...de más de 40 años de crímenes de la "Democracia" Representativa

Una Comisión de la Verdad contra el olvido y la impunidad

La superación del pasado supone para la sociedad nacional, el enfrentamiento crítico con los graves hechos de violencia en un período determinado, a fin de buscar formas de reparar los daños causados y procurar evitar su repetición en el futuro.

No se agota con los esfuerzos de una Comisión de la Verdad, que trabaja durante un tiempo limitado y bajo un mandato específico, con campos de investigación limitados.

Es un proceso que dura muchos años y que continúa más allá del periodo de los gobiernos de transición.

En Argentina, 18 años después del fin de la dictadura militar, el tema de la superación del pasado sigue en el orden del día.

En Chile hay una situación similar. En Junio del 2001 diversas organizaciones

chilenas de Derechos Humanos, entre ellas la Comisión ética contra la Tortura y la Organización de Defensa Popular, exigieron a su gobierno la creación de una

“Comisión Investigadora de Verdad, Justicia y Reparación para los sobrevivientes de la tortura en Chile que afectó a unas 300,000 personas durante la dictadura de Pinochet. La ODEP señaló que “el reconocimiento por parte del Estado y la sociedad chilena de este crimen -de la tortura- es imprescindible para reparar los traumas físicos, mentales, morales y sociales que constituyen sus secuelas y lograr la verdad, aplicar la justicia y reparar a las víctimas de tortura”.

1) Qué deben ser las Comisiones de la Verdad?

Las Comisiones de la Verdad deben ser organismos de investigación creados para ayudar a las sociedades que han enfrentado graves situaciones de violencia política o guerra interna, a enfrentarse críticamente con su pasado, a fin de superar las profundas crisis y traumas generados por la violencia y evitar que tales hechos se repitan en el futuro cercano.

2) Que se busca con las Comisiones de la Verdad?

Conocer las causas de la violencia, identificar a los elementos en conflicto, investigar los hechos más graves de violaciones a los derechos humanos y establecer las responsabilidades jurídicas correspondientes no sólo a las personas naturales que ejecutaron, cooperaron, fueron cómplices o encubrieron hechos constitutivos de violaciones a los DERECHOS HUMANOS sino a las Instituciones que por acción u omisión permitieron que tales hechos se ejecutaran.

3) Que deben identificar las Comisiones de la Verdad?

El trabajo de la Comisión de la Verdad permite identificar las estructuras del terror, sus ramificaciones en las diversas instancias de la sociedad (Fuerzas Armadas, Policía, Poder Judicial, Iglesia), entre otros factores inmersos en esta problemática.

Esta investigación abre la posibilidad de reivindicar la memoria de las víctimas, proponer una política de reparación del daño, e impedir que aquellos que participaron en las violaciones de los derechos humanos, sigan cumpliendo con sus funciones públicas, burlándose del Estado de derecho.

Así la Comisión de la Verdad debe revisar cada una de las demandas de los familiares de los desaparecidos o asesinados, que pocas veces o nunca fueron tomadas en serio por las autoridades correspondientes.

4) Algunos aportes de la Comisiones de la Verdad:

Entre los aportes fundamentales de las Comisiones de la Verdad que han existido en América Latina podría destacarse:

a.- El Auto-descubrimiento de una realidad “ignorada y semioculta”

Violaciones a los Derechos Humanos, como los secuestros, las torturas sistemáticas, las desapariciones forzadas, el genocidio, pese a su repetición por periodos prolongados, durante mucho tiempo no merecieron el reconocimiento y mucho menos el repudio, por parte de la sociedad civil, como un problema de dimensión nacional.

Las razones fueron muy diversas:

Muchas veces por la censura de las informaciones, impulsada o impuesta por las autoridades gubernamentales, amplios sectores de la población vivían ignorando que a pocos kilómetros de distancia se estaban produciendo violaciones sistemáticas a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario.

Cuando los hechos de violencia empezaron a repetirse en una u otra región del país, como pasó en Chile, Perú, Argentina, El Salvador, Guatemala, amplios sectores de la población optaron por la indiferencia frente a los hechos, conducta que se mantuvo a lo largo de los años, incluso durante y después de la transición a la democracia en esas Naciones.

b.-Justificaciones para no investigar:

“Por algo será” era la reacción de algunas personas, ante las noticias de detención o desaparición de personas. “Algo habrá hecho” sostenían otros, ahorrandose el trabajo de analizar la situación política y el dominio militar impuesto.

