El planteamiento sobre el surgimiento y esencia del poder político, constituye un debate cardinal en las Ciencias Políticas y la Historia. El pensamiento liberal, surgido paralelo a la ilustración en el siglo XVIII, señaló un debate crítico sobre la hegemonía del planteamiento del Derecho Divino, como fuente del Poder Absoluto de los Reyes. Se discutió – con toda propiedad- la posibilidad que los hombres se dieran sus propios gobernantes como un ejercicio de potestas. Las revoluciones Burguesas – EEUU (1776), Francia (1789)- dieron inicio a una posibilidad de construir una representación no hegemónica de la autoridad, originada en una fuente distinta del carácter omnipresente de Dios.
La realidad de Nuestra América, planteó desde los inicios de la irrupción europea en el Siglo XV, un debate acerca de los derechos de la imposición hispana en estos territorios. El debate dado por Bartolomé de Las Casas, recogió el planteamiento de lo injusto de los requerimientos hechos por los españoles y que posibilitó la dominación – más bien explotación y sujeción- de los hombres de Nuestra América. Las revueltas surgidas desde los inicios del siglo XVI, encabezada por zambos, mulatos, indígenas, negros y algunos blancos criollos y peninsulares de “baja ralea” son una expresión de las contradicciones surgidas en los intentos de construir una relación de poder como sumisión del otro. Por eso no debe perderse de vista en estas celebraciones del Ciclo Bicentenario, el problema de la igualdad, la participación y el acceso a la propiedad, como grandes temas no resueltos desde tiempos inmemorables.
Las contradicciones internas, producto de la dinámica de explotación impuesta por la lógica capitalista europea-occidental, aunada a la competencia por la hegemonía y control entre las potencias europeas se sumaron para generar una oportunidad política, a través de la cual se expresó siglos de sufrimiento y explotación. Lo que se inicio con los sucesos del abril de 1810, debe ser visto en una línea de continuidad que tiene su origen con la invasión europea, pero expresada en el contexto de la situación del sistema-mundo en el siglo XIX. El debate entre adhesión – y fidelidad a Fernando VII- o disolución del vínculo que los unía con España, es parte de esas contradicciones. No puede negarse, que el inicio de la actividad conspirativa fue un proceso que pretendió ser hegemonizado por los intereses de clase, de los blancos criollos. No obstante, la propia realidad de Nuestra América, fue propiciando un viraje revolucionario muy interesante.
Desde el propio comienzo de los actos revolucionarios de abril de 1810, el papel de los pardos y mulatos fue clave. Hoy sabemos, gracias al Diccionario de la Insurgencia (Centro Nacional de Historia, 2010) que la detención de Vicente Emparan, fue posible gracias a las milicias de pardos, y que otros sectores (mulatos, zambos, tres cuartos, salto atrás, indígenas) se sumaron y expresaron de tal manera, que las elites criollas no tuvieron otra opción que incorporar a estos sectores, que tanto despreciaban. En este viraje, el papel de Francisco de Miranda - con su llegada el 10 de diciembre de 1810- fue clave. Su incidencia sobre la Sociedad Patriótica es notoria. No puede olvidarse, las condiciones que comenzaron a crearse, en junio de 1810, cuando se aprobó el “Reglamento para la Representación legítima y universal de todos los pueblos en la Confederación de Venezuela”, por iniciativa de Juan Germán Roscio.
Este Reglamento, estableció la posibilidad de elegir – en condiciones de 2do grado- a un conjunto de representantes. El mecanismo, implicó un cambio en la mentalidad. El hecho, que los habitantes de las distintas provincias que constituían la Capitanía General de Venezuela, tuvieran la oportunidad – con ciertas condiciones: ser varones, mayores de 25 años, con casa propia, con propiedades de al menos 2000 pesos, no ser extranjeros, ni vagos, ni tener deudas- de participar en la designación de los “electores parroquiales”, quienes entre ellos elegían a los Diputados que conformarían ese 1er Congreso Constituyente. Entre junio de 1810, hasta el 2 de marzo de 1811, cuando se instala este Congreso del Pueblo, el planteamiento del derecho originario de los ciudadanos para elegir a sus autoridades, es una idea trascendente para el cambio histórico.
El debate sobre las posibilidades que esta institución – El Congreso General de Venezuela- tenía para ejercer la autoridad, ante la ausencia e imposibilidad de Fernando VII, introduce la posibilidad revolucionaria de la autodeterminación en el ejercicio de la auctoritas. Los distintos espacios de la Capitanía General (Margarita, Caracas, Cumaná, Barinas, Mérida, Trujillo y Barcelona se adhirieron, y sólo Maracaibo, Coro y Guayana no lo hicieron) y los Diputados electos, emitieron posterior a su instalación el 2 de marzo de 1811, el Supremo Poder Ejecutivo, con Cristóbal Mendoza, Juan Escalona y Baltazar Padrón, que sustituyó a la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII, que se instaló en abril de 1810. Con ello, se dará inicio a ese gran debate que conduce a la promulgación de la Ley Declaratoria de los Derechos del Pueblo, el 01 de julio de 1811, como antesala a la aprobación de la Declaración de Independencia, que culmina el 05 de julio y se publica el 09. Hoy 200 años después, ese principio del Derecho a la autodeterminación es relanzado como una línea de continuidad con la necesaria lucha anti-imperialista y anticapitalista. Ayer como Hoy: ¡¡ la lucha continua!!
*Historiador
Juane1208@gmail.com
