Para el Consejo Nacional Bolivariano Derechos Humanos (CONABDH), pudimos visualizar, constatar y observar con determinación importancia los constaste abusos, especulación y acaparamiento en determinados abastos, supermercados y centros comerciales de Ciudad Guayana y Ciudad Bolívar, donde operan comercialmente los dueños de negocios, esto incluyendo los pequeños y grandes trabajadores del comercio ilegales a aprovechándose de la buena fe y de la problemática de esta enfermedad de la PANDEMIA DEL CORONAVIRUS (COVID-19), debilidades encontrada al pueblo por parte de los señores comerciantes del estado Bolívar, sin que las autoridades competentes se hayan pronunciado y aperturado las correspondientes averiguaciones, razones para la impunidad consecuencial, mediante la conspiración y guerra económica, situación que se reivindica y se interpreta como una clara, absoluta y total complicidad conspirativa por este sector comercial, la cual se expresan así:
ALERTAMOS AL PODER PÚBLICO NACIONAL
Ciudadano Nicolás Maduros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela; Dra. Delcy Eloína Rodríguez Gómez, Vicepresidente Ejecutivo de la República; ciudadano Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello; Ciudadano Dr. Tarek William Saab, Fiscal General de la República; ciudadano Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno; ciudadana Defensora Público General; ciudadano Defensor del Pueblo, han transcurrido diversos días en circunstancias preocupante a todas las estructuras sociales por ejemplo en Ciudad Guayana que han sido y están siendo afectadas constantemente y diariamente por los aumentos abusivos de la canasta alimentaria de primera necesidad de la familia venezolana, sin justificación legal, violándosele permanentemente estos dueños de supermercados y redes comerciales, los Derechos a la Alimentación y entre otros Derechos a los Servicios Básico Público, que a todas luces el ilustre Dr. José Vicente Rangel, en una oportunidad decía: "Es tiempo de resultados en la batalla contra la guerra económica declarada por la derecha y la oligarquía, hay que actuar con diligencia y eficacia frente al desabastecimiento y la inflación que genera un denso malestar en el pueblo. "
LA CONDUCTA DEL PODER POPULAR.
"El Poder Popular es el ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo en lo político, económico, social, cultural, ambiental, internacional, y en todo ámbito del desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad, a través de sus diversas y disímiles formas de organización, que edifican el estado comunal". (Artículo 2 Ley Orgánica del Poder Popular). La conspiración económica en el estado Bolívar, se ha mantenido y traducido en una activa Especulación en contra de la población más vulnerable, se ha sobrevenido una guerra, una rabia, un odio y un terror en contra de los usuarios y usuarias de Ciudad Guayana y Ciudad Bolívar, por parte de algunos comerciantes de diferentes raza, sexo, credo, condición, posición social, política y económica, fijando los diferentes alimentos de primera necesidades a elevados y altísimo precios cada cinco días, sin misericordia alguna, la especulación son reiterativas y abusiva, la cual está presente en los Centros Comerciales de los sectores de San Félix, Puerto Ordaz y AltaVista, haciéndose extensivo en todo el territorio geográfico del estado Bolívar, los puntos claves de compra de alta relevancia comercial la feria de hortalizas ubicada por alta vista sur, y el transporte públicos cada días en pésimas condiciones por el sector abusivo y anárquico.
CONSECUENCIAS DEL COVID-19.
