En el marco del derecho internacional contemporáneo, las ejecuciones extrajudiciales constituyen una de las violaciones más graves a los derechos humanos. Cuando estas prácticas son llevadas a cabo por potencias imperiales (es decir, Estados que ejercen su poder más allá de sus fronteras mediante la fuerza militar, económica o política), el crimen adquiere una dimensión geopolítica que no puede ser ignorada.
Las ejecuciones extrajudiciales imperiales no solo vulneran el derecho a la vida, sino que erosionan los principios fundamentales del orden jurídico internacional, socavan la soberanía de los Estados y perpetúan una lógica colonial de dominación.
El marco jurídico internacional
El derecho internacional público, a través de instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), la Convención contra la Tortura y la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, establece claramente que ningún Estado puede privar arbitrariamente de la vida a una persona. Las ejecuciones extrajudiciales (aquellas que se realizan sin juicio justo, sin garantías procesales, y fuera del marco legal) son una forma de homicidio estatal.
Cuando estas son perpetradas por fuerzas militares o agencias de inteligencia en territorios extranjeros, violan no solo el derecho a la vida, sino también el principio de no intervención y la prohibición del uso de la fuerza consagrada en la Carta de las Naciones Unidas.
El imperialismo como patrón de impunidad
Las potencias imperiales, históricamente, han recurrido a las ejecuciones extrajudiciales como herramienta de control geopolítico. Desde asesinatos selectivos mediante drones en Medio Oriente, hasta operaciones encubiertas en América Latina y África, estas acciones se justifican bajo el discurso de la "seguridad nacional" o la "lucha contra el terrorismo".
Sin embargo, detrás de esta narrativa se esconde una práctica sistemática de eliminación de líderes políticos, activistas, insurgentes o incluso civiles, sin rendición de cuentas ni respeto por el debido proceso.
La impunidad con la que se ejecutan estas acciones es alarmante. Los Estados víctimas rara vez tienen acceso a mecanismos efectivos de reparación, y los organismos internacionales enfrentan presiones políticas que dificultan la investigación y sanción de estos crímenes. El imperialismo, en este sentido, no solo viola derechos humanos, sino que corrompe el sistema internacional de justicia.
La responsabilidad internacional y la urgencia de la denuncia
Desde una perspectiva antiimperialista, es fundamental denunciar estas prácticas como crímenes internacionales. Las ejecuciones extrajudiciales imperiales deben ser calificadas como delitos de lesa humanidad cuando se realizan de forma sistemática o generalizada. La Corte Penal Internacional (CPI), aunque limitada por la falta de jurisdicción sobre ciertos Estados poderosos, debe ser fortalecida para investigar estos casos.
Asimismo, los movimientos sociales, las organizaciones de derechos humanos y los Estados del Sur Global deben articular una respuesta política y jurídica que exija justicia y reparación.
No se trata solo de proteger vidas individuales, sino de defender el principio de igualdad soberana entre los Estados, el respeto al derecho internacional y la dignidad de los pueblos. Las ejecuciones extrajudiciales imperiales son un delito, y como tal, deben ser perseguidas, condenadas y erradicadas.
