Lo político y lo jurídico en la guerra sin cuartel contra la estafa inmobiliaria
Abg. Jesús Silva R.
El énfasis que el primer mandatario ha puesto sobre la aplicación de una política radical destinada a solventar la problemática de las estafas inmobiliarias perpetradas por el sector privado, cobra ahora mayor fuerza con el anuncio emitido este domingo 16/10/10 en el programa Aló Presidente, respecto a la creación de un fondo familiar de 500 millones de bolívares para apoyar a víctimas de estos ilícitos, el cual se apoyará en una sala situacional encargada de monitorear estos casos, teniendo como fin la pronta culminación de la construcción de dichos apartamentos.
La anunciada implementación de intereses bajos, periodo de gracia y plazo apropiado, en beneficio de los compradores, ciertamente afianza la imagen del Estado venezolano como defensor del interés social por encima del afán de lucro empresarial; lo cual denota un notable contraste con la conducta lesiva de los capitalistas inmobiliarios. Tal realidad sociopolítica, como ya lo indicáramos en informes anteriores, estimula la toma de conciencia en los sectores medios de la población, respecto a que en el marco de un plan de acción coordinado (Correo del Orinoco. 13/11/10, página 4. Artículo de opinión: “La oposición no es monolítica”) la Revolución Bolivariana, les concede un tratamiento justo y más favorable que aquel brindado por las abusivas empresas privadas.
Precisamente hemos insistido en resaltar que esta acción gubernamental es una intervención de naturaleza distinta a las implementadas sobre medios de producción industrial; pues, además de combatirse la perversa especulación comercial de los empresarios capitalistas, ahora con esta recuperación de unidades habitacionales se están rescatando directamente los derechos de un numeroso grupo de venezolanos (clase media) con la garantía inmediatamente brindada por la revolución socialista de que tendrán su efectivo acceso a estas viviendas, y que esto será realizado en el marco de una negociación justa, con criterio de interés social. De este modo se protege a esta población contra mayores estafas que le causen daños superiores por la usura, intereses excesivos u otros cobros indebidos. No menos importante es alertar que estos empresarios estafadores deben ser urgentemente procesados por la justicia penal venezolana y sus propiedades de origen no justificado deben ser confiscadas por tratarse de bienes provenientes de actos delictivos cometidos en el negocio inmobiliario.
Finalmente, consideramos que la expedita culminación de los complejos urbanísticos recuperados por el Gobierno Bolivariano y su pronta entrega material a los compradores cuyos derechos fueron restituidos, es principal en el elenco de medidas hacer valer el principio constitucional de Interés Social para nuestro pueblo.
(*)Abogado Constitucionalista y Penalista. Profesor Universitario.
jesussilva2001@cantv.net