Se descubriría además, que también el miedo paralizó a una buena parte de la sociedad, que silenciaba su voz.

Ciertamente había razón que en juicio de algunos analistas lo que justificó este miedo.

Los jefes militares proclamaron abiertamente sus amenazas, y para no dejar lugar a dudas, cabe traer la cita de algunos de los manuales de torturas y de contrainsurgencia diseñados en los Cursos de Estado Mayor provenientes de las Escuela de las Américas de Panamá

“Primero vamos a matar a todos los subversivos, después a sus colaboradores; después a los simpatizantes; después a los indiferentes, y por último, a los tímidos."

Tan fríos y crueles, como esas recomendaciones, resultaron las confesiones de algunos altos oficiales responsables de muchos crimines y violaciones de los Derechos Humanos, como el que se lee a continuación:

"Para que las Fuerzas policiales puedan tener éxito, tienen que comenzar a matar senderistas y no senderistas. Matan a 60 personas y a lo mejor entre ellos hay tres senderistas. Esta es la única forma de ganar a la subversión".

"Nosotros somos profesionales de la guerra y estamos preparados para matar. La guerra es así. Yo no le puedo decir a un soldado, al que se le ha preparado para matar: "ahora no mates", Y si mañana existe un problema, le vamos a decir, ahora si mata? "

Las declaraciones citadas corresponden a los militares siguientes: 1) General de Brigada Iberico Manuel Saint Jean, Gobernador de Buenos Aires. (Argentina, proceso al

genocidio, CADHU, 1977, 2) General E.P. Luis Cisneros Vizquerra, Presidente del Comando Conjunto de las FFAA. Lima, en: Quehacer 24, Octubre de 1983.

El miedo también afectó a las autoridades judiciales, que argumentando posibles amenazas de elementos subversivos o terroristas, actuaron como “tribunales sin rostro”.

Ciertamente esta rara figura del “Juez sin rostro” se prestó para la masificación del abuso y las injusticias contra los acusados por cualquier mínima sospecha de participación en hechos de violencia.

En algunos casos, sentimientos fatalistas llevaron a algunos sectores de la población a aceptar como «normales» los hechos graves de violencia, torturas, desaparición forzada, masacres. Estos sentimientos anularon cualquier posibilidad de plantearse oportunamente formas de resistencia o solución política o jurídica a la problemática.

Los esfuerzos de investigación de la Comisión de la Verdad, la sistematización y

consolidación global de los datos obtenidos, permiten valorar la real dimensión y gravedad de los hechos de violencia ocurridos, y pueden ayudar a la sociedad

nacional a informarse adecuadamente y tomar conciencia de los graves casos de violaciones a los derechos humanos cometidos en el período reciente y reconocer sus traumáticos efectos para el sector de la población afectada.

5) Experiencias y resultados de algunas Comisiones de la verdad:

· Perú 1980-2000: un estimado de 30,000 víctimas, entre ellos más de 4,000

personas detenidas-desaparecidas.

· Guatemala 1962-1994: 200,000 muertos y desaparecidos

· Argentina, 1976-1983: 30,000 muertos y desaparecidos

· El Salvador: 1980-1991, 75,000 muertos y desaparecidos

· Chile 1973-1990, mas de 3,197 muertos y detenidos desaparecidos.

Tal como lo reconoció en Argentina la CONADEP en el prólogo de su informe:

“…después de haber recibido varios miles de declaraciones y testimonios, de haber verificado o determinado la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención y de acumular más de cincuenta mil páginas documentales, tenemos la certidumbre de que la dictadura militar produjo la más grande tragedia de nuestra historia, y la más salvaje. Y, si bien debemos esperar de la justicia la palabra definitiva, no podemos callar ante lo que hemos oído, leído y registrado; todo lo cual va mucho más allá de lo que pueda considerarse como delictivo para alcanzar la tenebrosa categoría de crímenes de lesa humanidad”.

