A la vez que se protege el poder adquisitivo

Otra forma de ir recuperando el salario y las pensiones

Muchos analistas y estudiosos del tema económico, preocupados y ocupados, por la situación actual de nuestro país, hemos venido proponiendo políticas y mecanismos para enfrentar los problemas de nuestra economía en sus distintos aspectos. 

Nadie quiere imponer sus propuestas. Lo menos que se espera es que se abra un espacio de discusión; porque es en el ejercicio dialéctico de la discusión, de donde salen las soluciones más efectivas.

En este artículo haremos otra propuesta, imbricada a la de la indexación de la economía, pero que dentro de la concepción actual del problema salarial que adoptó el equipo económico del Gobierno, le sea más fácil al Gobierno evaluar la aplicación de la misma.

Para asegurar que la propuesta sea lo mejor comprendida posible, iremos explicando ciertos elementos que demuestran la viabilidad de la propuesta.

Motores de la economía

Todo Estado tiene dos motores que impulsan la economía: sector público y sector privado.

En Venezuela, a diferencia de muchos países del mundo, el principal motor que impulsa la economía es el sector público, porque el Estado venezolano está estructurado para que así sea. 

Constitucionalmente, el Estado tiene el monopolio de la principal industria del país (PDVSA), la cual, en la práctica, monopoliza toda la energía fósil que se extrae y se consume en el país. En la actualidad, el Estado monopoliza también la energía eléctrica y el agua. Es decir, el Estado venezolano monopoliza la producción y el servicio de los principales elementos que determinan la producción del país. Sumémosle a eso, el peso que tiene el Estado venezolano en rubros como telecomunicaciones (CANTV Y MOVILNET) y en el sistema financiero a través de uno de los bancos con más ahorristas del país (Banco de Venezuela); y por si fuera poco, en el sector público están la mayoría de los centros educativos del país, lo que define el futuro de todos nosotros los venezolanos. Este panorama nos lleva a la conclusión de que si el sector público no funciona correctamente, al sector privado se le pone muy cuesta arriba producir. Es por esto que esta propuesta está dirigida a atender al sector público, en una primera etapa de la recuperación de la economía nacional.

La Propuesta

Una vez que entendemos que en Venezuela el sector público es el principal motor de la economía; es obvio entonces que debemos esforzarnos por tener en las mejores condiciones posibles ese motor.

El trabajador es el factor de producción más importante del proceso productivo (tanto en el sector público como privado), por lo que toda política de recuperación económica debe, primero, atender al trabajador.

La creencia en que el dinero genera inflación está muy arraigada. Aun cuando la experiencia ha demostrado reiteradamente que tal teoría es falsa, ésta sigue dominando. Sobre esta base, proponemos que, inicialmente todos los bonos que el gobierno paga a los empleados públicos pasen a convertirse en salario, a través de un contrato colectivo- marco y transitorio (esto es para que no se entienda como un aumento del salario mínimo). 

Al pasar todos los bonos a salario, en principio, no va a variar sustancialmente la cantidad de dinero que circula en el mercado, porque ya esa masa de dinero está circulando en forma de bono indexados.

Los llamados pasivos laborales (vacaciones, utilidades, aguinaldos y prestaciones sociales) que establece la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y la Trabajadoras, representan Bs 0,5 por cada Bs 1 que recibe el trabajador.

El ministro del Trabajo, recientemente afirmó que en el sector público, por cada $1 que recibe el trabajador en forma de salario, el patrono (El Gobierno) debe pagar adicionalmente $11, lo cual supone pasivos laborales, incluso contratos colectivos (es en los contratos colectivos que está el grueso del aporte del Gobierno); sin embargo, recordemos que estamos hablando del sector público, cuyo patrono (El Gobierno) es emisor del dinero, y quien hace los bolívares que el trabajador recibe, no puede decir que no tiene bolívares. Desde esta perspectiva es fácil entender que si el Gobierno hace el dinero que reciben sus trabajadores, entonces sus trabajadores le salen GRATIS al Gobierno, ya que el dinero, en términos reales, son números; porque incluso en el dinero físico (monedas y billetes) lo que importa actualmente es el número que tienen impreso y no el material del que estén hechos. Entonces el obstáculo para mejorar los salarios del sector público no radica en la obtención del dinero, sino en el impacto que esa cantidad de dinero pueda tener en la economía. Veamos, tomando como ejemplo el último aumento de salario mínimo en Venezuela, que fue el 15 de marzo de 2022, como impactó en la inflación ese aumento, que representó un incremento de un 1.800% del salario mínimo (con todas los pasivos laborales y su incidencia en los contratos colectivos)

Aumento del salario mínimo de 1,800% en marzo de 2022

Con un crecimiento del 5% que experimentó la economía venezolana en el 2021; en marzo del 2022 el Ejecutivo Nacional decretó un aumento salarial, que pasó el salario mínimo de Bs 7 a Bs 130: un incremento que representó poco más de 1.800%. Veamos cómo se movió la inflación a raíz de ese aumento de salario mínimo:

En febrero de 2022 la inflación de ese mes fue de 1,7% (fuente: Observatorio Venezolano de Finanzas OVF) y la inflación del mes de marzo (cuando se realizó el aumento) cerró en 10,5% (fuente: OVF), pero ya en abril la velocidad de la inflación bajó y ese mes se registró una inflación de 3,6% (fuente: OVF). Ese mismo año, las utilidades y aguinaldos se pagaron fraccionados durante los meses de octubre, noviembre y diciembre y la inflación se comportó en esos meses de la siguiente manera: en octubre la inflación fue de 14, 5% (fuente: OVF); en noviembre la inflación fue de 21,9% (fuente: OVF) y en diciembre la inflación fue de 37,2% (fuente: OVF), para un acumulado anual en ese año, de 234,08% (Fuente: BCV).

