El Comité y el artículo 80 de la CRBV

Con mucho sudor y fuerza en el uso del cincel, el artículo 80 constitucional estableció la paridad entre el salario mínimo urbano, que en Venezuela es el más alto, y la pensión. Esta victoria pertenece a las luchas de El Comité y su trascendencia beneficia a varias generaciones de la población venezolana. Ahora bien, como toda conquista, hay que defenderla.

La organización impulsora de esta equiparación económica e inclusión de rango constitucional con espíritu de justicia social, adoptó el 29 de mayo como su fecha de constitución. Originalmente se llamó "comité de pensionados del IVSS" y con posterioridad, su nombre se extendió a "pensionados, jubilados, sobrevivientes y personas adultas mayores". En realidad se le suele llamar desde que nació y hasta hoy, sencillamente El Comité.

Su origen se remonta a finales de los años ’80 y su fundación se concreta durante la década de los ’90 del siglo XX. En sus inicios estuvieron involucrados varios diputados del Congreso Nacional, quienes mayoritariamente provenían de organizaciones de izquierda y trabajaban con la defensa de derechos humanos. En cuanto al 29 de mayo, se trata de una coincidencia con la conmemoración del día de la trabajadora y trabajador judicial en Venezuela, y es una ocasión tan simbólica como las reuniones semanales de El Comité en la plazoleta frente a la Santa Capilla o en la plaza ubicada detrás de la sede del Banco Central de Venezuela, ambos lugares adyacentes a una de las principales edificaciones que concentra el funcionamiento administrativo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en Caracas. La conocida esquina de Altagracia, frente a la iglesia caraqueña del mismo nombre.

Desde hace más de 30 años y con reuniones semanales que se hicieron bajo el sol, la lluvia, con frío y calor, a El Comité se integraron personas de distintos lugares que acudían caminando, con su bastón, andadera y hasta con alguna silla de ruedas. Las familias de los pensionados, pero sobre sus nietas y nietos, llamaban por teléfono a un número que se solía pegar con cinta transparente a la tarjeta del seguro. Era el número de El Comité. Planteaban su situación y alguien les visitaba, si no podían trasladarse a la reunión semanal. Esa persona que les atendía tomaba nota del caso y sus detalles. Abría una carpeta y se ponía nombre a aquella solicitud. Se elaboró una metodología de registro y clasificación, seguimiento y respuesta. No había WhatsApp ni Twitter, pero El Comité atinaba en sus modos de comunicar y relacionarse con la institucionalidad competente.

Por su parte, la gente siempre iba y va a las reuniones, llevando sus carpetas repletas de documentos y formas 14.01, 14.02 y 14.100. Con sus récipes para medicinas de alto costo, sus diagnósticos de enfermedades inmunodepresoras (renales, raras y otras). Con sus amarillentas constancias de trabajo de aquí y de allá, porque los patronos no les inscribieron, desaparecieron las empresas o fueron inexistentes desde que les contrataron, lo que les ocasionó la pérdida de años de cotizaciones y hasta el derecho a pensionarse por vejez. También acudían y acuden, con sus certificaciones de cargos, quienes trabajaron en la administración pública. Mucha gente con prótesis auditivas, cristales muy gruesos en sus lentes dada la cada vez mayor pérdida visual, prótesis de cadera, de rodilla, con dolor intenso por el reumatismo y deformaciones en las manos producto de la artritis y otras afecciones. Todos y todas participando, aportando, escuchando y con mucha claridad fueron haciendo suya una esperanza, quizás la única: ¡Solo la lucha cambia la vida!

Mi madre y muchas otras mujeres y hombres de la tercera edad estuvieron en alguna de esas reuniones como parte de otro sector, uno particular dentro de la diversidad de casos a los que tuvo que hacer frente El Comité. Se trata de quienes percibían un exiguo ingreso a través de uno de los sistemas asistencialistas de aquella Venezuela petrolera tan rica y opulenta, pero tan indolente con su ciudadanía en edad mayor. Eran tiempos de un INAGER minúsculo, casi indigente y pedigüeño, que absorbía lo que el IVSS no cubría, ni amparaba ningún régimen jubilatorio o especial. Eran personas adultas mayores que habían trabajado 15 o 20 años en la administración pública, habían cesado en sus funciones y por tanto, no cumplían el requisito del tiempo de servicios para la jubilación, aunque si tenían la edad para optar a una pensión de vejez… Este tipo de pensión, como solo la otorgaba el IVSS a trabajadores y trabajadoras de la empresa privada o al personal obrero en el sector público, tampoco les abarcaba. INAGER les otorgaba una ayuda asistencial equivalente al 25% del salario mínimo urbano.

Debido al peso económico de la nómina del personal funcionarial en el sector público, el estado venezolano le excluía de la seguridad social contributiva y así ahorrarse el aporte patronal. Pero cuando la recaudación fiscal y la renta petrolera adelgazaron coyunturalmente, entonces se afilió a la administración pública para captar su cotización. Durante muchos años la población laboral en la función pública cotizaba sin aspirar a la pensión del IVSS, pues el plan jubilatorio de la institución o ministerio en el que se desempeñaba, era comparativamente más atractivo.