En Chile, por su parte, el ex Presidente Patricio Aylwin señaló que « La publicación del Informe, de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (que su gobierno creó en 1990) tuvo gran trascendencia en el país y aún en el exterior. La opinión pública tomó conciencia de lo ocurrido y valoró su gravedad.

Quienes no creían hasta entonces que las acusaciones sobre violaciones a los derechos humanos y, especialmente sobre desaparecimientos de personas detenidas fueran fundadas, tuvieron que admitirlas."

Luego, la difusión de las informaciones sistematizadas por la Comisión de la Verdad ayuda al despertar de la sociedad a una atroz realidad que no se quiso ver o reconocer en su momento debido.

Esta toma de conciencia acerca del pasado de violaciones a los derechos humanos es importante para avanzar en la reconstrucción de la democracia y del Estado de Derecho, que no se podrán alcanzar mientras persistan las heridas de los tiempos de violencia.

El reconocimiento de la verdad total, dura, compleja, libre de maquillajes, es la tarea fundamental de una Comisión de la Verdad.

( Nunca Más. Pág. 7 CONADEP 1987.)

6) La identificación de los sectores involucrados en el desarrollo de las

violaciones a los derechos humanos.

La verdad global que logra descubrir la Comisión de la Verdad, sobre las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, tiene que ir acompañada de verdades concretas, específicas, detalladas, que identifiquen a las personas, grupos y organizaciones involucradas en los graves hechos de violencia de manera veraz y precisa sin incurrir en señalamientos generalizados e imprecisos para que sea creíble y genere confianza.

Así se evita que las sospechas y acusaciones de graves hechos de violencia se atribuyan a la totalidad de los miembros de las organizaciones militares, policiales, paramilitares o guerrilleras. La culpa individual no debe diluirse en la culpa colectiva. Los inocentes no deben pagar por los culpables.

A partir de esta identificación de los diferentes actores en la violencia, en Guatemala y El Salvador se logró reconstruir el perfil de formación de los agentes militares y policiales, en los que se constató la predominancia de cursos de entrenamiento orientados a perfeccionar las técnicas de tortura, secuestros, fingimiento de hechos para atruibuirlo a los "enemigos".

Más tarde se propuso la depuración de los "elementos podridos" de las Fuerzas militares y policiales, y la creación de nuevos cuerpos de la policía civil.

También se logró establecer las diferencias existentes entre las organizaciones

subversivas, sus conflictos internos, y las violaciones a los derechos humanos que se cometían en su interior, contra sus propios militantes o simpatizantes.

En el Perú se han conocido también diversos grupos que adoptaron los métodos de los escuadrones de la muerte, como el autodenominando "Comando Rodrigo Franco", el "Grupo Colina", etc.

Entre otros ejemplos de grupos paramilitares o de escuadrones de la muerte se

pueden mencionar: El G2 y “los Kaibiles” en Guatemala, los "Novios de la muerte en Bolivia", La Triple "A" y el “Batallon 601” en Argentina. Los Grupos de Tareas.

Igualmente hay otros sectores involucrados en delitos de derechos humanos, pero por omisión: Los jueces que no aplicaron el derecho, rechazando los recursos jurídicos o «habeas corpus», los funcionarios universitarios que facilitaron informaciones sobre "estudiantes sospechosos", los responsables de los medios de comunicación, los empresarios que financiaron a los grupos paramilitares, entre otros.

Con respecto a los agentes del estado involucrados en violaciones a los Derechos Humanos, la Comisión de la Verdad de El Salvador exigió "el retiro de la Fuerza Armada de aquellos oficiales en servicio activo que hubieran cometido o encubierto graves hechos de violencia."

( Informe de la Comisión de la Verdad: "De la Locura a La Esperanza. La guerra de 12 años en El Salvador". 1993).

La Comisión de El Salvador recomendó también "la destitución de aquellos funcionarios gubernamentales civiles y miembros del poder judicial que hubieran cometido, encubierto, o dejado de investigar graves hechos de violencia como los que la Comisión ha investigado".

La Comisión recomendó la promulgación de leyes apropiadas que garantizaran que todas las personas implicadas por la Comisión en graves hechos de violencia, sea oficiales militares en servicio activo o en retiro, funcionarios civiles, miembros o comandantes militares del FMLN, jueces o civiles, quedaran inhabilitadas para el ejercicio de cualquier cargo o función pública por un lapso no menor de diez años".

