Elementos para un posicionamiento

¿Quién tiene el poder en Venezuela? Una lectura marxista crítica

No hay idea más errada que la que predomina en amplios círculos de la izquierda latinoamericana de que en Venezuela hay un proceso "revolucionario", "socialista", "popular" en curso –o al menos con potencialidades de adquirir dichas características–. De aquí supuestamente el constante asedio al que el gobierno chavista se ve sometido por parte de Estados Unidos, el Grupo de Lima y la oposición interna.

Sin embargo, se trata no solo de un diagnóstico errado, sino de uno particularmente dañino. Genera estragos a la causa de la revolución y el socialismo en el continente.  Esto porque precisamente a partir de dicho diagnóstico las organizaciones de izquierda y sus militantes derivan explicaciones, elaboran posicionamientos y llevan a cabo campañas de propaganda en torno a la situación venezolana.

El dramatismo y las consecuencias para la región de los hechos que se suceden hoy en Venezuela obligan a aclarar los errores que predominan en cuanto a la apreciación del verdadero proceso político-social por el que atraviesa dicho país. No se trata de un prurito teórico, sino fundamentalmente de las perspectivas de cómo serán resueltos los conflictos que han emergido en la superficie social del capitalismo venezolano y qué esperar de ellos.

Las últimas sanciones de Estados Unidos sobre Venezuela

Para ilustrar la crudeza de la situación venezolana, y la necesidad de enfocarla desde la perspectiva de la lucha de clases, vale la pena prestar atención al significado y lo que revelan las sanciones que, a propósito de la jornada del 23 de febrero, el gobierno estadounidense impuso sobre algunos altos oficiales militares y policiales venezolanos. Tanto las medidas en sí, como la reacción del gobierno chavista, sacan a la luz mucho acerca del bloque dominante en Venezuela y los intereses de este en la actual coyuntura.

Como se sabe, el pasado viernes 1 de marzo el secretario del tesoro de Estados Unidos anunció una serie de medidas contra seis miembros del alto mando militar y policial venezolano. Debido a la actuación que estos tuvieron en el intento de ingreso de ayuda humanitaria al país llanero, el gobierno de Estados Unidos decidió congelar cualquier activo que estas personas pudiesen tener en Estados Unidos, prohibiéndoles además toda transacción financiera con individuos y entidades estadounidenses[i].

Ante esto, el gobierno venezolano –en la persona del canciller Jorge Arreaza– emitió un Comunicado en el que protestaba contra las medidas adoptadas por el gobierno de Donald Trump[ii]; protestas a la que se sumaría también el canciller ruso Sergei Lavrov, quien, en conversación telefónica con el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, planteó la reocupación de su gobierno por las nuevas medidas adoptadas en contra de Venezuela[iii].

¿Cuestión de militares "patriotas" o de clases sociales?

El Comunicado del gobierno venezolano, subido a la cuenta oficial de Twitter del canciller Arreaza, es en verdad revelador. No tanto por lo que dice, sino por la forma en que lo hace y también por lo que calla, dejando entrever la naturaleza y características de la actual clase dominante en Venezuela.

En efecto, en el comunicado se sostiene que el propósito de las medidas es «perjudicar (sic) a militares patriotas» (nótese el término "perjudicar"), y que se «pretende quebrar el compromiso nacionalista de los militares venezolanos».

En primer lugar, ¿cómo es posible perjudicar a alguien congelándole sus activos (propiedades, depósitos y cuentas bancarias, instrumentos financieros, etc.) en algún país?  Solo piense libre y desprejuiciadamente. La respuesta es fácil. En efecto, el perjuicio aparece solo si la persona en cuestión tiene efectivamente activos en dicho país. De lo contrario, la medida es inocua, ridícula, sin consecuencia alguna.

Por lo tanto, si ninguno de los militares aludidos en la lista elaborada por el gobierno estadounidense tuviera activos en dicho país las medidas serían inofensivas. ¿De qué otra manera podrían verse perjudicados esos "militares patriotas" si no poseen activo alguno en Estados Unidos? ¿Cómo se podría pretender siquiera quebrar «el compromiso nacionalista de los militares venezolanos» con medidas de tal naturaleza? ¿Por qué una medida tan ridícula merecería incluso la "preocupación" del canciller ruso?