Una contradicción basada en una ecuación por resolver, ya que siendo el mayor patrón y contando con una poderosa renta petrolera, los gobiernos de entonces se decantaron por financiar sistemas pensionales diversos que mantuvieron y mantienen de forma complementaria al IVSS, desdibujando los conceptos de solidaridad intergeneracional y contributivos que sustentan la seguridad social en otras latitudes, a nivel europeo y a nivel de la región. Así, tanto las empresas del estado venezolano, como variados organismos públicos, entre los cuales estaban las instituciones con autonomía funcional, diseñaron regímenes diferenciados para atender contingencias de salud, vejez, viudez, orfandad, incapacidad y muerte. En el caso de la vejez, no son pensiones contributivas del IVSS sino jubilaciones que se pagan con cargo al presupuesto nacional. También el sector docente tiene diferentes mecanismos de seguridad social, uno para el magisterio a través del IPASME y varios para las universidades nacionales autónomas. Igual es el caso de las empresas y fundaciones del estado venezolano. En fin, parecía haber dinero para todo y no era así, ni lo fue nunca.

Esta selva de regímenes, todos dependientes del presupuesto nacional, ocasiona que en la medida que fluctúa la renta petrolera, los sistemas jubilatorios y pensionales de Venezuela sufren. En la actualidad, se redujeron todos, incluso el de la reina de corazones que es PDVSA. Se ha denunciado públicamente y se desconoce el resultado de las investigaciones, si hay alguna en curso, que fue saqueado por la corrupción el fondo de jubilaciones de la empresa petrolera. Similar destino, aunque con un sinuoso camino judicial, ha tenido la gallina de los huevos de oro de la industria telefónica nacional: CANTV. Marchas, tomas, plantones, protestas y demás acciones, sintetizan la lucha contra el despojo y que han protagonizado hace 3 o más décadas, las personas jubiladas de esta empresa. Un gotita para rebozar el vaso está en la cenicienta de los poderes, como se solía llamar al sistema de administración de justicia. De contar con el mejor régimen jubilatorio, capaz de reconocer los periodos laborados en otros entes de la administración pública y de indexar los pagos según el IPC, este sistema se vino a pique luego que la convención colectiva desapareció por obra y gracia de la atomización impulsada por la Fuerza Bolivariana de Trabajadores en una fase de su desarrollo, legitimada por el Ministerio del Trabajo y, la extinción favorecida por el intervencionismo del CNE.

Con todas estas realidades, que van más allá del caos administrativo del IVSS, estuvo y está cercano El Comité. Con la mayoría de ellas se solidarizó, en luchas que cruzaron las mismas calles. Con el ejemplo de El Comité, su capacidad de movilización y el respeto que se ganó la autenticidad de sus planteamientos, la población adulta mayor de Venezuela dio un salto cualitativo en su nivel de conciencia y trascendió del plano reivindicativo al político.

Configurando una organización partidista en 1998, El Comité llegó al Congreso con un diputado electo mediante el sistema de cuociente nacional. Si bien estuvo el breve periodo que antecedió á la convocatoria de la Asamblea Constituyente de 1999, ejerció con ahínco y tesón, dejando una estela rica en propuestas y logros. Luego, en la fase constituyente, fueron oídas y plasmadas en la nueva Carta Magna, las principales demandas que a través de El Comité hicieron "los viejitos", cariñosa y respetuosa manera de llamar en nuestro país a la gente adulta mayor. Y es por ello que está tan finamente redactado el artículo 80. Escrito con la letra de las actas levantadas en reuniones frente a la Santa Capilla o detrás del Banco Central de Venezuela, en Caracas. Redactado con la letra de las sesiones convocadas los lunes, a las 10 de la mañana, en las plazas Bolívar de todas las ciudades y muchos pueblos de Venezuela, territorio liberado por nuestros viejitos para sus reuniones, donde planificaron e hicieron vigilias y organizaron viacrucis. Es, en definitiva y también, la letra de toda la gente mayor que en Venezuela y fuera del territorio nacional, hoy lucha por la supervivencia y toma el texto de ese artículo 80 de la CRBV como suyo y lo reivindica y defiende.

Independientemente del régimen que le corresponda a cada quien, pues se perdió la esencia de la seguridad social venezolana, con lo cual ya es igual que se tenga una pensión de origen contributivo o asistencial, e incluso, en el caso del sector público, no importa el sistema jubilatorio que se le aplique, la gente clama por hacer cumplir el articulo 80. Ese es uno de los principales frutos del trabajo de El Comité y estas palabras son un homenaje a su reciente congreso, luego de 31 años ininterrumpidos de trabajo y de haberse fundado. Se trata, además, de un agradecimiento público en nombre de mi madre y de tantas personas que fueron y son ayudadas y acompañadas por El Comité, en cuyos líderes y lideresas se ha tenido siempre fe ciega. Los detalles más ilustrativos de la cronología y protagonistas de esta gesta, fueron reunidos por Provea en una síntesis de casos exitosos de promoción y defensa de derechos humanos, que puede ser consultada en su portal.

Parafraseando la consigna que hoy enarbola todo el país, incluyendo sin duda alguna a El Comité, la lucha continúa por ¡Salario y pensiones, iguales a la canasta básica!



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Esperanza Hermida Moreno

Militante de la Corriente Clasista Unitaria Revolucionaria y Autónoma (C-CURA). Cofundadora y expresidenta del Sindicato de Trabajadores Tribunalicios (Venezuela). Con trayectoria sindical latinoamericana en la CLAT y CSA. Defensora de Derechos Humanos.

 esperanzahermida@gmail.com      @espehermida

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