La misma Comisión agregó que esas personas también "...deberían quedar inhabilitadas....para siempre de toda actividad vinculada con la seguridad pública o la defensa nacional". Esto es algo sumamente importante para evitar mantener situaciones que sigan agrediendo y ofendiendo a los familiares de las víctimas.

Lamentablemente esto solo se ha podido aplicar muy parcialmente en El Salvador.

En Argentina, muchos criminales de la dictadura militar siguen en el servicio activo, y hasta ocupan cargos políticos.

7) La Personalización y Humanización de las víctimas

Otra función importante desempeñada en cierta medida por las Comisiones de la Verdad en América Latina, es ponerle rostro a las víctimas, devolverles sus nombres y apellidos, y así superar la etapa de recordarlos en la sociedad como números del horror o datos estadísticos.

Las falsas e injustas acusaciones de "terroristas", o "subversivos", o "comunistas", lanzadas por agentes del estado contra muchas de las víctimas de la violencia, agregaron más dolor a las familias que perdieron al ser querido.

En Chile la Comisión de la Verdad describió brevemente las historias personales de las víctimas de la dictadura de Pinochet. Igual se hizo en Argentina con las víctimas de la dictadura militar de 1976 a 1983. En la mayoría de los casos se pudo comprobar que las acusaciones oficiales eran falsas.

La investigación de la Comisión de la Verdad, como entidad neutral, ha permitido esclarecer el verdadero rol de muchas de las víctimas durante los años de violencia, o las circunstancias precisas de sus desapariciones o muertes, muchas veces totalmente contrarias al discurso oficial con el que se justificaban las ejecuciones sumarias.

Esta reconstrucción y reivindicación de la memoria personal de las víctimas es una parte importante de la verdad que esperaban los familiares de las víctimas.

Aquí han ayudado mucho las entrevistas de campo, los testimonios grabados en cintas de sonido. (Defensoría Maya en Guatemala, Madres alemanas en Argentina)

Así se da un paso más para la restauración de la dignidad humana de las víctimas.

Este gesto significa también una reparación moral tanto de las víctimas como de los familiares que lucharon por tanto tiempo para lograr la verdad.

8) La Reparación parcial del daño causado

Las Comisiones de la Verdad han considerado conveniente formular una serie de recomendaciones al Estado, en materia de políticas sociales y económicas,

orientadas fundamentalmente a reparar en los familiares de las víctimas, en cierta medida, los daños causados por las violaciones a los derechos humanos.

La reparación del daño es parcial, debido a que las víctimas se mantienen desaparecidas o muertas.

También se ha propuesto en muchos casos, la rehabilitación del honor de las

victimas, y la construcción de parques, museos, o monumentos conmemorativos (Argentina "Parque de la Memoria" y Chile "Villa Grimaldi") donde los familiares o amigos puedan ir a recordarlos, llevarles flores, mensajes escritos, etc.

En base a su experiencia en Chile, el médico psiquiatra Carlos Madariaga afirma que existe un confusionismo conceptual respecto a lo que se entiende por reparación.

Aclara que generalmente “las instancias gubernamentales han entendido la

reparación de manera reduccionista, privilegiando las soluciones pecuniarias, en desmedro de los aspectos jurídicos, éticos, sociopolíticos y psicosociales, hecho que ha generado en las víctimas fuertes sentimientos de frustración y desencanto, estados psicoemocionales que han hecho abortar en gran medida los esfuerzos de reparación en curso”.

En Chile : Recogiendo las sugerencias del Informe se aprobó en el Congreso la Ley 19.123, (8.02.92) de Reparaciones a las víctimas, con la que se creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Dicha ley estableció una pensión mensual en beneficio de los familiares directos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos o de violencia política (conyugue sobreviviente, madre o padre, hijos menores de 25 años) como también el derecho a algunas prestaciones de salud por los servicios públicos respectivos, y a becas de estudio en la enseñanza media y superior para los hijos.

La Corporación también declaró víctimas de violaciones a los DDHH a otras 899

personas, de ellas 776 muertas y 123 desaparecidas. Así el total de víctimas directas reconocidas oficialmente por el estado chileno se levó a 3,197, personas, de las cuales 1102 fueron detenidos-desaparecidos y 2,095 asesinados.

