Denuncia desde El Tigre, Anzoátegui

Familiares de detenidos ven al sistema judicial y centros de detención en Venezuela como "un comercio"

Jóvenes en un centro de detención, con las bocas cosidas y en huelga de hambre

Jóvenes en un centro de detención, con las bocas cosidas y en huelga de hambre

Credito: Foto en WhatsApp

Junio de 2020

En nombre de familiares de presos y presas...

Desde la ciudad de El Tigre, estado Anzoátegui, Venezuela, familiares de personas privadas de libertad, se muestran muy preocupados y buscan llamar la atención sobre una "población olvidada" que, según sus testimonios, está en una penosa y muy grave situación, en condición de privación de libertad.

Ya sea por presunta o comprobada violación de las leyes penales, independientemente del "pago de su castigo", estas personas se supone que están bajo "resguardo" Del Estado venezolano, y sin embargo, las violaciones de derechos a las que están sometidas, superarían a los propios delitos por los cuales se encuentran encarceladas. En opinión de los familiares que hacen llegar sus denuncias, muchos de tales delitos podrían ser ficticios o "falsos positivos" utilizados para un supuesto "comercio judicial". Perciben que en la "cuarentena social y voluntaria" se acrecentaron los problemas e irregularidades que venían confrontando los privados y privadas de libertad y sus familiares.

 

Familiares de presos y detenidos denuncian condiciones de detención y "comercio judicial"

 

Se quejan de que "el retardo procesal generado por el Palacio de justicia de El Tigre ha confinado tras las rejas a personas por meses y hasta años, sin haber probado culpabilidad alguna sobre los presuntos delitos que se les imputa", y que para los familiares "no es un secreto que cada vez que fijan una audiencia en tribunales, la misma siempre es suspendida, ya sea porque el juez no quiere atender, el fiscal no quiere asistir, e incluso porque los ánimos de los trabajadores del poder judicial no son los mejores para ese día y la solución más rápida es diferir la audiencia".Entre las situaciones que exponen los familiares de presidiarios, está el señalamiento de que, actualmente, el tribunal de El Tigre no atiende las causas judiciales que se le siguen a las personas confinadas en los distintos centros de reclusión, trátese de comandos policiales, de guarniciones militares, de lugares de reclusión "preventiva"o de los centros penitenciarios.

Así lo expresan en una carta enviada a Aporrea y a otros medios de comunicación, en la que denuncian que "una de las situaciones más alarmantes es la salud de estas personas", entre las cuales estarían unos 32 privados de libertad que permanecen en distintos establecimientos de policía, personas sobre las cuales afirman que estarían "infectadas por tuberculosis", y otras enfermedades con riesgo de contagio a gran escala entre todos los privados de libertad. Señalan que "a la fecha, a pesar de que jueces, fiscales y alguaciles, tienen conocimiento de ésta situación, no se le ha buscado solución para atender estos casos", a los que agregan otros afectados por escabiosis, hipertensión, diabetes, neumonía, infecciones vaginales graves en las mujeres privadas de libertad, discapacidad física sin ninguna atención especial, e incluso trastornos mentales sin el debido tratamiento.

Se quejan de que los jueces no están atendiendo a sus funciones y al respecto llaman la atención del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio Público, a los que recuerdan su obligación patria y constitucional de procurar justicia, con garantías sobre los derechos humanos. Exigen que estas instituciones se aboquen a la atención de lo que están denunciando, aunque lo hacen con una sensación de temor a represalias por plantear lo que están sufriendo, por hacer contraloría social, como si eso también fuese un "delito", y por consiguiente, se cuidan mucho de poner a la vista su identidad, en precaución por previsibles represalias.

 

Preso en huelga de hambre en Poli-Anzoátegui, con la boca cosida

 


Hablan de "extorsión" por parte de policías en El Tigre, habría pasado a ser una de sus principales ocupaciones en lugar de las que corresponden legal y constitucionalmente a los órganos de seguridad, que "deberían de garantizar la paz, tranquilidad, confianza y seguridad del venezolano", pero que según sus propias experiencias como familiares de presos, dicen constatar que a lo que se dedican es a "exigir altas sumas de dinero a los ciudadanos de a pie para no ser culpados de un delito, a lo cual la persona debe acceder para no estar detrás de las rejas", e invitan a detallar la vida de este tipo de funcionarios policiales involucrados en tales prácticas, porque "viven y se dan mejor vida que un empresario".Para ellos, la "otra cara" de todo este sistema judicial y carcelario, que padecen las personas privadas de libertad y sus familiares a expensas de los cuerpos policiales, es que dicho sistema judicial "se convirtió en un comercio".