Para el Observatorio Venezolano de Finanzas, la inflación cerró en el 2022 en poco más de 305%; eso significa que, si la inflación que publicó el BCV fue de 234,08%, entonces la inflación mensual registrada por el BCV estaba por debajo que las registradas por el OVF (el problema es que son pocas las cifras que publica el BCV).

Tanto la inflación anual publicada por el BCV, como la publicada por el OVF reflejan una caída importante de la inflación respecto a la inflación del año anterior (2021), donde la inflación cerro por encima del 686%.

La conclusión que podemos sacar de este ejemplo, es que con un aumento del 1.800% de salario mínimo y su incidencia en todos los pasivos laborales y en los contratos colectivos, la inflación mensual y finalmente anual, fue bastante baja en comparación con el año anterior (2021) donde el aumento salarial pasó de Bs. 1.200.000 a 7.000.000 (con la última reconversión, llegó a Bs. 7), lo que supuso un incremento del 583% del salario mínimo. Eso nos deja claro que no es el salario el que impulsa, de manera importante, la inflación en Venezuela. Pero la propuesta que estamos haciendo en esta oportunidad, afectaría aún menos la inflación ya que está dirigida solamente a una tercera parte de la población económicamente activa (trabajadores del sector público). El sector privado seguirá pagando lo que ha venido pagando, por lo que no tendrán la excusa que se está afectando su estructura de costos, por el contrario, se verán favorecidos por el pequeño aumento de la demanda que supondrá el pago de los pasivos laborales en el sector público.

Se verán beneficiados pensionados y jubilados ya que el contrato colectivo marco y transitorio, deberá arroparlos para efectos de sus ingresos. Sólo que estos no gozan de las incidencias salariales que gozan los trabajadores activos.

Es importante resaltar que esta propuesta sólo busca mejorar las condiciones del sector público, que en la actualidad es el sector más desfavorecido, y como ya explicamos, es el principal motor de la economía venezolana.

¿Por qué salariar los bonos?

La respuesta a esa pregunta no puede ser otra que: “porque no existe ninguna razón económica para no hacerlo”. Ya pudimos ver que el salario en Venezuela no determina de manera importante la inflación. Para ilustrarlo mejor, hagamos otro ejemplo con datos más recientes, con lo que ahora llaman: Ingreso Mínimo Vital a partir del 1 de mayo de 2023:

La cesta ticket en el 2022 era de Bs 45 (para el 1 de mayo del 2023, equivalía a $ 1,8) y luego de los anuncios del Presidente del 1 mayo del 2023 se aumentó a Bs 1000, equivalentes, para el momento) a $ 40 (un incremento en Bs del 2.222%).

Para abril del 2023 el salario mínimo se mantenía (como aún se mantiene) en Bs 130, eso equivalía, para el momento a $ 5,2; el Bono de Guerra, que se venía pagando indexado, se pagó (en abril) en Bs 1.100, que equivalían a $ 44 y el 1 de mayo de 2023 se llevó el Bono de Guerra a Bs.742.5, lo cual equivalía a $ 30; vale decir, se redujo en un 32%.

En definitiva, para el 1 de mayo de 2023, el ingreso formal de los trabajadores, pasó de Bs. 1.275 (equivalentes en ese momento a $ 51.5) a Bs. 1872.5, (equivalentes a $ 75.7); lo que supone un incremento real de los ingresos formales de los trabajadores, para el 1 de mayo de 2023, en un 46.9%.

Veamos cómo se comportó la inflación durante el mes anterior al aumento de los bonos y cómo se comportó en los dos meses siguientes, con un 46,9% de incremento del ingreso de los trabajadores:

Según el BCV, la inflación del mes de abril de 2023 fue de 3,8% 

Según el BCV, la inflación del mes de mayo de 2023 fue de 5,1% 

Según el BCV, la inflación del mes de junio de 2023 fue de 6,2%

La inflación del año 2023, según el BCV fue de 189,8%

Si comparamos el comportamiento de la inflación del aumento del salario (1.800%) en el 2022 y del ingreso (46,9%) en el 2023, nos damos cuenta que la diferencia en la variación es relativamente poca, aun cuando los incrementos en bolívares fueron sustancialmente distintos, con lo cual evidenciamos nuevamente, que la inflación en Venezuela no está determinada por el salario.

Además de salariar los bonos del sector público, e indexarlos junto a aquellos bonos que por ley no pueden ser salariados; el salario en la administración pública debe elevarse, en su categoría más baja a el equivalente a $250. Ese salario cubriría sólo el 50% de la canasta alimentaria, pero sería un buen inicio para que los trabajadores, que reciben sus bolsas Claps puedan atender con más tiempo y tranquilidad, las labores que les corresponde en la administración pública.

En muchos órganos y entes de la administración pública están pagando regularmente bonos en divisas o en bolívares, más allá del bono de guerra y de la cesta ticket. Ese dinero circula todos los meses en el mercado nacional y la inflación ha ido bajando interanualmente.

El incremento en el salario de la administración pública que estamos proponiendo, no elevaría sustancialmente la demanda agregada: primero, porque la mayor parte de lo que sería el nuevo salario del sector público, ya está circulando cada mes, y segundo porque ese incremento sería sólo en la administración pública, que representan 4 millones de los 15 millones de trabajadores formales del país.

 


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Juan Carlos Valdez


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