desde ese lugar pudieron romper la trampa de la dictadura que quería acorrarlarlos en la identidad de Montoneros, y en su estrategia de la contraofensiva.
Desde esa memoria histórica valoramos que Joaquín Pérez Becerra es un exiliado político, proveniente de un país que tiene el triste privilegio de encabezar la lista de violaciones a los derechos humanos en el continente. Y que para considerar su caso ponerse a discutir si es de las FARC, o las políticas de las FARC es caer en la misma trampa en que nos querían hacer caer los militares genocidas argentinos.

Defender a Joaquín Pérez, entonces no es un problema de aquellas personas que coincidan con las políticas de las FARC, ni de la extrema izquierda, sino un problema de cualquier persona u organización que se oponga a la violación de los derechos humanos en Colombia.

Como bien se sabe Joaquin Perez es ciudadano sueco, vivía en Suecia y en su viaje hacia Venezuela hizo escala en Alemania y Francia. Siendo requerido por la interpol no fue detenido en su país, ni ninguna de sus escalas. Pero si fue detenido en Venezuela.

Creo que la mejor respuesta sobre porque no fue detenido en Suecia, ni en Francia, ni en Alemania, la encontramos en nuestra propia historia. En general los países capitalistas no entregan a sus exiliados políticos. Me imagino por ejemplo que el gobierno de Franco debe haber requerido a muchos republicanos que se exiliaron en México. Me imagino que la dictadura argentino habrá pedido la captura de muchos compañeros que estaban exiliados en Francia, Mejico o España.

No se le reclama al gobierno bolivariano que actúe en forma revolucionaria, no siempre se lo puede hacer. Se le reclama porque no actuó como lo han hecho países capitalistas, incluida la propia Venezuela en tiempos de la IV República: respetando el derecho del exiliado, no aceptando las calificaciones de un gobierno que viola los derechos humanos. Bien se lo pudo contestar a Interpol, que correspondía que a este ciudadano sueco lo detuvieran en su país, o bien mandarlo de vuelta.

No me quedan dudas que se montó una trampa, lo que me preocupa es como reaccionó el gobierno venezolano frente a la trampa.

No vamos a juzgar al conjunto del proceso revolucionario bolivariano por una decisión política equivocada. Pero no podemos dejar de decir que la decisión política de Chávez genera desconfianza política de muchas personas y organizaciones progresistas, de izquierda y de extrema izquierda, creando una brecha que seguramente aprovecharan sus enemigos .

También dejan un antecedente para todas las personas que son perseguidas por dictaduras o gobiernos de derecha en el mundo para que no viajen a Venezuela. Podría suceder que "por cuestiones de Estado", y después de un cruce de teléfonos entre Presidentes, en la Venezuela Revolucionaria haya menos garantías que en cualquier país capitalista.


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