Las medidas además constituirían una poderosísima arma propagandística en manos del gobierno chavista frente a la comunidad internacional y, ¡sobre todo!, de cara al pueblo venezolano, que de paso dejaría en el más de los soberanos ridículos al gobierno de estadounidense. Bastaría decir con que ninguna de estas personas, así como cualquier otro dirigente chavista, tiene activos en Estados Unidos. Pero… ¿puede sostener eso el gobierno? Y si no puede hacerlo, ¿por qué no puede?

Esto porque es muy probable que la realidad sea otra. Casi con toda seguridad las medidas adoptadas por el gobierno estadounidense han sido cuidadosamente estudiadas en base a información detallada de sus servicios de inteligencia. Este sabe bien dónde y a quién golpean.

En segundo lugar, cabe preguntarse, ¿cómo es posible que, en el contexto de las carencias que enfrenta el pueblo venezolano, miembros del alto mando militar y policial venezolano lleguen a poseer activos en Estados Unidos? ¿Es que acaso cualquier ciudadano de a pie en Venezuela tiene casas, departamentos, cuentas bancarias, depósitos, instrumentos financieros, etc. en Estados Unidos?

El caso es que, aparte de no desmentir la posesión de activos en Estados Unidos por parte de los miembros aludidos del alto mando militar-policial, el gobierno chavista ni siquiera es de la posición de que un hecho así, de existir, constituya un hecho de corrupción susceptible de dura sanción. En efecto, en el Comunicado se prefiere expresar el rechazo «de la forma más categórica» a lo que el gobierno califica como «medidas coercitivas unilaterales de carácter ilegal» (sic) en contra de militares oficiales venezolanos. La pregunta entonces es: ¿por qué las sanciones del gobierno norteamericano son «medidas coercitivas unilaterales de carácter ilegal» y no actos de corrupción? ¿Acaso es normal y legítimo, susceptible incluso de merecer la protesta "más categórica" (sic) del gobierno, el que un oficial de alto rango venezolano acumule, en el marco de sus labores, activos en la potencia imperialista que intenta agredir a su país?

Esto abre varias aristas. Una de ellas es el evidente riesgo que dicha situación representa para la seguridad nacional, pues revela la exposición de los miembros del alto mando venezolano al chantaje de la potencia extranjera (¿cuántos otros altos oficiales se encuentran en la misma situación?) que, según la propaganda chavista, se encuentra librando una guerra no convencional implacable contra el país. Esto demuestra lo feble que siempre resulta –tanto ayer como hoy– depositar los destinos populares en el "compromiso" "constitucional", "patriota", "antiimperialista", etc. individual de los mandos del aparato coercitivo burgués.

Sin embargo, el meollo de la cuestión es otro. Aun en el escenario de que el "compromiso con la patria" de los altos mandos venezolanos fuera más fuerte que el chantaje del gobierno estadounidense, lo que sin duda hablaría muy bien del profesionalismo individual de cada uno de ellos, el problema seguiría en pie para las clases trabajadoras.

Lo importante de la cuestión desde la problemática de clases no es sino la revelación del modus vivendi de la clase dominante chavista. En otras palabras, queda al desnudo la forma de reproducción material particular del alto mando, que cristaliza, entre otras cosas, en la tenencia de activos en Estados Unidos, y que lo constituye en un actor social separado y antagónico a los intereses populares.

No se trata de una moralina abstracta o de un mero ejercicio teórico, sino de un problema con consecuencias eminentemente prácticas sobre algo tan crucial como lo es la dirección y uso del poder de fuego del Estado. O sea, el núcleo mismo del poder estatal.

Hay que tomar consciencia del alcance de la situación revelada por las sanciones del gobierno estadounidense. No son oficiales sin mando de tropa. Por el contrario, fueron precisamente esos altos mandos "perjudicados" por el gobierno de Estados Unidos los que estuvieron a cargo de resguardar la "soberanía nacional" el pasado 23 de febrero. Los mismos que puño en alto, y bajo el lema de "Independencia y Patria Socialista"[iv], juran defender al país. Entonces, antes de embarcarse en cualquier cruzada por la "defensa de la patria", ¿no tendrían las clases trabajadoras venezolanas el legítimo derecho a preguntarse en manos de qué actor social se está depositando el mando de la defensa militar del país y qué intereses tiene este? ¿No tiene también el militante revolucionario latinoamericano al menos el derecho a cuestionar el discurso de "defensa de la patria" que el gobierno chavista levanta?