En Argentina : Se han aplicado programas de reparación económica con pagos

equivalentes a una jubilación mínima, a los familiares de los desaparecidos.

También se ha logrado la promulgación de leyes que eximen del Servicio Militar Obligatorio a los hijos y hermanos de desaparecidos.

( “La reparación por parte del Estado hacia las víctimas de la Tortura”. Carlos Madariaga, en Reflexión, Cintras, a o 7, N 22, diciembre de 1994, págs. 9 al 11.

Informe sobre calificación de víctimas de violaciones de derechos humanos y de la violencia política, Corporacion Nacional de Reparación y Reconciliación, Santiago, 1996, Pág. 576)

Un aspecto sumamente importante para los familiares de los desaparecidos es la ley 24.321 de Ausencia por Desaparición forzada, que da legalidad jurídica al

desaparecido y soluciona las complejas situaciones legales generadas por la

desaparición física.

Así, ahora en Argentina existe en los registros civiles, además del

registro de Nacimientos y de Fallecimientos, el de ausentes por desaparición forzada.

En El Salvador : Una reciente evaluación acerca de la ejecución de las

recomendaciones de la Comisión de la Verdad de El Salvador, elaborada por Luis E. Salazar precisa que "Las recomendaciones no se ejecutaron, fueron truncadas en el marco de la Ley General de Amnistía,...y lo que se ha realizado es muy poco, y se ha tratado de medidas inmediatas que no han facilitado la sanidad de las heridas causadas durante el conflicto, en la medida que en muchos casos no se ha conocido la verdad, no se ha hecho justicia, y peor aún no se han reparado los daños."

A continuación Salazar reconoce que "en El Salvador se creó el Fondo de protección para lisiados de guerra, pero su efectividad circundó a menos del 50% de los afectados".

En Guatemala , la Comisión de Esclarecimiento Histórico recomendó como medida de reparación "que: cree y ponga en marcha con carácter de urgencia un Programa Nacional de Reparación a las víctimas de las violaciones de derechos humanos y hechos de violencia vinculados con el enfrentamiento armado y sus familiares."

Recomendó también que "el Programa Nacional de Reparación comprenda medidas individuales y colectivas inspiradas en principios de equidad, participación social y respeto de la identidad cultural, entre las cuales necesariamente han de figurar:

a) Medidas de restitución material para restablecer, en lo posible, la situación

existente antes de la violación, particularmente en el caso de la tierra.

b) Medidas de indemnización o compensación económica de los más graves daños y perjuicios como consecuencia directa de las violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario.

c) Medidas de rehabilitación y reparación psicosocial que incluyan, entre otros, la atención médica y de salud mental comunitaria, así como la prestación de

servicios jurídicos y sociales.

d) Medidas de satisfacción y dignificación individual que incluyan acciones de

reparación moral y simbólica."

En algunos contados casos las medidas de reparación han incluído en Argentina, Chile y Guatemala, la entrega de los restos de las víctimas de la violencia a sus familiares, para que les den la sepultura de acuerdo a sus creencias y costumbres.

Este paso ha sido muy importante para poder desarrollar, aunque tardíamente, el proceso del duelo y la toma de conciencia de la pérdida del ser querido. Asi los familiares podían empezar con la recuperación psico-terapeutica.

En el Perú las medidas de reparación tendrían que abarcar a todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos, entre 1980 y el año 2000, es decir, familiares directos de desaparecidos, torturados, asesinados, así como a los presos inocentes, los emigrantes forzados, entre otros.

8) Aportes para la Prevención de sucesivas violaciones a los derechos

humanos

La mayoría de las Comisiones de Verdad en América Latina han recomendado

reformas en la legislación penal antisubversiva, la penalización del hecho de ocultar información sobre personas detenidas o desaparecidas, la ratificación de tratados internacionales de derechos humanos, así como la incorporación de estudios de los derechos humanos en todos los niveles educativos, desde la escuela primaria hasta la universidad.

Cambios en las concepciones de seguridad: Después de comprobar las distorsiones o perversiones de la actividad policial, las Comisiones de la Verdad han propuesto la creación de fuerzas policiales de carácter civil y no militar, democráticas y no autoritarias, respetuosas de los derechos humanos, abiertas a la fiscalización y el control ciudadano.

