Convenio Internacional año 2020 de la OIT sobre el empleo y el trabajo decente

La Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo, 2019, que busca reorientar la economía hacia un crecimiento basado en las personas y hacia el desarrollo, al tiempo que brinda la oportunidad de crear trabajo decente sostenible, de facilitar la formalización de quienes tienen empleos informales y de poner fin a la pobreza y mejorar los niveles de vida para todos.

El empleo es objeto de interés persistente de todos los individuos: mujeres y hombres, jóvenes o mayores. Más aún en la actualidad, dados los cambios radicales que se están produciendo en el mundo del trabajo. La globalización, el cambio climático y medioambiental, así como la innovación tecnológica, están dando lugar a nuevas y emergentes formas de trabajo, y a modificaciones en la estructura y la organización del trabajo. Las variadas y en muchos casos contradictorias predicciones sobre el impacto de estos cambios en la creación o destrucción de empleo han contribuido a la incertidumbre con respecto a la posibilidad de alcanzar el trabajo decente sostenible. El empleo, que realiza en la práctica el derecho fundamental al trabajo, es uno de los medios principales que permite a los individuos insertarse en la sociedad y contribuir a su construcción. Es en efecto el instrumento principal con el que cuentan los trabajadores y la sociedad en general para luchar contra la pobreza con dignidad.

Este Estudio General abarca instrumentos de naturaleza y objetivos diversos que, sin embargo, se reúnen en torno a un único hilo conductor: la promoción del pleno empleo, productivo y libremente elegido por medio de la adopción de una política nacional de empleo y trabajo decente integral e inclusiva que tenga en cuenta los distintos grupos en la sociedad, así como los cambios profundos y radicales en el mundo del trabajo. Siguiendo dicho hilo conductor, el presente Estudio aborda diferentes aspectos jurídicos del empleo. En particular, examina la importancia de formular y adoptar una política nacional de empleo como elemento abarcador que se coordine con otras políticas sociales y económicas en el país para promover la creación de empleos decentes para todos y el desarrollo sostenible de empresas en un ambiente favorable. La formulación de dicha política, requiere a su vez, la definición clara de conceptos, roles y responsabilidades a través de la participación activa de los mandantes tripartitos y de las personas afectadas (por ejemplo, los trabajadores con discapacidad, los trabajadores a domicilio, los trabajadores de la economía informal, los trabajadores migrantes, los jóvenes y los trabajadores mayores entre otros grupos). En este sentido, una definición adecuada de la relación de trabajo, de sus elementos y protagonistas y de los derechos y obligaciones que se desprenden de la misma resultan imprescindibles.

Esto es especialmente necesario en el marco de nuevas formas de trabajo y nuevos acuerdos contractuales que en algunas ocasiones tienden a trasladar las responsabilidades relacionadas con el empleo sobre los hombros de los trabajadores, desdibujando las líneas divisorias entre el trabajo dependiente y el trabajo autónomo. La falta de claridad en dichos casos pueden ser incentivos que conducen a la informalidad. El Estudio aborda también el empleo desde el punto de vista del individuo y de sus situaciones particulares, incluyendo a los más desfavorecidos. En efecto, las políticas de trabajo deben ser inclusivas desde su concepción y promover la igualdad de oportunidades y de trato, sin discriminación. Ello implica tener conocimiento claro de las circunstancias particulares de todos los trabajadores y adoptar las medidas y programas a dichas circunstancias, especialmente las de las personas más vulnerables a la exclusión del mercado formal de trabajo.

El Estudio examina dos categorías particulares de trabajadores con mayor detalle: los trabajadores a domicilio y los trabajadores con discapacidad, en el contexto del Convenio sobre el trabajo a domicilio, 1996 (núm. 177) y del Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159). El presente Estudio General se dirige a todas aquellas personas que participan, de una manera u otra en la adopción de políticas y programas de empleo. La Comisión espera que el Estudio General será útil tanto para los gobiernos como para los interlocutores sociales, incluyendo para los representantes de grupos específicos de personas y otros grupos de interés u organizaciones internacionales. El Estudio está dirigido asimismo a los profesionales y los académicos, así como al público en general. La Comisión espera que el mismo podrá servir de guía para la adopción de políticas y programas inclusivos que tengan en cuenta las necesidades de los individuos y de las empresas creadoras de trabajo decente en un mundo del trabajo en plena evolución y que conduzcan a la realización de la agenda de la OIT relativa al trabajo decente, así como a la realización de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. 11 CIT109/III(B) – Promover el empleo y el trabajo decente en un panorama cambiante  Resumen ejecutivo Adoptar una política nacional de empleo integral e inclusiva El empleo como objetivo estratégico imprescindible. El Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122), junto con la Recomendación sobre la política del empleo (disposiciones complementarias), 1984 (núm. 169), proporcionan orientaciones sustantivas para la formulación de políticas y programas nacionales de empleo centrados en la promoción del empleo, la reducción de la pobreza y la mejora de los niveles de vida para todos. Con ese fin, la política nacional de empleo debería reflejar una visión concertada y coherente de los objetivos del país relativos al empleo y establecer medios específicos para alcanzarlos de manera coordinada y participativa. Pleno empleo, productivo y libremente elegido. 

