En el marco de la Asamblea Nacional Constituyente debe comenzarse el debate nacional sobre la Sociedad postrentista petrolera que necesitamos. Un debate que debe llevarnos a cuestionar las ideas preconcebidas y repensar el manejo de la renta petrolera desde cero.
Lo cierto es que, los venezolanos carecemos de un punto de referencia originario de esa economía del futuro, que nos ayude a superar esa cultura rentística heredada desde tiempos de la dominación española. Y que luego intentó ser destruida por el Libertador Simón Bolívar en su lucha contra el latifundio y los terratenientes, que eran aquellos que vivían de la renta de la tierra y que no generan trabajo productivo ni riqueza alguna para el país.
Decía el Libertador Simón Bolívar en 1815, en la Carta de Jamaica, que: "Todo era extranjero en este suelo: la religión, las leyes, las costumbres, los alimentos, los vestidos eran de Europa, y casi nada era hecho en Venezuela." Insistía en que "nos obligaron a dedicarnos a la crianza de ganado, a la extracción de oro, a la agricultura y plantaciones, es decir, nos impusieron una economía primaria de exportación."
Pero, sería el 24 de octubre de 1829, cuando el Libertador revirtió el proceso de expatriación de las riquezas naturales latinoamericanas iniciado en los tiempos de Colón a finales del siglo XV, que duró más de tres siglos. Es así como en la ciudad de Quito, Ecuador, dictó el "Reglamento sobre Minas", donde se establece por primera vez, que las minas de cualquier clase pasaban a ser propiedad de la nación, otorgándole la propiedad real al Estado.
Sin embargo, luego del alzamiento militar del general José Antonio Páez contra Bolívar, el 27 de diciembre de ese año 1829, la economía venezolana seguía en una verdadera crisis; con las mismas relaciones de producción sustentadas sobre el sector agropecuario y el latifundio. Seguía siendo un país eminentemente rural, dominando las actividades agropecuarias pero atrasadas tecnológicamente.
Con la aparición de la renta petrolera en las primeras décadas del siglo XX, el país comenzó a recibir ingentes sumas de dinero que permitieron el aumento inmediato de los niveles de consumo y de la inversión en el sector comercio, con poco destino al desarrollo industrial.
Desde esos tiempos hasta la actualidad del siglo XXI, la renta petrolera que se ha originado en el exterior, se ha transferido mayormente al sector privado para destinarlo a la importación de bienes finales e intermedios, y ha alimentado la fuga de capitales.
A 202 años después de la Carta de Jamaica, seguimos siendo un país al borde de la mono-exportación, donde el 96% de las divisas extranjeras que circulan son petrodólares; donde la mayor parte de los ingresos fiscales son derivados de la renta petrolera; donde cualquier reducción de la producción o de los precios del petróleo genera crisis fiscal en el país, donde la agricultura no satisface al país, donde seguimos siendo un país distribuidor de artículos manufacturados y de artículos agrícolas importados; y donde todos seguimos soñando que en el futuro, Venezuela se convertirá en un país que produzca cuanto consume.
Lo cierto es que la historia nos ha demostrado que hay que cambiar la lógica económica de los que administran la renta petrolera. El artículo 311 de la Constitución vigente nos exige, que las rentas que generen las riquezas del subsuelo y la minería deben "propender a financiar" la inversión real productiva nacional, la educación y la salud; es decir, el petróleo debe convertirse en dinero y ese dinero debe convertirse en más dinero por la vía de la inversión productiva; y luego ese dinero multiplicado, por la vía de la recaudación fiscal no petrolera, es que debe financiar el resto del gasto público no productivo.
¡No puede ser que el petróleo se siga convirtiendo en dinero para que luego se esfume en puras importaciones y gastos improductivos! Hay que detener esa perversión histórica, que el activo común de todos los venezolanos, que son los yacimientos petroleros, se liquidan y luego las divisas generadas se les entreguen a las empresas agremiadas en Fedecámaras, Consecomercio, Venanchamp, Fedenaga, Fedeagro y Conindustria, para que importen la mayoría de los bienes que consumimos y los vendan caros, en detrimento de la inversión nacional productiva de bienes 100% hecho en Venezuela, y sin garantía de retorno de esos capitales que son de todos los venezolanos.
Asimismo, no podemos seguir con un modelo económico basado en la búsqueda de la satisfacción de la dieta básica alimentario temporal, que se sacie el hambre por pocas horas o días. Las decisiones económicas no pueden seguir buscando rentabilidades o satisfacción de necesidades a corto plazo. La gente no puede estar saliendo y entrando en la zona de la pobreza cada cierto tiempo. Hay que buscar soluciones a los problemas estructurales de nuestra economía. Por ejemplo, que la recién creada AGROSUR comience hacer su trabajo, porque hay que producir todos los bienes agrícolas en el país.
Y finalmente, Dólar Today no puede seguir siendo la brújula que determine los precios de los bienes y servicios de los gremios empresariales opositores al gobierno, que buscan generar insatisfacción social para hacer perder el apoyo popular por la revolución.
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