También se recomienda:

· Reorientación de la función militar, en base a su sometimiento al poder civil y a los planes de desarrollo nacional. Revisión de las teorías dominantes en el período de la "guerra fría".

· Programas de educación para la solidaridad y los derechos humanos. Actividades en favor de la memoria de las víctimas de la violencia.

· la utilización de libros de registros uniformes de la actividad policial. (p.ej. Libros de detenidos).

· Representación pluralista de los miembros de la policía, a fin de que se reduzcan las posibilidades de agresiones y abusos por motivos raciales.

En uno de sus recientes documentos amnistía internacional señaló que "En muchos países en los que se produjeron las desapariciones, la mayoría del pueblo ni siquiera era consciente de que desaparecían personas. Fue sólo durante el periodo de transición cuando se enteraron más sobre la otra cara de la historia. Por eso es muy importante contar la otra parte de la historia también, para que todo el pueblo se de cuenta de que ellos también podrían haber desaparecido."

10) Difusión del Informe de la Comisión de la Verdad:

La difusión masiva de los informes y las conclusiones elaboradas por las Comisiones de Verdad constituye una valiosa posibilidad de trabajo pedagógico en diversos sectores de la sociedad, en la búsqueda de prevenir la repetición de los graves hechos de violencia.

11) Aportes a la Reconciliación a través de la Verdad y la Justicia

Los responsables de las violaciones a los derechos humanos, las autoridades

gubernamentales, así como ciertos sectores no golpeados por la violencia oficial, proponen llegar pronto a la reconciliación de la sociedad, el perdon a los culpables, "para reconciliar al país" y asegurar la continuidad del sistema democrático.

La reconciliación basada en la impunidad y el perdón atenta contra todos los principios del derecho.

La verdad y la Justicia son pasos sumamente necesarios antes de la Posible

Reconciliación.

Ninguna sociedad que se niegue a enfrentar críticamente su pasado de

violaciones a los derechos humanos podrá garantizar también en el futuro la aplicación correcta de la justicia.

La impunidad de las violaciones a los derechos humanos constituye una permanente victimización tanto de los que sufrieron la violencia como de sus familiares que reclaman justicia.

La reconciliación implica el restablecimiento de relaciones óptimas o "normales" entre las personas, en este caso, entre las víctimas o sus familiares, y los violadores de los derechos humanos.

Hay que preguntarse si antes de los hechos de violencia existían relaciones «adecuadas», de respeto y aceptación mutua entre las dos partes, entre los civiles y los militares o policías. En cualquier caso, estas "relaciones" de respeto mutuo fueron dañadas por la comisión de delitos de derechos humanos.

El delito cometido genera el rechazo mutuo o el odio (comprensible como reacción humana natural) hacia los perpetradores de violaciones a los derechos humanos.

Sólo la culminación del delito, (Tortura, prisión injusta, desaparición forzada) o la reparación del daño causado ofrecen la posibilidad de terminar con ese rechazo u odio y plantearse la reconciliación como una alternativa para la superación del pasado.

La reconciliación no se puede lograr por decreto.

La reconciliación es un acto personal entre dos partes enfrentadas o separadas. Implica decisiones personales, que significan por parte del represor, la confesión de la Verdad, el arrepentimiento, el reconocimiento de sus delitos, así como la promesa de no volver a cometerlos y la aceptación de la correspondiente sanción penal.

No es correcto forzar a los familiares de las víctimas a reconciliarse con los culpables de la desaparición de sus seres queridos, antes de que éstos hayan confesado sus delitos y cumplido con las sanciones penales correspondientes.

Es natural que los familiares de las víctimas se aferren a la memoria de sus seres queridos desaparecidos o asesinados, y se mantengan leales a ellos. El dejar de luchar por la verdad y la justicia en sus casos, el perdonar a los culpables en nombre de una pretendida reconciliación, es para ellos como un acto de traición al ser querido desaparecido.

El jurista peruano Carlos Chipoco, indica que el derecho a la verdad tiene

fundamentos doctrinarios jurídicos y prácticos; y que la verdad debe ser completa, oficial, pública e imparcial. Agrega que la búsqueda de la verdad es importante, por un deber moral hacia las víctimas, los familiares y los deudos, para descubrir y sancionar a los culpables, para afirmar la democracia y el control ciudadano de las instituciones públicas y para evitar que las violaciones se repitan.