En virtud a los niveles alarmantes de propagación y gravedad de la pandemia del coronavirus en el concierto del Mundo y de la Unión de Naciones Suramericanas, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Tal enfermedad ha venido generando grandes consecuencias Morales, espirituales, de salud, el derecho a la vida, políticas, económicas, Jurídicas, Judiciales y Administrativas, evidenciado de que estamos en presencia de una situación coyuntural y estructural, la cual no se encuentra aislado también de una conspiración en contra del proceso Revolucionario Bolivariano, en contra de la Revolución Social, en contra de la Revolución Económica, en contra de la Revolución Política y en contra de la nueva Geopolítica Internacional y Mundial que se está conquistando, en medio de tormentas, circunstancias, obstáculos, saboteos e intento de Golpe de Estado, con carácter mediático, en razón a estos elementos probatorios podemos manifestar que estamos en mano de:
01.- Las Consecuencias Moral y Espiritual, que consiste con los principios cristianos, Éticos y Valores y el temor a Dios por parte de la población venezolana. El Salmista David decía: "Mejor es confiar en Jehová Que confiar en el hombre". "Mejor es confiar en Jehová Que confiar en príncipes". (Salmos, capítulo 118, versos 8 y 9). Cuya consecuencia cuando se violan, produce un acto de inmoralidad, de pecado, de transgresión y de desobediencia en contra de Dios y de las leyes, normas, decretos, resoluciones y de acuerdos.
02.- La Consecuencia de salud, es que el Coronavirus (COVID-19), nos sitúa en un escenario de profundo sentimiento de Alertad y de Emergencia Preventivo en el Sistema de Salud, por ser la Salud un Derecho Humano Social fundamental Constitucionalizado, previsto en el artículo 83 Constitucional, generado lamentable resultados de contagios en determinados lugares del país.
03.- La Consecuencia Psicológica que direcciona hacia la depresión, la encienda, estrés y el miedo, produce como efectivamente se ha dicho una gran Depresión ya que la Depresión "se utiliza para describir una amplia gama de estados de ánimo. Estos incluyen desde el desánimo hasta un grave problema físico que afecta la manera de sentirse acerca de uno mismo, de otras personas y cosas en la vida, día tras día".
04.- La Consecuencia del Derecho a la Vida, direccionan hacia la muerte, los cuadros estadísticos diarios nos refleja las constates muertes de personas contagiado por la enfermedad de la pandemia del Coronavirus a nivel mundial y de Venezuela. Nuestra Constitución Bolivariana de la República en el marco de los Derechos Civiles, establece que: "El Derecho a la vida es inviolable". (Artículo 43 constitucional). La Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, cuando en boca del Apóstol Pablo, uno de los apóstoles más intelectuales de la historia Bíblica manifestó que: "Pues todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segara, porque el que siembra para su carne de la carne segara corrupción; más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segara vida eterna".
05.- Las Consecuencias políticas y económica, son los reiterados bloqueos en contra de nuestra República, el "BUROCRATISMO", el oportunismo, el individualismos, y por consiguientes la impunidad y la corrupción. Violaciones de los derechos económicos y sociales de la población vienen producto de una política de exterminio promovida desde las administraciones OBAMA-TRUMP en el contexto de la imposición de medidas coercitivas unilaterales ilegales contra el Estado Venezolano. Estas medidas, configurar perfectamente el DELITO DE GENOCIDIO CONTRA LA POBLACIÓN venezolana, en la cual, el Gobierno y Estado Social han venido actuando. De allí surgen los desengaños y la desesperanza: "se lo comió la estructura", "se comporta como un burócrata", "se echó a perder en el cargo", "se le subieron los humos a la cabeza". El proceso de superación del fenómeno burocrático abarca entonces diversas determinaciones como la: burocracia, burocratismo, burocratización, dicho de otra manera, debemos ir a la raíz de la burocracia, cambiar las estructuras que producen el burocratismo, concientizar y organizar a los sujetos, como lo decía el Sociólogo Carlos Lanz, además de construir mecanismos profilácticos contra la burocratización. Realmente esta presente, La especulación, la estafa, el acaparamiento, la usura y los monopolios, que desde el punto de vista de los Derecho Económico, y del Derecho Constitucional, consagrado según el dispositivo 113 Constitucional expresa que, "no se permitirá monopolios, por cuanto, se declaran contrarios a los principios fundamentales de esta Constitución cualquier acto, actividad, conducta o acuerdos de los y las particulares que tengan por objeto el establecimiento de un monopolio o que conduzcan, por sus efectos reales o independientemente de la voluntad de aquellos o aquellas, a su existencia, cualquiera que fuere la forma que adoptare en la realidad, también es contrario a dichos principios el abuso de la posición de dominio que uno o una en particular, un conjunto de ellos o ellas, o una empresa o conjunto de empresas; adquiera o haya adquirido en un determinado mercado de bienes o servicios, con independencia de la causa determinante de tal posición de dominio, así como cuando se trate de una demanda concentrada. En todos los casos antes indicado, el Estado adoptara las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos y monopolio, el abuso de la posición de dominio y de las demandas concentradas, teniendo como finalidad la protección del público consumidor, de los productores y productoras y el aseguramiento de condiciones efectivas de competencia en la economía".