A pesar de los cambios rápidos en el mundo del trabajo y sus consecuencias, el pleno empleo productivo y libremente elegido siguen siendo una meta alcanzable. Es necesario contar con marcos institucionales y legales claros para poder crear empleo productivo y duradero que asegure protecciones adecuadas para los trabajadores, y tengan en cuenta al mismo tiempo las necesidades de la empresa. A su vez, el aumento de la productividad y el crecimiento económico no deberían tener como resultado la degradación del medio ambiente. Por otra parte, se deben examinar los vínculos entre la productividad y la reducción de la pobreza en un contexto de crecientes desigualdades y persistente informalidad. En este sentido, la Comisión acoge con agrado el enfoque centrado en las personas adoptado en la Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo, 2019, que busca reorientar la economía hacia un crecimiento basado en las personas y hacia el desarrollo, al tiempo que brinda la oportunidad de crear trabajo decente sostenible, de facilitar la formalización de quienes tienen empleos informales y de poner fin a la pobreza y mejorar los niveles de vida para todos.

La formación, incluyendo la formación a lo largo de la vida y la capacitación profesional son esenciales para entrar, adaptarse y permanecer en un mercado de trabajo cambiante. Las políticas de formación y capacitación están estrechamente ligadas al aumento de la productividad y facilitan la libre elección del empleo. Además, habida cuenta de los cambios tecnológicos rápidos que continúan produciéndose, los trabajadores necesitan poder adquirir continuamente nuevas competencias, perfeccionar sus calificaciones y adaptarse profesionalmente. Las políticas nacionales de empleo deberían, por lo tanto, proporcionar apoyo a los trabajadores en los inevitables procesos de transición por los que pasarán a lo largo de sus vidas laborales. En este sentido, el Estudio pone de relieve, como lo ha hecho la Comisión a lo largo de los años, la necesidad de coordinar las políticas de formación y capacitación profesionales con las políticas de empleo. Las políticas nacionales de empleo deben tener un enfoque global. La política nacional de empleo debe ser concebida, adoptada o implementada en coordinación con otras políticas de tipo social y económico.

El empleo y el trabajo decente deben ser objetivos macroeconómicos clave en el programa nacional de políticas. Es crucial asegurar su coherencia y coordinación con las políticas de promoción del comercio, la inversión y la industria. Una serie amplia de intervenciones integradas en materia de políticas impulsará la calidad y la cantidad del empleo. Por ello, el Estudio General sostiene que la política nacional de empleo debe constituir el elemento integrador de las demás políticas abordadas en el Estudio, incluyendo la política nacional de revisión de la regulación sobre la relación de empleo, la política de transición a la formalidad, así como las políticas sobre trabajo a domicilio o para los trabajadores con discapacidad en el mercado regular de trabajo y otras políticas y programas de empleo destinados a grupos de trabajadores desfavorecidos. Esto debe llevarse a cabo teniendo en cuenta la dimensión de género en el empleo. Promover el empleo y el trabajo decente que sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral. Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres.

El mundo del trabajo y la pandemia mundial del virus.

El mundo del trabajo se a visto profundamente afectado por la pandemia mundial del virus. Además de ser una amenaza para la salud pública, las perturbaciones a nivel económico y social ponen en peligro los medios de vida a largo plazo y el bienestar de millones de personas. La OIT y sus mandantes –gobiernos, trabajadores y empleadores– tendrán un papel decisivo en la lucha contra el brote, pues han de velar por la seguridad de las personas y la sostenibilidad de las empresas y los puestos de trabajo.



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Antonio J. Rodríguez L.


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