Finalmente, Chipoco sostiene que el respeto del derecho a la verdad es importante para abrir la posibilidad del perdón y la reconciliación, y para cumplir con el Derecho Internacional.

Sin verdad ni justicia no pueden abrirse caminos para la reconciliación entre los

violadores de los derechos humanos y las víctimas sobrevivientes, o los familiares de los desaparecidos o asesinados.

Propuestas para mejorar el aporte de las Comisiones de la verdad.

Actualmente existen serias y variadas críticas a las Comisiones de la verdad creadas en América Latina que se resumen en:

1. La reserva en la identificación y difusión de informaciones acerca de los

perpetradores de las violaciones a los derechos humanos. Esto favorece la

impunidad para los violadores de los derechos humanos.

2. Incapacidad de reconstruir, en lo posible, la historia global de las violaciones a los derechos humanos, abarcando, además de las violaciones a los derechos

humanos básicos, los cometidos en contra de los derechos económicos,

sociales y culturales. A veces las Comisiones se han limitado a investigar casos

"simbólicos" dejando fuera muchos otros casos que también constituyeron

violaciones a los derechos humanos.

3. Impotencia para lograr la restitución a sus legítimos dueños del "Botin de

guerra", robado a los desaparecidos o asesinados en el período de violencia.

No se ha logrado que los represores devuelvan a los familiares de sus víctimas

los bienes que les robaron. En Argentina, por ejemplo, algunos represores viven en las propiedades de sus víctimas y administran las empresas que les robaron.

4. Ineficacia en las acciones de retroalimentación, de la información obtenida, a

la población afectada por la violencia, en lenguaje sencillo, claro, y a través de

los métodos modernos de comunicación.

5. Imposibilidad de controlar la ejecución cabal de sus recomendaciones en los

diversos campos, -para la superación de la impunidad, la prevención de

nuevas violaciones a los derechos humanos, y las acciones de reparación a las

víctimas o a sus familiares- después del final de su mandato. Riesgos de

instrumentalización política de sus conclusiones.

( Carlos Chipoco, “El derecho a la verdad”. En Paz, N 28. Págs. 83 al 106, Lima, marzo de 1994.

Chipoco comenta el desarrollo de esta teoría en los casos de Argentina, Chile y El Salvador.)

Estas reflexiones, producto del análisis y valoración de estudiosos de tan escabroso tema, algunos de los cuales tuvieron papel protagónico en la conducción de COMISIONES POR LA VERDAD, me permito presentar ante propósito formal de la soberana Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela de crear una COMISION DE LA VERDAD, resumiendo las fortalezas y probables dificultades que enfrentaría una COMISION que tenga como propósito investigar, documentar, procesar, identificar y probar quien o quienes participaron en las recurrentes prácticas criminales de ejecuciones sumarias extrajudiciales, desapariciones, torturas y tratos crueles, confiscaciones de bienes, intimidaciones, precisándose quienes ordenaron esas acciones, quienes fueron sus cooperadores, cómplices o encubridores que permitieron más de 40 años de IMPUNIDAD e INJUSTICIAS pese a que muchos de ellos pretendieron justificarse bajo el argumento de la defensa de la DEMOCRACIA.

Para tal fin, un equipo trabajo hace algunos años y ha logrado aportar importantes aportes entre ello, un “ANTEPROYECTO DE LEY CONTRA EL SILENCIO,Y EL OLVIDO DE LAS VICTIMAS DE LA REPRESION POR PARTE DEL ESTADO EN LOS AÑOS 59, Y LAS DECADAS DEL 60,70,80 Y 90”, propuesta elaborada por la Fundación Cap de Navio Manuel Porte Rodriguez, la Asociación Bolivariana contra el silencio y el olvido y DEHUVE.