06.- Las Consecuencias Jurídicas, Judiciales y Administrativas, son aquellas como lo expresado por el destacado fallecido excomisario Fermín Mármol León en su libro de "4 CRÍMENES Y 4 PODERES", que por cierto actualmente tienen una gran vigencia y que dice a la letra que, "indiscutiblemente que en nuestro país, esta disciplina tiene una proyección totalmente: el objeto del poder es demostrar su poderío; personalmente constate, que el instrumento es la Ley y el Orden, y la esencia aparente, es la Justicia; pero no es menos cierto, que existen intereses más importantes, en donde entran en juego un sinnúmero de influencias y poderes, que hacen de esa justicia, un elemento más de corrupción". La Revolución Bolivariana debe hacer frente a los problemas de la burocracia, burocratismo y burocratización como la base de la INEFICIENCIA. Simón Bolívar con mucha fuerza dijo: "El hombre de honor no tiene más patria que aquella en que se protegen los derechos de los ciudadanos y se respeta el carácter sagrado de la humanidad: la nuestra es la madre de todos los hombres libres y justos, sin distinción de origen y condición".
ANTECEDENTES DE LOS HECHOS.
Han transcurridos casi treintas (30) días aproximadamente en situación de alertad y prevención en contra de la pandemia del COVID-19, donde el Poder Económico, representado por Fedecamara y la oligarquía estadounidense tienen golpeo, "a las familia como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas". Sometida a grandes humillaciones por los constates aumentos abusivos provocados por dueños de negocios y empresarios que toda la población sabe, cadenas y redes de negocios comerciales, confabulados con algunos funcionarios que mantienen el status de burla en contra del Pueblo, aprovechando a la impunidad y la falta de autoridad. La especulación, la estafa, el acaparamiento, la usura y los monopolios que están presente en el bolsillo y en el asalto a los ciudadanos, violándose el artículo 75 Constitucional, mandato que hace referencia sobre los Derechos Humanos Sociales y de las Familias.
SÍNTESIS DE LOS DEL DERECHO Y DE LAS PRUEBAS.
El clamor de la Población es impresionante frente a la guerra económica permanente, en circunstancia de la pandemia del COVID-19, los elementos de convicción está a la vista, donde las familias, individualidades y sectores sociales que viven días a días el golpe en el bolsillo frente a los corruptos especuladores y estafadores de los precios de primer orden de productos y mercancías alimentaria, la guerra económica consecutivamente se ha expresado, reivindicándose como un medio de especulación, desabastecimiento de productos consumido en primer orden básicos por el acaparamiento. La infraestructura económica paraliza y controlan la producción a su manera e imponen un mercado falso financiero paralelo donde reina y se cotiza el dólar al precio que ellos deciden. Ningún República puede resistir un ataque, un golpe tan desproporcionado contra su economía, la impunidad tampoco garantiza la resistencia necesaria. Por lo tanto, estamos en presencia como Pueblo de una Debilidad Manifiesta constitucional que se expresa: "Y en consecuencia la ley garantizara las condiciones jurídicas y administrativa para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables, protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y solucionara los abusos y maltratos que contra ellas se cometan" (Artículo 21 Constitucional). Y de los Delitos Económicos constitucionales, como hecho que tiene carácter de: "El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo con la ley". (Artículo 114 constitucional).
RESUMEN PETITORIAL.