Se refieren también a qué pasa cuando la persona no paga la extorsión policial y responden así a la pregunta:

"Bueno, le culpan de un delito y lo ponen a orden del Ministerio Público, quedando a manos de los fiscales, quienes también te exigirán altas sumas de dinero para no mantener la acusación, a lo que si no pagas le exigen al tribunal que te den privativa de libertad por 45 días, para realizar supuestas investigaciones (cosa que nunca realizan), a lo que el tribunal accede y ahí es donde comienza el negocio con el privado de libertad y su familia, ahí se acaba la paz y tranquilidad de estas personas, empezando por el sacrificio que deben hacer para la alimentación del imputado, que en la mayoría de los casos es el sostén del hogar...".

Añaden que...

"el padecimiento de la familia y el privado no es normal: policías cobrando por pasar la comida a los calabozos, cobro de vacunas a los familiares para tener a las personas en calabozos tranquilos, robo de todos los implementos que le llevan al detenido, sin contar con el trato cruel y despiadado a familiares y privados de libertad".

Aseguran que "todo eso ocurre dentro de los centros de reclusión a la vista de jefes y comandantes". Dicen que "en el Palacio de Justicia es otra calamidad" y concluyen que "hace años el litigio en el derecho venezolano desapareció, los abogados se convirtieron en gestores e intermediarios de jueces, alguaciles y fiscales...".

Incluso, se conocen unas "tarifas", que para el momento de emisión de la carta (15 de junio) están alrededor de 1500$ y 2000$ para la liberación de una persona imputada por los delitos de robo, hurto, lesiones... como costo impuesto por jueces y fiscales. Para el imputado por secuestro, extorsión o abigeato estaría en unos 3000$ a 4000$. Para los imputados por drogas, homicidio y violación, según la misma fuente de familiares de presos, el costo varía entre los 5000$ y 10000$.

Por eso afirman que...

"se ha vuelto un negocio tener a personas privadas de libertad".

Y les parece que...

"sale mejor al imputado, para él y su familia, que se declare culpable, pagar una condena mínima y evitar tantos gastos".

Continuando con el tema del "comercio judicial-policial" y sus tarifas, refiriéndose en este caso a los centros de detención de El Tigre, como ilustración de lo que podría ser el panorama nacional; nos dicen que...

"una persona con alguna condición de salud, privada de libertad, debe pagar 50$ al alguacil para conseguir una orden médica y asistir a un centro de salud; luego debe ubicar un vehículo particular, ya que en las policías se niegan a trasladar en las patrullas a los detenidos, aparte de pagar entre 30$ y 40$ a los policías, a pesar de tener una orden de un tribunal... el médico forense cobra entre 300$ y 500$ para confirmar el diagnóstico (es obligatorio informe de el para efectos legales)... hay sólo un médico forense, al final el juez quita entre 200$ y 600$ para darte el beneficio de apostamiento (casa por cárcel), todo esto para una persona enferma en condición de privado de libertad".

Todo ello equivaldría a una "privatización" de hecho del sistema judicial y de los centros policiales de detención, convertidos en una industria capitalista del delito para-estatal, a través del desvío y desnaturalización de las funciones institucionales.

Hace poco se inició una HUELGA DE HAMBRE de varios internos, los cuales reclaman su libertad, pues habiendo sido condenados a 7 años de prisión, ya llevan 9 años detenidos. Ante esto exclaman: "¡Vean lo desastroso del sistema!"

 

Preso en estado de desnutrición y enfermedad
Credito: Mundo Oriental

 

Esperan los familiares de los presos en esta condición, que el relato que hacen contribuya a la sensibilización de los lectores y abrigan también la esperanza de que esta dura y terrible realidad sirva para llevar a la reflexión de las autoridades responsables, que en lugar de buscar el ocultamiento de semejantes circunstancias, deberían, en nombre de la República y de la Constitución, de los Derechos Humanos y de la Paz y Justicia Social, tomar en cuenta estas denuncias para contribuir con la Patria tratando de subsanar la degeneración que carcome a la institucionalidad.

Les piden que...

"cada vez que vean un titular de prensa donde un organismo de seguridad notifica la detención alguna persona por un supuesto delito, piensen que de seguro no pagó la extorsión a los policías y ahora será transferido al sistema judicial, cárceles y centros de reclusión llenos por no tener poder económico, porque el que tiene paga al instante por su libertad".

 

 

 



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La fuente original de este documento es:
Aporrea (http://aporrea.org/ddhh/a292517.html)



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