¿Poder popular?

Cuando todo va viento en popa los fundamentos del poder parecen desaparecer, dando paso a los más fantásticos relatos: "democracia con participación protagónica", "empoderamiento del pueblo", "revolución", "socialismo" o alguna otra ilusión del momento. Sin embargo, en situaciones de crisis quedan al desnudo los resortes verdaderos y últimos del poder.

El punto clave hoy en Venezuela es que la fuerza coercitiva del Estado está en manos y responde a los dictámenes de una cúpula militar separada del pueblo, cuyos intereses materiales son antagónicos a los de este. Sobre ella penden los destinos de la nación.

En este contexto, cualquier enrolamiento, armamento y/o movilización de las clases trabajadoras venezolanas en pos de la "lucha antiimperialista" bajo el chavismo no es –ni puede llegar a ser– poder popular. Es precisamente lo contrario: subordinación popular. Subordinación al actual bloque de clases que domina en Venezuela. Que en el marco de una institución jerárquica y disciplinada como el ejército, no es sino la subordinación de las masas a la cúpula militar que se encuentra a la cabeza de este.

Si los destacamentos armados "del pueblo" no responden a organismos autónomos de las clases trabajadoras y populares no son nada, a pesar de que en su forma presenten el aspecto mestizo o zambo propio de la fisonomía de las clases trabajadoras y del pueblo pobre venezolano. La violencia organizada como expresión de la voluntad autónoma del pueblo es el ABC del poder popular, el resto es simple ilusión o un franco embuste de las clases dominantes.

La única posibilidad de que el armamento del pueblo venezolano pudiese devenir en poder popular es que este cuestionase, armas en mano, a la dirigencia chavista, algo que no está ni remotamente planteado hoy en Venezuela. De hecho, la dirección es precisamente la contraria. Todo el discurso de la izquierda gira en torno a cerrar filas contra la "agresión imperialista", la "defensa de la patria y del proceso".

23 de febrero: significado y perspectivas

La denominada "unión cívico-militar" constituye la piedra angular del proyecto chavista y del régimen político-social que ha erigido en Venezuela a su alero. Más allá de la ideología y la propaganda, la significación material de esta fórmula consiste en dos elementos centrales:

1. La cristalización a la cabeza del Estado de un bloque de clases sustentado en la alianza entre la burocracia civil y la cúpula militar; y

2. La subordinación popular a dicho bloque, ya sea a través de la repartición de las prebendas de la renta petrolera en tiempos de paz y prosperidad y, en el caso de "agresión imperialista, la movilización militar en pos de la "defensa de la patria".

En base a lo anterior es que debe entenderse el significado de la jornada del 23 de febrero pasado. Así como el "restablecimiento de la democracia" de Estados Unidos, el Grupo de Lima y la oposición venezolana no es sino el pretexto cínico de los verdaderos intereses de las fuerzas político-sociales que encarnan, la "defensa nacional" desempeña el mismo papel por el lado chavista. Ni siquiera la cuestión de la "ayuda humanitaria" constituye la cuestión verdaderamente en disputa. De hecho, es el mismo gobierno venezolano el que hoy sale a solicitar ayuda entre sus aliados[v], revelando la dura situación que enfrentan los sectores populares en el país. Estos discursos no son más que las formas ideológicas en que aparecen velados los intereses materiales realmente en juego.

El 23 de febrero no fue el triunfo de la lucha antiimperialista. Si bien se trató de una acción provocadora de gobiernos y políticos burgueses inescrupulosos (¿puede ser de otra manera?), nadie puede pensar seriamente que el ridículo espectáculo montado en Cúcuta constituyera un ataque imperialista ni el preludio de una invasión extranjera. El significado fue otro.