En concreto, ciudadano presidente, como Jefe del Poder Público Nacional, que como Presidente de la República es el "Jefe del Estado y del Ejecutivo Nacional, en cuya condición dirige la acción del Gobierno". (Artículo 226 constitucional), en virtud a los hechos supra narrados por este Consejo Nacional Bolivariano Derechos Humanos, hemos llegado definitivamente a la conclusión que en medio de la enfermedad de la pandemia del COVID-19, identificada por sus siglas como el SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Grave), y respetivamente el MERS (Síndrome Respiratorio), nuestro Pueblo Venezolano se encuentra en una situación de DEBILIDAD MANIFIESTA CONSTITUCIONAL, y en UN PROBLEMA DE SEGURIDAD Y DEFENSA ALIMENTARIA DE LA NACIÓN que de conformidad con el artículo 322 constitucional, " La seguridad de la Nación es competencia esencial y responsabilidad del Estado, fundamentada en el desarrollo integral de ésta y su defensa es responsabilidad de los venezolanos y venezolanas; también de las personas naturales y jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado, que se encuentren en el espacio geográfico nacional".
INTERVENCIÓN Y JUSTICIA SOCIAL.
Hay que actuar con urgencia y contundencia ciudadano Presidente.
1.- Sírvase estudiar la posibilidad, como Órgano principal del Poder Público Nacional, actuar bajo la Acción extrajudicial, ordenando a las autoridades competentes rectoras y auxiliares, trasladarse al lugar de los hechos para verificar el estado en que se encuentra los diferentes rubros alimenticios por ejemplo en Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana. Entre otros estados.
2.- Sírvase estudiar la posibilidad, como Órgano del Poder Ejecutivo Nacional a proceder bajo la Acción extrajudicial, ordenando y exhortando a la Defensoria del Pueblo y efectivamente el organismo PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS (SUNDDE), la cual por en el estado Bolívar es paralitico, es decir no se conoce desde mucho tiempo a SUNDDE a los fines de proceder a apertura los correspondientes procedimiento Sancionatorios y Administrativos por los hechos ilícitos.
3.- Sírvase estudiar la posibilidad, de exhortar a la Fiscalía General de la República a proceder a designar Fiscales Nacionales con competencias Nacional en Materia Económica y contra la corrupción para que se proceda a investigar las presuntas estafa pública y a los responsables de los constantes aumentos, tanto a empresarios, como transportista y comerciantes ilegales, (bachaqueros); así como investigar la Distribución correcta y justa de los Comités Locales de Abastecimientos y Producción por los sectores de San Félix y sector de Puerto Ordaz, entre otros, para verificar y practicar las experticias correspondientes sobre los estudios de costo y entrega.
En razón a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, el Consejo Nacional Bolivariano Derechos Humanos, ciudadanos Presidente de la República, Nicolás Maduro, ciudadano Fiscal General y ciudadano Defensor del Pueblo y ciudadano presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que el presente escrito peticionario, es sobre los asuntos de su competencia de conformidad con la Constitución y las Leyes, y que esta denuncia sea leída, recibida, admitida, tramitada y sustanciada con base y de conformidad con lo previsto en los artículos 51 y 141 Constitucional e igualmente se nos otorgue un lapso de tiempo perentorio para que nos ofrezca una respuesta oportuna y adecuada, de acuerdo a las formalidades legales constitucionales.
Pido y hago del conocimiento con mucho respecto, ciudadano presidente y demás autoridades competentes que estamos en presencia de Concurso de Delitos Constitucionales derivado de Delitos Penales, Delitos Contra la Delincuencia Organizadas y de Delitos por presuntas Estafas Pública y Abuso en contra de la población venezolana, como consecuencia de una Guerra Económica reiterativa y manifiesta que golpe permanentemente el bolsillo de la familia, sustentado como hecho de un: "El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo con la ley". (Artículo 114 constitucional). Esto en función de que: "El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen. (Artículo 19 constitucional).
Es Justicia que solicito y esperamos todos los venezolanos en la República Bolivariana de Venezuela, pero muy especialmente en el estado Bolívar.
