Para comprender el tema que trataremos en lo adelante, es importante recordar algunas informaciones y datos muy ilustrativos sobre este problema que afecta a nuestra Amazonia, y que nos permitirán ubicarnos mejor en su contexto. Veamos.

Según datos conocidos por estudios realizados y divulgados por diferentes Entes del Estado venezolano, tenemos:

Nuestro país cuenta con una superficie territorial de 916.445 Km2 (esta medida no incluye los territorios en reclamación de la Guayana Esequiba, ni el Mar territorial) y una población de aproximados a los 28,3 millones de habitantes (según el Instituto Nacional de Estadísticas INE). Sólo dos en (2) de los veintitrés (23) Estados que conforman al país, ubicados en la región Sur del territorio nacional los Estado Bolívar y Amazona contienen más del 60% del territorio nacional. En ellos sólo habitan (según estudios recientes) cerca del 10% de la población total de Venezuela. Mientras que en el resto del país, en los veintiún (21) Estados restantes que comprenden el 40% del territorio nacional se encuentran el casi 90% de la población del país. Esto quiere decir que la región Sur del país son territorios prácticamente deshabitados. Según estimaciones hechas por el General Ascanio (Militar perteneciente a las Fuerzas Armadas Bolivarianas, y miembro responsable del equipo designado por el Presidente de la República para atacar y resolver este problema): “sólo 2 habitantes/ Km2, y la habitabilidad se dificulta debido a que la accesibilidad (transporte) sólo puede realizarse por medio fluvial y aéreo, sumado a ello, las carencia de redes de abastecimiento de combustible en la zona lo hace más inhóspito (...)”

Era claro que nunca en el pasado los gobiernos sucesivos de las viejas clases burguesas dirigentes (AD y COPEI), en más de cuarenta años de “democracia” burguesa, se habían preocupado por resguardar la seguridad de ese territorio. Veamos lo que nos cuenta el General más adelante:

“El total de nuestra población indígena en el país apenas alcanza los 520 mil personas. En las zonas correspondientes el macizo guayanés y la amazona del territorio nacional se encuentran, apenas, 120 mil indígenas del total nacional… ¿Quién hace cumplir sus derechos y garantías sociales consagrados en nuestra constitución?” (…)



“En las diferentes zonas de esa región nos hemos encontrado con que la mayoría de nuestros indígenas no cuentan con documentos de identidad; que no están registrados como ciudadanos venezolanos que lo son (…) Nos hemos encontrados con niños indígenas con altos índices de desnutrición” (…)

Mucho se ha denunciado sobre la ilegal explotación minera de esa parte del territorio nacional. Ingentes recursos naturales minerales, fundamentalmente (oro y diamantes) les son confiscados (robados) diariamente a la nación por grandes consorcios transnacionales norteamericanas y sionistas frente a los ojos cómplices de muchos funcionarios corruptos de la vieja Guardia Nacional y del Ejército que, aun persisten camuflajeados dentro del naciente componente militar bolivariano.

La lumpen-burguesía venezolana también posee grandes intereses en esta región no menos significativa en comparación con las grandes transnacionales. Golpistas como los Toros Hardy, Tejera París, los Cisneros, son participe de importantes concesiones que les fueron otorgados en el pasado por sus compinches adecos y copeyanos de la 4ta República.

Según el Diputado Adel el Zabayar –diputado a la Asamblea Nacional por el estado minero Bolívar y miembro de la comisión parlamentaria permanente de Energía y Minas- en una de sus varias entrevistas concedidas a la prensa venezolana dijo: “Se estiman son sacados de entre 130 a 170 toneladas de oro al año, pero no existen cálculos confiables de la extracción de diamantes (…) No hay una cifra exacta. Es tanta la anarquía en materia de oro y diamantes que realmente no se conoce cuanto sale. Hay un estimado (…) los diamantes venezolanos son cotizados en las bolsas de Israel y Bélgica, pero en las aduanas nacionales nunca se reporta la salida legal. Esto es absurdo y preocupante (…) el 90 por ciento del diamante y el oro no pasa por registros, posiblemente me quede corto: algunos aseguran que podría llegar hasta 95 por ciento. Si la situación sigue así es preferible paralizar toda la producción.”

Estas informaciones son corroboradas, incluso, hasta por organizaciones internacionales que conocen acerca de esta problemática nacional, y que se repite en otros países en donde el contrabando de los llamados “diamantes de la guerra o sangrientos”, fueron explotadas y traficadas para financiar guerras civiles y grupos paramilitares para destruir a países como Angola, Costa de Marfil, República Democrática del Congo y Sierra Leona. La organización no gubernamental canadiense Partnership África Canadá (PAC), es una de ellas.