Tanto para dentro como para afuera, el "no pudieron y no pasaron" fue la demostración de fuerza del chavismo de quien gobierna en Venezuela. El bloque dominante demostró que tiene la cohesión suficiente para mantener las riendas del poder y el control interno del país en sus manos. Por lo tanto, cualquier salida a la crisis tiene que pasar por él, y no sobre él.

Esto reforzado con que cualquier salida tiene que ser en base a un acuerdo inter imperialista previo. De hecho, Rusia ya amenazó con una dura respuesta si las inversiones de sus empresas en Venezuela se ven amenazadas[vi].

Aquí lo que sopesan desde el bloque imperialista antagónico a Estados Unidos son los costos económicos que le significa sostener al gobierno chavista versus las posiciones militares que gana, Rusia fundamentalmente, en la región. Esto porque la ineficiencia, ineptitud y corrupción del bloque dominante en Venezuela hace que toda inyección de recursos en el país caiga en saco roto, además de constituir un foco de constante inestabilidad interna.

Elementos para un posicionamiento

La discusión sobre hechos tan trascendentales para el continente como los que hoy se suceden en Venezuela debe ser encarada con la mayor profundidad posible en la izquierda. Dado que involucra temas y conceptos claves de la estrategia revolucionaria-socialista (clases sociales, bloque en el poder, poder popular, internacionalismo, etc.), este tipo de discusiones hay que darlas de cara a la militancia, al sector y a las clases trabajadoras.

En general, las organizaciones de izquierda revolucionaria son pequeñas y sin arraigo ni capacidad de influencia en las masas trabajadoras. No obstante, no pueden renunciar a la elaboración política y a levantar cursos de acción socialistas basados en un análisis concreto de la realidad de la lucha de clases. Los sucesos de Venezuela constituyen, por la riqueza y complejidad de los elementos superpuestos, una escuela de aprendizaje privilegiada en dicha dirección.

¿En un escenario tan dramático como el que plantea la situación venezolana es posible levantar una posición que no sea alinearse con la oposición burguesa venezolana, el Grupo de Lima y Estados Unidos o con el gobierno chavista? Creemos que es perfectamente posible. Y más aún, es necesaria.

¿Cuál debería ser entonces la posición correcta a adoptar, o al menos qué elementos debería considerar esta? A la luz de la situación, una plataforma en el caso de Chile bien podría consistir en lo siguiente:

1/ Una campaña contra el injerencismo e intervencionismo de la política exterior del gobierno (y esto sobre todo para aquellos países cuyos gobiernos están adscritos al Grupo de Lima). Se debe denunciar el cinismo de dicha conducta y los reales intereses que ocultan los discursos de "defensa de la democracia" y "ayuda humanitaria", que no es sino alentar inescrupulosamente la desesperación del pueblo venezolano ante la trágica situación que vive; 2/ Ligar dicha campaña con la lucha por los derechos de la población migrante, esto es: derecho universal a la migración –cosa que precisamente el gobierno chileno se ha negado a reconocer– y otorgamiento de derechos políticos y sociales sin condiciones ni restricciones a los migrantes. No se puede tolerar que el gobierno, a través de la denominada "Visa de Responsabilidad Democrática", intente manipular demagógicamente la desesperación del pueblo venezolano a costa de un derecho tan básico como la migración; 3/ Lo anterior, sin embargo, no puede significar en ningún caso cerrar filas tras el chavismo. Al contrario, ningún apoyo crítico siquiera. En lo práctico, la campaña contra la política exterior de los gobiernos burgueses de la región no puede ser lo mismo que hacer de caja de resonancia del aparato de propaganda chavista, ni convertir a las organizaciones político-sociales en agencias locales del Ministerio de Comunicación del gobierno venezolano. La posición de la izquierda debe poseer una mirada crítica de lo que sucede en dicho país y de lo que realmente está en juego; 4/ Por último, solidarizar con las expresiones políticas autónomas que puedan emerger del seno de las clases de las clases trabajadoras en Venezuela y con las organizaciones que intenten darle una expresión programática. El contexto interno del país es extremadamente difícil para una labor así. Seguramente serán minimizadas bajo la bandera de la "unidad antiimperialista", tildadas de "aliados del imperialismo" y de "hacerle el juego a la reacción".

Notas:


 



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