Este domingo 6 de Febrero, por convocatoria hecha por el Presidente de la Asamblea Nacional, el dip. FERNANDO SOTO ROJAS, y con la asistencia en el presidum de perseguidos políticos como lo fue CLEODOVALDO RUSSIAN, nos dimos cita en la antigua sede del Senado, y con un auditórium lleno de victimas, familiares, activistas políticos perseguidos, activistas de los DDHH comprometidos con este proceso de cambio que preside el Comandante HUGO Chávez FRIAS, sin cuya voluntad y clamor por descubrir los crimines de la Cuarta Republica y sancionar a los culpables, no se habría dado las “condiciones” para iniciativas como la asumida por SOTO ROJAS, se escucharon las VOCES SILENCIADAS de esos crímenes y el clamor no sólo por documentar la VERDAD y determinar las responsabilidades, sino por sancionar a muchos esbirros y asesinos que se pasean impunes por Venezuela, muchos de ellos, detentando jugosas jubilaciones o riquezas mal habidas cuando asumieron la conducta de VERDUGOS de quienes le adversaron políticamente, pero el mayor deseo de quienes mostraron sus heridas aun no cerradas por el tiempo y el ominoso olvido es que tales crímenes contra la humanidad NUNCA MAS PUEDAN REPETIRSE.

Aunque algunos mostraron desconfianza, desilusión y descontento por la apatía y la ausencia de voluntad política de algunos altos funcionarios gubernamentales para alcanzar los objetivos trazados de aquella primera COMISION, fue unánime el voto de confianza y apoyo que 120 asistentes a ese FORO le dimos al paladín de la lucha guerrillera, el dirigente de la LIGA SOCIALISTA FERNANDO SOTO ROJAS para recobrar la esperanza y la seguridad que esta vez sin lograremos llevar a cabo tan difícil reto: DERROTAR EL SILENCIO, EL OLVIDO Y LA IMPUNIDAD de los CRMINES DE LA CUARTA REPUBLLICA pero sin dejar a un lado, la necesidad de afianzar los controles y cercos profilácticos en los cuerpos policiales y nuestras fuerzas armadas que impidan a todo trance que esas páginas de MUERTE Y DOLOR vuelvan a ENLUTAR a nuestra sociedad.

Lo que si debemos tener presente que esa COMISION DE LA VERDAD debe estar investida de la AUTORIDAD Y COMPETENCIA PLENIPOTENCIARIA capaz de sobreponerse a cualquier obstáculo, dificultad, obstrucción o indiferencia, particularmente de las autoridades que por imperio de la Constitución y la Ley están llamados a apoyar y prestar todos los recursos necesarios para que se profundice la investigación y la subsecuentes sanciones.

Quienes integren esta COMISION deberán ser no sólo personas comprometidas con la VERDAD y su demostración, tener coraje y perseverancia para su búsqueda, sino probar que en su ánimo no está la VENGANZA NI LA PERSECUCIÓN a priori, sino la autentica necesidad de demostrarle al País lo que ocurrió y porque se silenció durante todos estos años estos crímenes.

Se trata además, de dejar un LEGADO para las generaciones presentes y futuras, e impedir por todos los medios que hechos tan lamentables como los ocurridos puedan NUNCA MAS sucederse bajo el amparo y protección del propio Estado.

Me permito terminar con el llamado que ante el Presidium le formulé al Dr. CLODOVALDO RUSSIAN para que en su carácter de Presidente del CONSEJO MORAL REPUBLICANO tenga presente que se logre o no la designación de una COMISIÓN POR LA VERDAD, a la que apostamos todos, deben los miembros del PODER CIUDADANO (Contralor General, Fiscal General y Defensora del Pueblo) conforme lo disponen los artículos 273, 280, 284 y 285 de la CONSTITUCION NACIONAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, particularmente en lo relativo a la obligación que tienen de investigar, documentar, instruir y sancionar a toda persona, investido o no autoridad pública que se encuentre involucrado en delitos que constituyan violaciones a los DERECHOS HUMANOS, tal como lo manda el ordinal 5to del artículo 280 CNB que le exige a la DEFENSORA PUBLICA solicitara CONSEJO MORAL REPUBLICANO para que se adopte las medidas a que hubiere lugar respecto a hechos violatorios de los DDHH…”

(*) Abog. Presidente de FEDERACION NACIONAL DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE VENEZUELA (FENADDEH) y Secretario General de la ASOCIACION AMERICA DE JURISTAS (AAJ) Capitulo Venezuela.

Caracas, 06 de Febrero de 2011 .-



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Ignacio Ramírez Romero (*)


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