Cuando los dirigentes políticos de la oposición dicen y escriben sobre la transición, siempre lo han hecho bajo la premisa de una inmediata salida del Presidente de la República y del cambio del modelo político y económico. Del lado oficialista no he tenido la oportunidad de oír nada que se parezca y, por el contrario, se habla de la necesidad de profundizar los cambios y radicalizar el proceso revolucionario.

En las actuales circunstancias pareciera ocioso plantearse cualquier transición dado que recién ha sido ratificado en su cargo el ciudadano Presidente de la República, para el período constitucional 2019-2025, sin contar los resultados de los comicios estadales para gobernadores y municipales para alcaldes; quedando pendiente solo los comicios para elegir concejales, ya previstos para finales de año.

No obstante, un sector de la sociedad insiste en que la única solución es la salida del Presidente y el cambio de modelo a los que nos referimos con anterioridad, con el argumento que el gobierno se encuentra a la deriva y que su gestión es aceptada apenas por aproximadamente un 20% de la población electoral.

No apoyo esta idea y es por ello que escribo estas notas, máxime si recordamos que:

• El gobierno tiene el control político y financiero absoluto de los poderes públicos nacionales, estadales y municipales.

• El gobierno cuenta con el apoyo absoluto de los cuadros de mando en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

• El gobierno está consciente de sus decisiones y ello forma parte del denominado modelo.

Un complemento de la mencionada transición es la re-institucionalización del país, para referirse fundamentalmente, a hacer que se cumpla el principio de separación de poderes públicos y los requisitos constitucionales para ser magistrado o rector en cada uno de los órganos de máxima jerarquía. A esto se agrega la necesidad de dejar sin efecto la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) por no haberse cumplido con el correspondiente referendo, así como la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que declaró a la Asamblea Nacional (AN) en desacato.

Parto del hecho cierto que el actual Presidente de la República deberá esperar hasta el próximo mes de enero para asumir de nuevo su cargo, por lo que vale la pena aprovechar los próximos seis meses para hacer los ajustes a que haya lugar y así evitar que el país se hunda en una verdadera catástrofe política y social, que nadie desea.

A esta fecha desconocemos cuál será el texto de la nueva Constitución de la República y del II Plan de la Patria, lo cual representa un verdadero obstáculo para hacer cualquier ejercicio de esta naturaleza, pero aun así nos atrevemos a conjeturar. Lo ideal hubiese sido que sepamos por fin de qué socialismo estamos hablando y a dónde queremos llegar, de lo cual seguramente se ocupará el IV Congreso ideológico del PSUV.

En este orden de ideas, le sugiero a quienes conforman el comando político cívico-militar de la revolución, que tomen las siguientes decisiones a título enunciativo, en el marco de un proceso de transición y conciliación, sujeto a discusión:

• Someter a referendo consultivo los textos de la nueva Constitución de la República y del II Plan de la Patria, antes que finalice el año 2018.

• Someter a referendo revocatorio a los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) una vez realizado el referendo consultivo antes indicado.

• Someter de inmediato a referendo revocatorio a los diputados de la Asamblea Nacional (AN) por no haber cumplido con el mandato del 16 de julio de 2015. Por vía de consecuencia, convocar a nuevas elecciones.

• Proceder de inmediato a renovar los rectores del Poder Electoral conforme a las normas constitucionales.

• Proceder a designar de inmediato a los directivos del Banco Central de Venezuela conforme a las normas constitucionales y respetar la autonomía institucional. Simultáneamente, decretar una tasa única de cambio del bolívar con respecto a una determinada divisa, en el marco de un programa integral para combatir la hiperinflación.

• Decretar una escala progresiva de aumento precios de venta para la gasolina y demás combustibles, y aceites de uso industrial y del parque automotor.

• Liberar a los jueces de la República para que actúen a conciencia y no permitir que ninguna autoridad policial y militar desacate las decisiones judiciales ni mucho menos que apliquen torturas. En el entendido que la justicia debe ser administrada solo por los jueces naturales.

• Cumplir las normas y principios constitucionales y legales que regulan los sistemas de planificación, presupuesto y crédito público, para garantizar la necesaria disciplina fiscal.

• Permitir que la contraloría social pueda ser ejercida libérrimamente como parte consustancial del poder popular, obligando a las autoridades y a las organizaciones sociales a rendir cuentas de su gestión de manera oportuna.

• No criminalizar la protesta por ser un derecho constitucional.

• Someter todos los casos conocidos de corrupción a la acción de la justicia.

• Desmilitarizar la administración pública y las empresas del Estado, y concentrar a la FANB en la defensa integral del territorio nacional.

• Convocar a los profesionales y técnicos, por órgano de las universidades y colegios profesionales, para que asuman la gerencia de las empresas del Estado, conjuntamente con los respectivos trabajadores.

• Declarar sectores o áreas prioritarias de atención como sistemas y servicios interconectados, los siguientes: i) petróleo y demás hidrocarburos, ii) gas, iii) electricidad, iv) agua, y v) transporte, entre otros; con miras a ejecutar acciones extraordinarias en los próximos dos años, en el marco de planes decenales como mínimo.

• Concertar con los sectores privados planes de emergencia para la producción de los rubros agroalimenticios y medicinales prioritarios para el consumo humano y animal.

• Reconocer la caótica situación en cuanto a la distribución de alimentos y medicinas y, sin perjuicio de los CLAP, abrir otras vías que garanticen su acceso natural a todos los venezolanos.

• Combatir hasta erradicar el bachaqueo a todos los niveles, haciendo que se cumplan las respectivas licencias municipales para comercializar y expender cualquier tipo de producto.

• Garantizar el funcionamiento de los medios electrónicos para realizar las transacciones financieras de cualquier naturaleza, sin costos adicionales sino todo lo contrario.

• Permitir el libre tránsito de alimentos y medicinas por todo el territorio nacional para evitar que los puntos de control policial y militar matraqueen.

• Convocar a los profesionales del sector salud a incorporarse a un plan intensivo de dotación de recursos humanos en las diferentes instituciones de la salud. Incentivar a los médicos tradicionales, conjuntamente con los médicos integrales, para que en lo inmediato sustituyan a los médicos cubanos y, así poner fin a los convenios que en este sentido se han suscrito con la República de Cuba.

De esta manera consideramos que el gobierno podría recuperarse y avanzar para beneficio de todas y todos. Claro está que todo esto debe ir acompañado de una alta dosis de transparencia y sinceridad por parte del primer mandatario y de sus equipos capaz de generar la confianza mínima necesaria, tal como lo señalé en El día después del 20M, https://www.aporrea.org/actualidad/a263678.html.

En definitiva, de lo que se trata es de reconocer los errores por acción u omisión y corregirlos para poder gobernar en sana y verdadera paz. Es criminal esperar otros veinte años para tener que reconocer que fracasamos. El primer interesado en no fracasar debe ser el Presidente de la República.

Profesor asistente FACES-UCV, jubilado.

monrodav@gmail.com