Esta organización (PAC) que promovió el Proceso de Kimberley, un acuerdo de gobiernos, la industria diamantífera internacional y entidades de la sociedad civil, respaldados por las Naciones Unidas para frenar el contrabando de diamantes con fines bélicos, su coordinador de investigaciones Lan Smillie, en una entrevista concedida a “Tierramérica”, dijo de Venezuela, lo siguiente:

“Estas piedras son extraídas a cielo abierto en Venezuela y contrabandeadas hacia Guyana y Brasil.” (…) “Los bandidos sacan diamantes venezolanos del país y se los venden a otros ladrones.” (…) “En los últimos dos años, Venezuela no reportó ninguna producción de diamantes al Proceso de Kimberley, pese a una extracción anual calculada en entre 15 y 30 millones de dólares” (…) “De modo simultáneo las exportaciones de diamantes de la vecina Guyana crecieron en una cantidad comparable a esa en los últimos dos años” (…) “El gobierno venezolano debe despertar y controlar su industria diamantífera”, agregó Smillie.

Es posible imaginarse, asistiendo en las experiencias de África, que los diamantes y el oro robado por estas empresas transnacionales pudieran estar siendo utilizados para financiar a la oposición y a las fuerzas paramilitares mercenarias quienes se han infiltrado en el país (según denuncia el intelectual y periodista Luis Britto Gracia) para atentar, en cualquier momento, contra la vida del Presidente (un magnicidio) o contra la vida de cualquier venezolano.

Según varios reportes de prensa internacionales, Venezuela llegó a ser en 1989 el segundo gran productor de diamante del mundo. Pero deberíamos preguntarnos ¿Se beneficia, acaso, el Estado, y a través de él, el pueblo, en alguna medida, por la explotación de estos recursos?

El Centro de Información y Documentación Empresarial sobre Iberoamérica, por sus siglas reconocido como (CIDEIBER), al respecto ha divulgado lo siguiente: “Las áreas de explotación aurífera más importantes del país se localizan en El Callao, Kilómetro 88, San Salvador del Paúl, Guainiamo, Icabarú, El Dorado, Gran Sabana y Alto Caura (…) Venezuela tiene reservas probadas de oro que sobrepasan las 10.000 toneladas. En el año 1994 se alcanzó una producción de 10 toneladas (…) Entre la producción de piedras preciosas cabe destacar la de diamantes, que en el año 1995 alcanzó los 296.000 quilates El área diamantífera de Venezuela se localiza en la cuenca del río Caroní, en el estado Bolívar y la Amazona venezolanas”.

Muchos estudiosos del tema, en el país, creen -entre ellos el General Ascanio-, que: “en oro y diamantes, Venezuela pudiera extraer el equivalente al ingreso petrolero”. Lo cierto, es que las cifras de extracción de estos minerales son desconocidas por el mismo Estado, pero esta suposición no se aleja mucho de la realidad.

Se calculan que existen entre 30 a 40 mil personas son las que ejercen la actividad de explotación minera (oro y diamante). Según el General (-estas no son palabras textuales-): “los intereses de 40 mil personas no pueden sobreponerse a los intereses de las 27 millones de personas que integran al país (…) que los grandes contrabandistas y capataces de las transnacionales que roban nuestros recursos poseen equipos sofisticados para la explotar fuera de sus aéreas de concesiones, helicópteros, avionetas y tecnología de telecomunicaciones de punta (teléfonos satelitales) para avisar a tiempo a los mineros y a sus capataces cuando nuestras fuerzas armadas realizan una incursión (...)”

La consecuencias de esta incontrolada explotación minera son devastadoras. el Mercurio y la deforestación de arboles en tierras ácidas, sobrepasan el grado de lo alarmante; la contaminación ambiental y del pobre trabajador minero, la inseguridad social, es el único “usufructo” que le queda al País.

La mayoría de los trabajadores mineros provienen de los extractos más humildes de la población quienes sólo cuentan con su fuerza de trabajo para subsistir. Una gran parte de ellos son extranjeros. Muchos son de origen brasileño y de otras nacionalidades, pero que han obtenido su nacionalización. Todos ellos, junto a muchos oriundos venezolanos, también son víctimas de la más vil explotación por parte de las grandes transnacionales y los contrabandistas para quienes trabajan. Entre estas empresas transnacionales explotadoras encontramos la FM (de capitales sionistas) y Cristalex (de capitales canadienses y norteamericanos, con cierta participación nacional).

Según fuentes del información del mercado nacional, el oro es cotizado en el país al precio aproximado de 60 Bs.F./grs. Pero los grandes contrabandistas sólo pagan al pobre trabajador minero 25 Bs.F./grs. Por otra parte, la onza de oro en el marcado internacional experimentó un alza impresionante, de 300$/onza que era su valor de mercado, hoy se encuentra en 1000$/onza. Esta es la razón fundamental por la cual los grandes contrabandistas internacionales prefieren sacar el mineral del país. Es por esta razón que el control de su mercado por parte del Estado adquiere una importancia económica estratégica. ¿Que hace el Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería al respecto?

basemtch@yahoo.com